Crisis en el MPF: mutis por el foro del Panal pero recuerdan que Pérez Moreno es vitalicio

Por Bettina Marengo

“No vamos a pedirle la renuncia a alguien a quien nombramos hace pocos meses”, dijo una alta fuente del oficialismo provincial sobre el impacto en el Gobierno del nuevo, pero seguramente no último, capítulo de tensión en el  seno de la Justicia de Córdoba. El nombrado “hace pocos meses” es el fiscal general adjunto Alejandro Pérez Moreno, propuesto a fines del 2024 por el gobernador Martín Llaryora para completar la nómina del Ministerio Público Fiscal que encabeza el schiarettista Juan Manuel Delgado, quien finaliza su mandato en ocho meses. 

Perez Moreno quedó en el ojo de la tormenta cuando fue denunciado por dos fiscales con chapa en el fuero penal como son Juan Pablo Klinger y Enrique Gavier por supuesta intromisión en sus actuaciones, porque el exabogado de la familia de Blas Correas había criticado públicamente el uso excesivo de la figura de la asociación ilícita y la prisión preventiva entre los fiscales de la Provincia. Klinger y Gavier, conocidos por ser eficientes y por ser usuarios de ambas figuras, enviaron una carta que queja al jefe Delgado, que la semana pasada los recibió a ambos en la sede del MPF del Palacio de Justicia. Más formal que la fuente mencionada arriba, en el Panal aseguran que el cruce es un tema de la Justicia, que debe resolverse en ese ámbito, pero recordaron que el cargo del Adjunto es vitalicio. En cuanto a las consecuencias del reclamo de los fiscales, la oficina de Sumarios del TSJ resolverá sobre el planteo de los fiscales inferiores, y determinará si tiene consecuencias lo que Pérez Moreno afirmó en una capacitación de post grado en la que fue disertante. Como sea, la polémica corbatera está atravesada por las internas judiciales entre schiarettistas, llaryoristas y delasotistas e incluso viguistas, los que vienen de la Justicia y los que vienen de la política y, fuera del Palacio, por viejas y duraderas adversidades y amistades entre abogados. 

Si algo faltaba para conocer la posición del fiscal general en relación a los reclamos del más nuevo de los adjuntos, él mismo la aclaró en una nota con radio Cadena 3. “La posición del Ministerio Público es totalmente diferente (a la de Perez Moreno). Apoyamos expresamente a los fiscales Gavier, Klinger y a todos los que trabajan en causas complejas utilizando la figura de asociación ilícita", sostuvo, y agregó que lamenta “profundamente” la postura de su segundo. En la entrevista, Delgado recordó que en la Justicia provincial hay normativas que instan a los fiscales a emplear todas las figuras figuras penales disponibles para asegurar la detención de los delincuentes. El viernes, el titular del MPF representó a la Provincia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente al planteo de dos abogados penalistas, Francisco Lavisse y Jorge Cardozo, que sostienen que la justicia provincial hace abuso de la prisión preventiva. 

Con la mayor de las cautelas pero molestos porque la bomba estalló en pleno tiempo electoral, el oficialismo guarda silencio ante un conflicto que no esperaba, aunque algunas voces en off dan a entender un sentir contradictorio. Por un lado, el llaryorismo está alineado a la postura de la ministra Bullrich de mano dura y de detenciones sin “puerta giratoria”, y por eso el cordobesismo votó a favor de la ley de reiterancia y reincidencia, iniciativa del gobierno de Javier Milei que se aprobó en febrero en el Senado. En esa misma línea se inscribe el pedido público de Llaryora para que el Congreso de la Nación endurezca las penas a los motochorros. “(...) el delito ha mutado a las motos, y creo que hay que endurecer las penas también”, reclamó el mandatario en mayo, en ocasión de la entrega de 600 motos a la Policía. El fiscal Klinger justamente acaba de imputar por asociación ilícita a diez motochorros, en una medida considerada inédita para el tipo de delito y que Perez Moreno criticó, sin mencionar al funcionario. El endurecimiento penal también se explicitó en la modificación del Régimen Penal Juvenil aprobado en la Legislatura, que permitiría privar de la libertad a menores de edad, y que aún no fue reglamentado, a la espera de que el Congreso sancione la baja de la edad de imputabilidad de los menores. 

Pero por otro lado, desde el punto de vista de los costos económicos, voceros llaryoristas calificados en el tema sostuvieron la posición de Pérez Moreno Señalaron que Córdoba tiene el doble de la cantidad de presos que tiene Rosario, infectada por carteles narco y sus bandas ligadas, y que la cantidad de prisiones preventivas “nos llena las cárceles, y nos obliga a licitar tobilleras” para los casos de detenciones domiciliarias. “Rosario tiene 23,9 muertos cada 100 mil habitantes y nosotros 2,3, pero tenemos el doble de los presos”, graficó la fuente. El aumento de números de módulos y camas en las cárceles de Córdoba tiene que ver con esa realidad. “La media nacional es de 70% condenados y 30% en preventiva, pero en Córdoba la relación se invierte”, agregó la fuente. La frase final explica al menos una parte de la preocupación del Panal: “Cada decisión de un fiscal (de dictar una prisión preventiva) nos sale 80 mil pesos por día”.