Por Javier Boher

[email protected]

La frase que sirve de título es casi una expresión de cabecera para cualquier docente que le está diciendo a sus alumnos cuáles son las posibles consecuencias de no estudiar para los exámenes. Aunque ese tipo de situaciones se han diluido tras la pandemia -con notas conceptuales sobre logrados y pendientes, más blandas que un frío 1 o un celebrado 6- los docentes siguen teniendo que evaluar.

Los que parece que están con ganas de empezar a tomar examen son los que están viendo de qué manera se va diluyendo su poder político -o la simpatía con los gobiernos de turno-. Así, poco a poco se puede vislumbrar de qué manera esperan transitar los próximos cuatro años si es que Unión por la Patria es derrotada en las urnas.

Cuando se produjeron los disturbios por la reforma constitucional en Jujuy no fueron pocos los que advirtieron que eso es lo que había que empezar a esperar para el resto del país si cambia el signo de color político en diciembre. Muchos -los que apelan más a la fórmula vacía del diálogo y el consenso- sostuvieron que es exagerado decir eso, que el malestar presente en un lugar en particular no significa que haya por detrás una estrategia planificada por parte de un sector político concreto.

El tiempo parece querer desmentirlos. El domingo hubo elecciones en Chubut y se produjo un cambio de conducción. La provincia está gobernada por el único candidato alineado con Sergio Massa, Mariano Arcioni, que en 2017 llegó a ocupar el poder tras el fallecimiento de Mario Das Neves, sucediéndolo desde la vicegobernación. El cambio de color político consagró a Ignacio Torres, del Pro, después de dos décadas con el peronismo -con su nombre propio o en una piel provincial- en el poder.

Arcioni es, probable y objetivamente, uno de los peores gobernadores del país. Pese a tener a su cargo una provincia petrolera -que le deja regalías-, con grandes atractivos turísticos, sede de una de las productoras de aluminio primario más importantes de Sudamérica, con un litoral marítimo para el desarrollo de la pesca y con la cordillera para desarrollar la minería, mantuvo a la provincia en crisis casi todos los años de su gestión. El sector más afectado es, sin dudas, el de la educación, donde los alumnos pierden -desde hace años- meses de clases en cada ciclo lectivo.

En ese caos que es una de las provincias con mayor potencial económico del país, el sindicato docente de Chubut (ATECH, que a modo de indicio de sesgo político es el acrónimo para Asociación de TrabajadorXs de la educación de Chubut) decidió convocar a un paro preventivo en contra del gobernador electo. En rigor de verdad, se lo incluyó como consigna en un paro que también va en contra de la propuesta del gobierno de Arcioni.

El gremio parece contradecir la opinión que Alberdi y Sarmiento tenían de los laboriosos pueblos del norte de Europa. El secretario general, Daniel Murphy, parece subido a aquella misma ola en la que andaba el otrora secretario Santiago Goodman, que a su turno dijo que aprender a luchar era más importante que “saber la raíz cuadrada de muchas cosas”. Goodman está condenado por haber propiciado el incendio de la legislatura provincial en 2019.

El gremio anunció dos días de paro con los que julio llegó a los cinco días sin clases, que se suman a los diez días sin clases por las vacaciones: cinco días de clases sobre 20. En esta última convocatoria hicieron extensivo su reclamo a un candidato a gobernador que no votaron, de un partido político que denostan y contra el que apuntaron sus cañones en esta oportunidad y en 2019 porque están alineados con el ex Frente de Todos.

En su acto de apoyo a la candidatura de Sergio Massa, la CGT dijo que hay que acompañar y que “no tenemos que salir por la inflación”, cuando la principal demanda de los trabajadores es respecto al fuerte aumento del costo de vida. En un año de gestión el ministro logró que la inflación llegue al 120% anual, pero eso no parece ser motivo para que los defensores de los trabajadores marchen en contra.

Tras casi cuatro años de gestión de Alberto Fernández, las centrales obreras no llamaron ni a un solo paro general, y fustigaron a las organizaciones -como las entidades ruralistas- que se manifestaron en contra de la política económica del gobierno. Algunos dirigentes más combativos ya se han pronunciado en términos más duros respecto a lo que creen es un avance del neoliberalismo en Argentina y la posibilidad de que todo vuelva a estallar como en 2001.

Como malos perdedores dentro del sistema democrático, los derrotados en algunas provincias están empezando a sentirse afectados por un probable cambio de manos del gobierno nacional, uno que terminaría con una parte nada despreciable de los beneficios que tienen por someter sus organizaciones a los designios de los conductores “del movimiento”.

A la distancia, la supervivencia política de la gestión de Mauricio Macri allanó el camino para que cuatro años después de aquella derrota los gobiernos provinciales cambien de color político y sepulten buena parte de las aspiraciones electorales del kirchnerismo. Eso sería hoy un respaldo político fundamental para un hipotético gobierno nacional de Juntos por el Cambio, que tendría muchas más herramientas a su disposición para prepararse contra todos aquellos que ya empezaron a avisar cómo piensan transitar los próximos años si se produce esa alternancia.