Salió amparo colectivo a favor de presos de Bouwer y la Provincia prepara la respuesta

Por Bettina Marengo

El Servicio Penitenciario provincial sigue dando dolores de cabeza al gobierno de Martín Llaryora. Con el exjefe Juan María Bouvier y parte de la anterior cúpula pressa e imputada por gravísimos cargos de corrupción y asociación ilícita, y los posteriores escándalos que incluyeron hasta al presidente del club Estudiantes de Río Cuarto y empresario de la carne, Alicio Dagatti, el tema penitenciario y judicial irrita y preocupa al jefe del Panal.  Ahora tiene otro motivo para el malestar, que tendrá que resolver desde el exterior, luego de su partida el miércoles a la noche a Arabia Saudita. 

La última novedad es que la Justicia provincial le reclamó mejorar notoriamente las condiciones de detención de un grupo de internos del penal de Bouwer a partir de un hábeas corpus correctivo colectivo concedido por la jueza de primera instancia María Celeste Orta Córdoba. La magistrada hizo lugar parcialmente al reclamo de dos abogados, Nelly Baigorria y Marcelo Goytea, en representación de dos detenidos del Pabellón B-2 del módulo MD1 del Complejo Carcelario de Bouwer, quienes a su vez presentaron una nota firmada por otros 89 presos alojados en el Pabellón B-2 en la cual denuncian “un agravamiento ilegítimo de sus condiciones de detención” en cuestiones de hacinamiento, provisión de agua y colchones, atención profesional médica y psicológica y alimentación. Debido a las condiciones denunciadas, los firmantes solicitan el “cese de la prisión preventiva o bien la sustitución del encierro carcelario por uno domiciliario, con la colocación de dispositivos electrónicos (tobilleras)”. El fallo es del 12 de febrero y el expediente lleva el número 13574554.  Para Llaryora, es un nuevo punto de tensión que se suma a los reclamos del sector agropecuario por los impuestos provinciales y, en el corto plazo, lo que seguramente será un inicio de clases atravesado por demandas de los docentes. En cualquier caso, la resolución judicial ya está en manos de legisladores opositores que sumarán este escándalo a los precedentes del Servicio Penitenciario.

Orta Córdoba emplazó al Poder Ejecutivo y a las autoridades del Servicio Penitenciario de Córdoba a que finalicen la construcción del módulo 3 de Bower “a la mayor brevedad posible” y que tomen las medidas necesarias para asegurar las condiciones de habitabilidad en las celdas de los pabellones B-2 y B-4 del módulo MD1 con una “superficie mínima de 3.40 m2 por interno y una cama elevada a 0.20 m. del suelo” para que “resulten compatibles con la dignidad humana”. Además, ordenó el incremento de la planta de profesionales médicos y psiquiatras “hasta alcanzar una relación de 2,5

profesionales por cada 1.000 internos” e hizo lugar parcialmente al habeas corpus en cuanto a la provisión de agua potable, que según el reclamo se corta gran parte del día, para lo cual pide a la Provincia que “informe con carácter urgente una fecha cierta de finalización de la construcción de la nueva cisterna de agua del Complejo Carcelario” y que “incrementen la contratación diaria de camiones que suministran agua” al edificio.

La resolución judicial llegó hace algunas horas a los despachos del Ministerio de Justicia y Trabajo, del cual depende el Servicio Penitenciario, y la respuesta se estaba elaborando al cierre de esta nota. La preocupación oficial es que se trata del primer habeas corpus habilitado por la Justicia provincial luego del fallo de la Cámara Federal de Casación Penal de diciembre del año pasado, que revocó dos resoluciones de la Justicia provincial e hizo lugar a habeas corpus correctivo en favor de los cinco reclusos federales alojados en Bouwer por los  mismos motivos del nuevo recurso: hacinamiento y condiciones inhumanas de detención.

Fuentes oficiales admitieron que el sistema carcelario está en situación de estrés “como en otros distritos” y que los penales “están reventados” porque los ingresos superan a los egresos debido a mayores detenciones, a que se duplicaron los casos de cumplimiento efectivo de privación de la libertad en condenas de hasta tres años, y por el aumento de las prisiones preventivas por acumulación de causas. Todo vinculado al incremento de la delincuencia durante los últimos meses, confiesan, y también, a la doctrina Bullrich de mano dura y de “el que las hace las paga”, que incrementa la presión sobre el régimen penal. 

No hay soluciones a corto plazo. El módulo nuevo de Bouwer con 448 celdas estará finalizado para fin de año. En el Gobierno admiten que en cada celda podrían albergarse tres y no dos presos. Sobre el crítico tema de la provisión de agua, las fuentes aseguran que está en proceso de ser resuelto pero que “surgieron inconvenientes” como una cisterna mal hecha, mientras prometen más camiones de agua hasta que se finalicen las obras en marcha. Todo indica que el camino más rápido para los casos no críticos podría ser la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Extraoficialmente aseguran que la licitación por las 500 tobilleras electrónicas está en su tramo final. No, una de ellas no sería para Oscar González, el ex hombre fuerte del PJ detenido por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Según se supo, la Justicia Federal no le solicitó a la Provincia uno de esos dispositivos para Gonzalez, sino que lo estaría gestionando a nivel nacional.