Seguridad: “Hacemos” le insiste a Provincia para que avance en reformas

Por Gabriel Marclé

El día después del pedido de Guillermo De Rivas a Provincia para que lleguen más policías, más móviles y más fiscales en las acciones de seguridad, el bloque oficialista en el Concejo Deliberante replicó la iniciativa dos proyectos de resolución, uno dirigido al Gobierno provincial y otro a la Legislatura cordobesa, donde se resaltó la necesidad de reformas para abastecer a la fuerza policial de más recursos. Aunque forma parte del mismo equipo del gobernador Martín Llaryora, la dirigencia de Hacemos Unidos por Río Cuarto envió un mensaje al Panal y también a la población: más allá de las sociedades políticas del Partido Cordobés, la Municipalidad se debe a la solución de problemas de los vecinos riocuartenses. “Para estas cosas, no hay rosca”, el mensaje de un dirigente importante del derrivismo.

En el primer proyecto, el bloque insta a legisladores y legisladoras provinciales a “efectuar un análisis y las modificaciones necesarias al Código de Convivencia Ciudadana (Ley Provincial N° 10326), con el objetivo de dotar con más herramientas y procedimientos ágiles a las fuerzas policiales en el combate contra la delincuencia”. Además, contempla que se analice la Ley Provincial N° 10731, sobre control disciplinario de las fuerzas de seguridad pública y ciudadana, para brindar un mayor respaldo en el accionar diario de agentes de la fuerza policial en el combate contra la inseguridad y las situaciones de violencia urbana.

El segundo, dirigido al Ejecutivo provincial, solicita al Ministerio de Seguridad de la Provincia que arbitre las medidas conducentes para asignar un agente de la fuerza policial en el servicio ordinario de cada móvil de la guardia local de prevención en nuestra ciudad, con el objetivo de reforzar el accionar territorial en materia de prevención y seguridad.

La presentación de estas iniciativas previo a la sesión ordinaria de ayer generó algo de ruido hacia el interior del peronismo. ¿Pueden interpretarse como una forma de exponer críticas al modelo de gestión provincial en Seguridad? ¿Hay rispideces entre el Mójica y el Panal? De uno y otro lugar parecen aclarar que no hay tensión, que “es lo que corresponde” y que, lo que puede interpretarse como una advertencia, forma parte de una dinámica lógica entre el intendente de la capital alterna y el gobernador provincial.

Sin embargo, hay otra lectura que responde al contexto complejo y la forma en la que la opinión pública -arriada o no por la oposición- apuntó específicamente contra la Municipalidad. Con las palabras del intendente De Rivas y la reacción de su bloque de concejales, guarda la intención de aclarar los tantos en cuanto a lo que corresponde a cada uno. 

“Creemos que el municipio está tomando decisiones en la medida de su competencia”, dijo ayer el concejal Ignacio Biga, uno de los encargados de presentar la iniciativa junto al presidente del bloque oficialista, Leandro Carpintero. Esta definición parece emparentarse con el mensaje que envían desde la Municipalidad y que el intendente ratificó el miércoles pasado: la Policía es la responsable de la seguridad y parece evidenciarse que no cuenta con las herramientas suficientes como para hacerle frente al escenario de complicaciones que presenta Río Cuarto. “Necesitamos que se dote a la Policía de mayores herramientas en la lucha diaria contra el municipio”, agregó al respecto el mencionado Biga.

Los proyectos ingresaron al Legislativo para ser tratados en Comisión y se verá la postura que adoptarán los bloques minoritarios para darle lugar a este pedido, aunque da la sensación de que es la oportunidad que el radicalismo y el Frente Cívico estaban esperando para continuar los embates contra De Rivas y a Llaryora. Aun así, tras una semana de fuertes cruces, el oficialismo acusó a los concejales opositores -específicamente los de Primero Río Cuarto- de “tribunear” con una problemática compleja. “Van a los hechos para acusar con el dedo, pero alaban al presidente que sigue facilitando el quiebre del tejido social”, frase que surgió del bloque peronista.

¿Ultimátum?

En las últimas horas, Alfil recibió información vinculada al pedido del Gobierno provincial a los responsables de la Policía de Córdoba en la capital alterna. Versiones que circulan en el interior de las fuerzas de seguridad revelaron que, tras la visita del ministro Juan Pablo Quinteros, la cúpula policial de Río Cuarto recibió un ultimátum del gobernador.

Según pudo saber este medio, el “reto” del Panal les habría dado a las autoridades policiales de Río Cuarto “un plazo de diez días” -que terminan la semana próxima- para tomar las riendas de la situación y brindar soluciones que reflejen un cambio en el crispamiento social que se vio por estos días, razón por la cual se ha visto un incremento en la cantidad de operativos, “algo que no se ve hace diez años”, aseguran. Una vez más, fuentes oficiales desmienten esta situación, pero el ruido en torno a la posibilidad de cambios en la Policía va in crescendo.