UEPC: Capital busca quebrar la ‘pax’ gremial de Llaryora

Por Felipe Osman

El viernes, la delegación capitalina de UEPC reunió a la Asamblea de Delegados Escolares del departamento y votó un ‘plan de lucha’ que tiene por objetivo reabrir la paritaria docente, usando, como amenaza hacia el Centros Cívico, el no reinicio de clases tras las vacaciones de julio.

Esta instancia -vale decir- se venía cocinando desde hace tiempo en el seno de la Delegación Capital, controlada por la lista Unidad desde las Escuelas, un armado variopinto que reúne a agrupaciones de izquierda y al colectivo de autoconvocados. La causa eficiente de tal unidad, hay que decirlo, no es tanto el amor, sino el espanto, entendido como el rechazo común a la conducción encarnada por la lista Celeste, que acostumbra evitar la confrontación con el Gobierno Provincial y desalentar la beligerancia de las bases.

Dentro de la Delegación Capital, algunas agrupaciones entienden que hay que se puntillosos en el cumplimiento del Estatuto Social de la UEPC para evitar “romper la herramienta”; léase, quedar expuestos a una intervención. Otras, en cambio, quieren forzar la máquina hasta donde dé, con la intención de condicionar a la conducción provincial a subirse al reclamo para no quedar debajo de él. Para esta segunda postura, lo elemental es demostrar a las bases que haber ganado la principal delegación de la provincia opera efectos prácticos, concretos, en la vida de los docentes. O, mas precisamente, en sus recibos de haberes.

Esas dos posturas se pusieron en tensión el viernes, y prevaleció la segunda. Las dos mociones sometidas a votación proponían exigir a la Junta Ejecutiva Central de la UEPC (controlada por la lista Celeste) que convocara a asambleas escolares en toda la provincia, para que los docentes definieran un ‘Plan de Lucha’. La diferencia estaba en el segundo punto: cursar además un ultimátum al organismo, intimándolo a realizar tales convocatorias previo al 19 de junio. Caso contrario, la propia delegación Capital convocará a asambleas escolares de una hora por turno el 25 de junio, y a una asamblea de delegados al día siguiente, para reunir los mandatos conseguidos en cada escuela.

Esto implica, por un lado, una fisura en la interna de la UEPC Capital, y por otro, una cuenta regresiva que expondrá la capacidad real de la delegación de liderar un ‘levantamiento’ docente capaz de reabrir ‘la’ paritaria, atendiendo a que los docentes representan más del 60 por ciento de los empleados públicos provinciales.

En paralelo, la moción aprobada por la Asamblea de Delegados de Capital también aprobó -además del mentado ultimátum a la Junta Ejecutiva Central-, el lanzamiento de una campaña para lograr la reapertura de la paritaria, condicionando a ello el regreso a clases tras el receso invernal, y poniendo una piedra en el camino del oficialismo provincial, que para ese entonces estará a menos de un mes del cierre de listas, ya carreteando para lanzarse a la campaña electoral previa a las Legislativas, que siempre plantean un desafío para el atípico peronismo cordobés.

En el camino, las asambleas escolares que convoque Capital serán el termómetro que revele cuáles son las posibilidades reales de la oposición gremial de condicionar a la Junta Ejecutiva Central. Si la asamblea de delegados del 26 de junio recibe, por caso, más de 300 mandatos, eso significará que más de la mitad de las escuelas de Córdoba celebraron, un día antes, asambleas escolares para mandatar a sus delegados a avanzar en el reclamo. Si, por el contrario, el número es ostensiblemente menor, la instancia revelará una debilidad relativa para condicionar a la UEPC Provincial.

Hay, en el ceno de la discusión del viernes, un debate sobre la legalidad de la convocatoria a asambleas escolares. Ni el estatuto social de la UEPC, ni el reglamento para el funcionamiento de las delegaciones departamentales, establece taxativamente cuál es el órgano sindical facultado para convocar a estas asambleas. Desde luego, la Junta Ejecutiva Central puede hacerlo, pero se desconoce si esta es una potestad privativa de este órgano, o si, por el contrario, cada delegación puede hace lo propio dentro de su ámbito territorial de competencia.

Sí es, en cambio, una certeza, que sólo la Asamblea Provincial está facultada para disponer medidas de acción directa. Léase, llamar a paro.

La otra discusión es la legitimidad. Para la oposición en su conjunto, la paritaria cerrada en marzo puede conllevar un compromiso legal, pero no uno legitimado por el voto mayoritario de los docentes, por cuanto el referido estatuto social prevé una ponderación distorsiva de la representatividad que cada departamento tiene en la Asamblea Provincial, llegando al absurdo de que la capital, que reúne a casi la mitad de los docentes de la provincia, tenga una incidencia menor al 20 por ciento en el órgano máximo de la UEPC, que no sólo sella los acuerdos paritarios, sino que fija las reglas de juego para toda discusión.