Redacción Alfil
Autor: DAS
Chile, 2023
Parte 4/4
La medida asumida por el presidente Allende contravenía la Constitución, por cuanto la Carta de 1925, vigente en aquella época (en el Articulo 72 número 12) [1] - de la misma manera que lo señala la actual Constitución de 1980- el indulto, sólo corresponde a un perdón, remisión o conmutación de la Pena, por lo que para su obtención era necesario que el sujeto haya sido condenado y a la vez que hubiera cumplido, a lo menos la mitad de la condena. Además el Indulto, como beneficio carcelario, sólo permite la alternativa de cumplir la pena en libertad, pero en ningún caso borra la condena, es decir, que los antecedentes penales se mantienen en extracto de filiación del condenado. Cuestión que el Sr. Allende obviamente no respetó.
En relación a esta inobservancia de la ley y de la manifiesta arbitrariedad en la que la UP incurría, Heinecke Scott nos dice:
“El Decreto Supremo número 2.071 del 18 de diciembre de 1970, del Poder Ejecutivo en él se indultaba a 43 reos sometidos a proceso, sin sentencia ejecutoriada, implicaba el abocamiento a “causa pendiente” prohibido por la Constitución de 1925; contrario al Artículo 93 del Código Penal (de 1875), que exigía la condena para que la se conmutara o remitiera; y violador del Artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales, que reserva a los Tribunales de Justicia la facultad de conocer en las causas criminales”
“Consiente de su inconstitucionalidad e ilegalidad, el Poder Ejecutivo se autorizó a si mismo para “dictar indultos” (Decretos Supremo Nº 3.590, por DS 2.038 de 11 de diciembre de 1970). Ello no derogaba, por cierto, la prohibición del Código Penal (Art. 93, Nº 4). Y añadía la violación de “inderogabilidad singular de los reglamentos”, contenida en el principio constitucional de igualdad ante la ley (Art. 10 Nº 1, Constitución Política de 1925)”.
“La Contraloría devolvió sin tramitar el decreto de indulto de los miristas. Entonces, el Poder Ejecutivo, produjo el primero de su larga serie de “decretos de insistencia”: el Nº 2.092 del 28 de diciembre de 1970, firmado por Allende y todos sus ministros, obligando a tomar razón del Decreto Supremo Nº 2071 de 1970”[2].
El Decreto de Insistencia, es una Acto Administrativo firmado por el Presidente de la República y todos sus Ministros, cuyo fin es obligar a la Contraloría General de la República a Tomar Razón (aprobar) de otro acto administrativo que ha sido representado (Rechazado) por ilegalidad lo que obliga al Contralor a enviar el instrumento insistido ante la Cámara de Diputados, ello por la eventual tramitación de una acusación constitucional en contra del Presidente y de los Ministros firmantes. No pueden insistirse actos que ordenan gastos ni cuando el rechazo se produzca por inconstitucionalidad con respecto a decretos con fuerza de ley, decretos promulgatorios de leyes o de reforma constitucional [3].
Cabe agregar, que además de la cúpula del MIR antes mencionada, también resultaran beneficiados otros sujetos que habían participado en actos de conducta terrorista y que pertenecían a la misma organización.
Serán “perdonados”, además, por el poder ejecutivo, “los integrantes de la VOP: Arturo Rivera Calderón (que pocos meses después asesinará al ex vicepresidente de la República Edmundo Pérez Zujovic), Eduardo Magaña, Raúl Stroz, Leonardo Farfán, Juan Carvajal, René Vargas y Luis Moreno [4].
El 5 de enero de 1971, Allende emitirá en Valparaíso, declaraciones en que daba a conocer los motivos que dieron lugar a la liberación de los guerrilleros, diciendo:
“Hemos firmado un Decreto que indulta a jóvenes estudiantes que actuaron en el llamado Mercado Portofino. Hemos firmado un Decreto que indulta a los dirigentes del MIR que hace mucho tiempo están eludiendo la acción de la justicia, escondidos. Hemos firmado un Decreto que indulta a los trabajadores de la Industria Saba. Por asumir esta actitud se ha lanzado en contra nuestra una crítica acerba y muy dura.
“Yo he hecho uso de un Derecho Constitucional. Yo quiero la tranquilidad y la paz social; creo que estos jóvenes militantes de la Izquierda, con los cuales teníamos una apreciación táctica distinta y diferente, actuaron erradamente, pero impulsados por un anhelo superior de transformación social que les condena porque han asaltado algunos bancos. Lo hicieron, es cierto, y yo lo sé, pero no hirieron a nadie y no asesinaron nadie, no derramaron sangre, ni de Carabineros, ni de empleados, ni de obreros; arriesgaron su vida en aras de un ideal. Espero que el país entienda que en esta actitud de indultar a los jóvenes del Portofino, a los dirigentes del MIR, y a los obreros de Saba hay un fondo y contenido destinado precisamente a eliminar y erradicar la violencia definitiva” [5].
Con todo, el MIR pasará a convertirse en el instrumento necesario para concretar las acciones políticas que impulsaba el régimen de la UP, ya que participaban de “las expropiaciones agrícolas a puertas cerradas” (o sea, con inventario de bienes muebles incluidos) y sin “reserva” ( expropiación de todo predio superior a 40 hectáreas, en circunstancias que la Ley de reforma agraria hablaba de 80 hectáreas); “Comandos Comunales” (agrupación territorial de organismos revolucionarios); “Cordones industriales” (redes de trabajadores de industrias usurpadas o estatizadas, también con base territorial para la violencia política, nacieron a contar de 1972).
El Partido Socialista, fundado entre otros por el propio Salvador Allende, -Partido mayoritario de la UP-, coincidía casi sin matices con el MIR, prueba de ello será la visión violentista por la que apostará su Secretario General y entonces Senador, Carlos Altamirano Orrego, que en una entrevista concedida a la Prensa Latina, señaló que frente a la violencia subversiva quedaba demostrado que “el enfrentamiento era inevitable” [6] Esto, apenas asumido el Gobierno Popular.
Agregando en la citada entrevista: “No me cabe duda -expresó entonces- de que a medida que se radicalice el proceso por la construcción de una nueva sociedad en nuestro país, tendrá que venir un serio enfrentamiento entre las fuerzas conservadoras tradicionales, que defienden el statu-quo y la que está pugnando por crear una nueva sociedad”
Prensa Latina: “La Unidad Popular… ¿se prepara para este enfrentamiento?
Altamirano: “Si, nos preparamos y pensamos que el desarrollo y la radicalización del proceso debe llevar a ese enfrentamiento… sin desearlo nosotros, tendrá que venir”.
Posteriormente Altamirano, el 10 de junio de 1973, hablando por cadena de radioemisoras, añadió que la “reacción” estaba empeñada en “guerras locales”. Como auténtica vanguardia política, asumimos nuestra responsabilidad de conducir al pueblo y a los trabajadores en esta gran guerra de clases no declarada, que no hemos buscado, pero que tampoco tememos ni rehuimos”.
A medida que la situación política se agudizaba, el Senador socialista fue haciendo más y más incendiario su lenguaje. Es así, que dirigiéndose a los “cordones industriales” miristas, el 12 de julio de 1973, propuso: “La creación de un Tribunal del Pueblo, integrado por la CUT (Central Única de Trabajadores, similar a la CGT Argentina), Cordones industriales y otras organizaciones de masa, para que juzgue a los delincuentes políticos y económicos”(dos semanas más tarde, en declaración oficial de 26 de julio, el partido mismo conminaba a los propietarios y ejecutivos del diario opositor “El Mercurio” a enfrentar “más temprano que tarde… el juicio histórico y la condena inapelable de un tribunal del pueblo)”.
Este dirigente socialista llamará expresamente a armarse, diciendo: “La actitud de la reacción pretende dejar inerme al pueblo, mientras ellos arman hasta los dientes a sus comandos terroristas…El Pueblo no es ingenuo… Los puños y la conciencia revolucionaria no bastan para defender la patria”.
“El pueblo está en condiciones de incendiar y detonar el país desde Arica a Magallanes, en una heroica ofensiva libertaria y patriótica” [7]
A finales de 2022 y como una forma de ratificar lo que mencionamos al inicio del trabajo, el actual presidente izquierdista de Chile Gabriel Boric líder del conglomerado de partidos Frente Amplio indultó a “13 de los 40 condenados por delitos asociados al estallido social (Revolución), que cumplían cárcel efectiva, y de los cuales 7 mantienen condenas y prontuario” (35), siendo que estos individuos fueron parte de la revolución de octubre de 2019, en donde el país enfrentó una violencia inusitada que dio lugar al pillaje, delincuencia, incendios a la propiedad pública y privada; ataques a comisarías, Regimientos, destrucción de monumentos, turbazos a supermercados, ataques a la locomoción colectiva, incendio de 64 estaciones del ferrocarril metropolitano de Santiago (Metro) e incluso un intento de copiamiento de la Moneda (Palacio de gobierno).
Los beneficiados con la medida del Ejecutivo alcanzó a sujetos de altísima peligrosidad y con amplio prontuario criminal, lo que no fue obstáculo para convertir a éstos en titulares de esa atribución exclusiva del Presidente de la República, descrita en el Art. 32 Número 14 de la Constitución Política y amparada en la ley 18.050, que han usado otros mandatarios, pero casi siempre por razones humanitarias. La ley establece que el beneficiario debe estar condenado por una sentencia definitiva, y no pudo haber sido juzgado por un delito terrorista o de Tráfico de drogas.
A pesar de que la naturaleza de sus delitos y requisitos copulativos no los hacían elegibles para ello, lo que fue refrendado por la Corte Suprema y la Contraloría General de la República.
Los delincuentes incluidos en el indulto fueron: Bastián Olguín Rivera (31 años), Jordano Santander Riquelme (38 años), Felipe Santana Torres (22), Cristián Cayupán Queupil (30), Francisco Hernández Riquelme (23), Claudio Romero Domínguez (21), Brandon Rojas Cornejo (22), Sebastián Montenegro (25), Luis Castillo Opazo (37) y Bastián Campos Gaete (22).
“Larga era la lista de los delitos por los que fueron condenados por la justicia los 13 delincuentes indultados por Gabriel Boric. Así como los años de cárcel recibidos, que llegan incluso a los 16 años.
Homicidios frustrados a policías, asalto armado a bancos, lanzamiento de molotov, asociación ilícita, delitos de incendio, hurto, daños a mobiliario público, lanzamiento de artefacto incendiario son algunos de los delitos indultados.
Condenado por quemar el Hotel Principado de Asturias fue indultado por Gabriel Boric. Incluso, el Mandatario liberó a los autores del incendio del Hotel Principado de Asturias y la Universidad Pedro de Valdivia.
De los 13 beneficiados, 12 estuvieron involucrados en delitos producidos durante el estallido. Jorge Mauricio Mateluna Rojas, ex frentista, el único fuera de ese grupo, fue condenado a 16 años por asaltar un banco en Pudahuel en 2013.
Para Boric, sin embargo, los condenados por la justicia «no son delincuentes. “Es un compromiso personal, son decisiones complejas, pero las asumo responsablemente”
El indulto, además, se contradice con sus propias declaraciones. En plena campaña, el 21 de noviembre de 2021, aseguró que “no se puede indultar a una persona que quemó una iglesia, una pyme o saqueó un supermercado”.
“Curiosamente, hay varias coincidencias entre los indultos políticos realizados por Gabriel Boric con los del Presidente Salvador Allende.
En primer lugar, ambos fueron realizados durante su primer año de gobierno y el mismo mes.
Cuando Boric asumió en marzo pasado, estaban en curso procesos judiciales por el estallido de violencia de 2019, y prometió liberarlos, lo que cumplió ayer.
Cuando asumió Allende, uno de los problemas más graves con que se encontró era la numerosa serie de procesos penales en contra de altos dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y de otros grupos violentistas.
Los delitos de esa época también tienen similitudes con los perdonados por Boric: asaltos a bancos, aviones, robos a supermercados; secuestros y ataques a carabineros, entre otros.
Todos esos delitos fueron cometidos durante la segunda mitad del gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970)” [8].
Allende asumió el 4 de noviembre de 1970, y el 18 de diciembre de ese año dictó el decreto del Ministerio de Justicia No. 2071, por el cual se indultó a gran número de miembros del MIR, y otros movimientos de extrema izquierda como el VOP.
Los indultos decretados se referían a todos los juicios que estaban en plena tramitación, sin sentencia definitiva, lo que generó fuertes cuestionamientos legales y políticos.
Los asesinos de Edmundo Pérez Zujovic fueron indultados por Allende
El Presidente socialista indultó a los miristas Andrés Pascal Allende (su sobrino); Max Joel Marambio (quien sería posteriormente jefe del GAP, el grupo de escoltas de Allende); Sergio Zorrilla; Miguel y Edgardo Enríquez Espinoza; Luciano Cruz Aguayo; Juan Bautista Van Schouwen Vassey; Jorge Silva Luvecce, entre otros.
Tal como anunció la oposición ahora con la ministra de Justicia, en ese entonces fue acusado constitucionalmente el ministro de Justicia de la Unidad Popular, Lisandro Cruz Ponce, como consecuencia de la dictación de esos decretos. La acusación fue rechazada por 50 votos en contra, 35 por la aprobación y 18 abstenciones de la DC.
El 8 de junio de 1971 fue asesinado el ministro del Interior de Frei, Edmundo Pérez Zujovic, por los hermanos Rivera Calderón, también favorecidos con el indulto de Allende.
La investigación policial culminó con la localización del comando armado, y la subsecuente muerte de tres de los miembros del grupo: Heriberto Salazar Bello y los hermanos Ronald y Arturo Rivera Calderón, quienes habían militado anteriormente en las Juventudes Comunistas.
“Arturo había sido indultado como «joven idealista» por Salvador Allende en diciembre de 1970, como denunció en la Cámara Alta el senador Gustavo Lorca. Uno o dos años antes de la fundación de la VOP, Ronald militó transitoriamente en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Otra similitud entre ambos mandatarios es que en sus coaliciones de gobierno está el Partido Comunista” [9].
Como se ve ,Boric que se presenta como un admirador de Allende y su gobierno, sin necesidad de revisionismo histórico, con ésta y otras acciones mantiene viva decisiones cuya repetición adquieren el sentido de un deja vu eterno.
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https://ellibero.cl/investigacion/las-similitudes-de-los-indultos-politicos-de-boric-y-allende/
[1] Raveau. Rafael (1932). Tratado de Derecho Constitucional”. Tomo I. Imprenta Victoria, Valparaíso. Chile. Pág. 269
[2] Heinecke Scott. Luis: “Chile. Crónica de un Asedio. Tomo III. (Juicio a la UP.). Ob.cit. Pág. 89.
[3] Álvarez Soza. Daniel (2023). Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Mendoza, Doctorando en Ciencia Política, Universidad de Belgrano.
[4] Contreras Sepulveda, Manuel (2000) “La verdad Histórica. El ejército guerrillero”.Ob.cit. Págs. 30 y 31.
[5] Diario “El Mercurio”. Santiago de Chile. Publicación del 8 de enero de 1971.
[6] Entrevista de Joaquín Andrade, Agencia cubana de noticias Prensa Latina. En una larga entrevista publicada como separata de la Revista “Punto Final” (Nº 120. de 22 de diciembre de 1970).
[7] - Diario El Mercurio: 22 de julio de 1973. Santiago de Chile. Págs. 5-6.
[8] https://ellibero.cl/investigacion/las-similitudes-de-los-indultos-politicos-de-boric-y-allende/
[9] https://ellibero.cl/investigacion/las-similitudes-de-los-indultos-politicos-de-boric-y-allende/
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