Universidad bajo fuego: Milei prepara el veto y los docentes cordobeses prenden la mecha

La ley de financiamiento universitario fue aprobada en el Congreso, pero la Casa Rosada ya adelantó que no la hará efectiva. En Córdoba, ADIUC movilizó al Consejo Superior y presentó un documento lapidario contra el gobierno nacional. El gremio pide que la UNC convoque a una nueva Marcha Federal y que el CIN no se quede en los gestos simbólicos.

Universidad27 de agosto de 2025Francisco Lopez GiorcelliFrancisco Lopez Giorcelli
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Por: Francisco Lopez Giorcelli 
El conflicto universitario, lejos de apagarse, se enciende cada vez más. Tras la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario en ambas cámaras del Congreso, la expectativa se trasladó al único lugar donde puede definirse su destino: el despacho de Javier Milei. Y desde la Casa Rosada las señales no dejan dudas.
El Presidente ya anticipó que usará la lapicera para vetar la norma, convencido de que el costo político de voltear la ley es menor que el de conceder recursos a un sector que desprecia y que califica como “nido de zurdos”.
En este clima, Córdoba volvió a colocarse en el centro de la escena. Este martes 26 de agosto, la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) se movilizó hacia el Consejo Superior de la UNC y entregó un documento que no ahorró críticas. 
La secretaria general, Leticia Medina, lo presentó ante las autoridades universitarias con una advertencia explícita: “venimos sufriendo una abrupta caída del salario docente y nodocente, que en el mes de agosto requiere un incremento del 43% para equiparar el poder de compra de noviembre de 2023. Nos encontramos en esta situación por definición política de un gobierno que no está dispuesto a dialogar y que tiene establecidas otras prioridades para el destino de los recursos públicos”.
El escrito remarca que, en este contexto, “es esperable que el funcionamiento de la universidad no sea normal, dado que gran parte de su sostenimiento recae sobre trabajadores y trabajadoras en condiciones de creciente deterioro”. En otras palabras, los docentes ya blanquean que el segundo cuatrimestre difícilmente transite con normalidad.
Lejos de circunscribir el reclamo a lo salarial, el texto busca encuadrar la pelea en un terreno político más amplio. Medina subrayó que “seguimos contando con el acompañamiento de los y las estudiantes, con quienes compartimos no solo la preocupación sino, mucho más profundamente, la convicción de que esta es una pelea por el presente y el futuro de la Universidad Pública”. Esa afirmación refleja un dato clave: las medidas de fuerza no se reducen a un pulso gremial, sino que se apoyan en un consenso social que incomoda al Gobierno y presiona a las autoridades universitarias a salir de la tibieza.
El documento presentado en el Consejo Superior no se limita a diagnosticar la crisis. Reclama directamente que la UNC convoque a una nueva Marcha Federal Universitaria y que el propio rector impulse esta iniciativa dentro del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). 
“Luego de la aprobación de este nuevo Proyecto de Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso de la Nación, y ante un veto presidencial ya anunciado, es que creemos improrrogable aunar esfuerzos para reclamar al Congreso que rechace esta disposición”, señala el texto. El pedido es claro: no alcanza con declaraciones de preocupación, hace falta volver a ocupar las calles con una movilización de alcance nacional.
La tensión no se explica sólo en términos presupuestarios. Lo que está en juego es la construcción de legitimidad política. El Congreso aprobó una ley con amplio respaldo opositor, forjada al calor de la presión social que dejaron las marchas federales de 2024 y las movilizaciones de este año. El gobierno respondió anunciando el veto como un gesto de autoridad frente a un frente heterogéneo que logró arrebatarle la iniciativa. El choque es frontal: Milei busca instalar la idea de que las universidades son parte del “gasto inútil” a recortar, mientras que los gremios y rectores defienden la universidad pública como inversión estratégica y como bandera cultural de la democracia.
En este tablero, Córdoba vuelve a funcionar como termómetro. La UNC, por historia y magnitud, ocupa un lugar que excede lo local. Cada marcha en Ciudad Universitaria se lee en todo el país, y la foto de los docentes ingresando al Consejo Superior con un documento cargado de verdades pesadas obliga a la conducción universitaria a definir si se planta frente al Gobierno o si se refugia en una posición ambigua. La pelota quedó picando en el rectorado, que deberá decidir si asume el reclamo de ADIUC o si se limita a declaraciones protocolares mientras el conflicto escala.
El futuro inmediato está abierto y cargado de incertidumbre. ADIUC ya anunció que se plegará a todas las medidas definidas por CONADU, lo que anticipa paros escalonados, clases públicas y semanas enteras de actividad interrumpida. Los estudiantes se preparan para un segundo cuatrimestre atravesado por suspensiones y marchas, mientras que las autoridades universitarias buscan oxígeno político para no quedar rehenes de una crisis que las supera.
Pero la disputa también se juega fuera de Córdoba. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a una reunión extraordinaria en Rosario que promete ser clave.
Rectores de todo el país se encontrarán para debatir cómo enfrentar el veto presidencial y si es momento de acompañar una nueva Marcha Federal. El antecedente es elocuente: las dos marchas de 2024 lograron torcer parcialmente el brazo del Ejecutivo y garantizar fondos de emergencia. Ahora, el dilema es si el CIN se anima a salir de la retórica de “preocupación” y dar un paso más en la confrontación. Como deslizó un rector en la previa, “esta vez no alcanza con declaraciones: o defendemos la universidad en la calle o nos pasan por arriba”.
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