A pesar de la promulgación se sostuvo el paro y la polémica por el financiamiento universitario continúa

Por Francisco López Giorcelli 

La Universidad Nacional de Córdoba amaneció ayer paralizada. Los gremios docentes y no docentes cumplieron una jornada de paro total en reclamo por la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso meses atrás pero aún sin ejecución por parte del Gobierno nacional. La medida, impulsada por la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) y acompañada por la federación nacional CONADU, se replicó en distintas universidades del país y volvió a colocar en el centro de la escena el incumplimiento de una norma que debía garantizar previsibilidad presupuestaria y estabilidad salarial en el sistema universitario.

El paro fue una nueva muestra del desgaste que atraviesa la relación entre el Ejecutivo y el sector académico. Desde la sanción de la ley los gremios universitarios vienen reclamando su promulgación y aplicación efectiva. La norma estableció un incremento progresivo de las partidas destinadas a universidades y organismos científicos, junto con mecanismos de actualización salarial y fondos para infraestructura, pero el Poder Ejecutivo nunca reglamentó su puesta en marcha ni giró los recursos comprometidos.

En Córdoba, la medida tuvo un fuerte impacto político. La UNC, que había sido epicentro de la tercera multitudinaria Marcha Federal Universitaria, volvió a marcar el pulso de la protesta educativa. Las aulas vacías y las dependencias administrativas cerradas reflejaron el malestar de un sector que considera que el Gobierno nacional desconoce deliberadamente una ley votada por amplias mayorías parlamentarias. “El Ejecutivo debe cumplir con la ley y garantizar los fondos necesarios para el funcionamiento de las universidades. No se trata de una discusión sectorial, sino de una cuestión institucional y de respeto a la división de poderes”, advirtió la secretaria general de ADIUC, Leticia Medina, en declaraciones recientes.

El reclamo encontró eco en el comunicado difundido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de todas las universidades públicas del país. El organismo recordó que “no hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique ni se ejecute” la Ley 27.795, y reclamó al Poder Ejecutivo que “promulgue y ejecute este instrumento en cumplimiento de su responsabilidad y de los plazos legales establecidos”. El documento, respaldado por el rector de la UNC John Boretto, subrayó que el texto votado por el Congreso “ofrece una respuesta responsable que garantiza el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de sus trabajadoras y trabajadores”.

El conflicto, sin embargo, excede el plano presupuestario. En la comunidad universitaria se interpreta la demora del Gobierno como una decisión política que busca condicionar la autonomía institucional y disciplinar a los gremios del sector. En ese sentido, la falta de reglamentación de la ley es vista como una señal de desconfianza hacia un espacio que el oficialismo percibe ideológicamente adverso. No son pocos los rectores que, en privado, advierten que el Poder Ejecutivo mantiene una lógica de “premiar aliados y castigar críticos”, lo que ha tensado los vínculos incluso con sectores tradicionalmente moderados dentro del sistema universitario.

En Córdoba, el rectorado intentó mantener una posición institucional, pero el tema dominó la agenda política de la UNC. En los últimos meses, Boretto había destacado la importancia de la norma y su amplio respaldo legislativo, señalando que “el Congreso ya dio una respuesta colectiva que el Ejecutivo debe respetar”. El tono, prudente pero firme, contrastó con el silencio del Ministerio de Capital Humano, que desde la disolución del Ministerio de Educación absorbió la política universitaria sin mostrar señales de diálogo con los rectores.

El paro docente y no docente de ayer tuvo también un componente simbólico: coincidió con el plazo que la ley establecía para la reglamentación del financiamiento, vencido sin novedades. La fecha fue elegida deliberadamente por ADIUC y CONADU para poner en evidencia la falta de voluntad política del Gobierno. En los comunicados difundidos durante la jornada, los gremios advirtieron que el conflicto podría escalar si no se restablece una mesa de negociación salarial y presupuestaria.

La protesta se inscribió en una dinámica de creciente movilización universitaria que, en lo que va del año, acumuló más de una docena de paros, marchas y clases públicas en todo el país. Pese a los gestos de acercamiento del oficialismo tras la media sanción de la ley en Diputados, el incumplimiento posterior deterioró cualquier expectativa de distensión. Desde los gremios anticipan que, de persistir la parálisis, volverán a convocar a una jornada nacional de protesta antes del cierre del ciclo lectivo.

Mientras tanto, la Casa Rosada mantiene una estrategia de dilación. En Balcarce 50 aseguran que la ley “presenta inconsistencias fiscales” y que su aplicación “debe ser analizada en el marco del equilibrio presupuestario general”. Pero la respuesta no convenció ni a los rectores ni a los legisladores que impulsaron la norma. Incluso en el oficialismo aparecen voces que recomiendan promulgarla para evitar un nuevo frente de conflicto con el sistema científico y educativo.

En Córdoba, la medida de fuerza volvió a unir a docentes, no docentes, investigadores y estudiantes en un mismo reclamo. La consigna —“Sin ley, no hay universidad”— resumió la preocupación generalizada por el deterioro presupuestario y la incertidumbre salarial. En los pasillos del Pabellón Argentina y las distintas facultades se respiraba una sensación de hartazgo ante lo que muchos interpretan como una provocación del Gobierno. “Después de haber conseguido una ley con consenso histórico, no hay justificación posible para este incumplimiento”, señalaron desde ADIUC.

Con la primavera política de la UNC todavía fresca tras el recambio de autoridades, el paro dejó una postal de unidad circunstancial entre oficialismo y oposición universitaria. Las diferencias internas quedaron en segundo plano ante un reclamo que atraviesa todas las fronteras partidarias. En ese sentido, el conflicto por la aplicación de la ley reconfigura el tablero institucional: ya no se trata solo de un problema salarial, sino de una disputa por la legitimidad y la autoridad del Congreso frente al Ejecutivo.

A esta altura, la Casa Rosada enfrenta un dilema que combina política, economía e institucionalidad. Promulgar la ley implicaría reconocer el peso del sistema universitario como actor político; ignorarla, profundiza un conflicto que amenaza con extenderse hacia el verano y con impacto directo en el inicio del próximo ciclo académico. Lo que en un principio fue una pulseada presupuestaria, hoy se transformó en una discusión más amplia sobre el modelo de Estado y el lugar del conocimiento en la agenda nacional.