Los opositores creen que el allanamiento se realizó “por miedo al jury”, ante una supuesta pasividad en la investigación. Hablan de otro allanamiento, en Catastro. Y acusan “derivaciones” para ocultar contratos. Sobrevuela, también, el fantasma de una interna del oficialismo. Entre los legisladores -propios y ajenos- persiste el descontento por la reducción de las dietas.
Provincial18 de noviembre de 2025
Felipe Osman
Por Felipe Osman
El allanamiento realizado el pasado viernes en la Legislatura, sin demasiado protagonismo en la agenda, sigue en boca de los legisladores del oficialismo y la oposición.
Desde el bloque radical prometieron insistir con un pedido de informes para que se indiquen “las razones del procedimiento”, pero al cierre de esta edición no se pudo confirmar que su presentación se hubiera realizado.
Para el oficialismo, la oposición no irá más allá de algunas hostilidades formales, para la tribuna, pero sin hundir la cuchara demasiado profundo. Hacerlo, razonan, podría hacerlos cruzar la línea que separa a víctimas de victimarios.
Sin embargo, el clima es tenso. Entre un grupo de legisladores, tanto peronistas como radicales y afines, reina el descontento por la persistencia de la reducción de dietas, que firmaron voluntariamente a principio de su mandato, condicionados por la pizarra del Centro Cívico. Juran que ese esfuerzo, hecho para impostar frugalidad, no es acompañado por la Legislatura, que acostumbra organizar eventos sin aparente trascendencia, pero que depararían costos significativos.
Los más molestos advierten que hay que cambiar la estrategia, dejar de lado los clásicos -y mayoritariamente inconducentes- pedidos de informe, y recurrir a pedidos de acceso a la información pública, que pueden ser coactivamente requeridos a través de la Justicia. Es una barrera que, hasta ahora, no han decidido trasponer. Al menos en la arena provincial.
De hecho, esa podría ser la herramienta a emplear para dilucidar otra sospecha. Algunos opositores acusan, por lo bajo, al oficialismo de “derivar” contratos del Legislativo al Ejecutivo, en una maniobra distractiva para evitar que la onda expansiva del ‘caso Kraismann’ depare costos mayores.
La forma de advertir si tales derivaciones existieron o no sería solicitar a la Caja de Jubilaciones un pedido de acceso a la información pública para que indique qué agentes aportaban desde la Legislatura y pasaron a aportar desde el Ejecutivo en el último tiempo. Atender a si esa información es requerida (o no) por la oposición puede dar una pista respecto de cuan embanderara está detrás del reclamo de transparencia.
Otro indicio, ver qué presión ejercen para conocer los detalles de otro allanamiento reciente, cuya existencia conocen, en Catastro.
Entre los bloques opositores creen que el del viernes pasado, en la Unicameral, estuvo motivado por una amenaza de jury al fiscal a cargo, que no habría avanzando en la investigación de los otros 22 contratados designados en la misma resolución que vehiculizó la contratación de la “empleada fantasma”. Posible, pero incomprobable.
Al mismo tiempo, hay quienes entienden que la oposición tiene una incidencia apenas marginal en los episodios que han puesto a la Legislatura en el tintero durante los últimos días. Por el contrario, creen que el reordenamiento que deberá atravesar el bloque oficialista tras la (virtual) partida de su presidente es el contexto en que tales episodios deben observarse, interpretando que, en realidad, son las internas del propio oficialismo las que agitan el día a día de la Unicameral.
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