Pasadas las elecciones legislativas, la UCR arranca la cacería de dirigentes que trabajaron para La Libertad Avanza o para Provincias Unidas. En esta denuncia, no se salva nadie.
Provincial20 de noviembre de 2025
Carolina Biedermann
Por Carolina Biedermann
La paz radical sigue siendo una utopía por alcanzas. Está semana, un grupo de dirigentes se presentó en el Comité Provincia de la UCR para depositar en el Tribunal de Conducta una bomba política: los pedidos formales de expulsión de Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo, Marcelo Cossar y de los intendentes que integraron o acompañaron la lista de Juan Schiaretti. El motivo que alegan: haber trabajado, e incluso haber fiscalizado, en contra la Lista 3, la boleta oficial del radicalismo cordobés, en las elecciones de octubre.
El escrito acusa a cada uno con nombre y apellido. En el caso de Marcelo Cossar, se subraya su desembarco como funcionario en el Ministerio de Defensa del mileísmo, sumado a su rol en la fiscalización y promoción del voto para La Libertad Avanza.
A Rodrigo de Loredo le endilgan haber admitido que no votó a la UCR por considerar que la lista estaba “confeccionada con el peronismo”, una postura que en el documento califican de “falaz, repugnante y cobarde”, asegurando además que su tropa trabajó para el oficialismo libertario.
Soledad Carrizo tampoco quedó afuera del expediente: se le reprocha haberse fotografiado con Gabriel Bornoroni y con Cossar en el búnker libertario, además de declarar que sería “muy grato” que la UCR se sumara al gobierno de Javier Milei.
La ofensiva interna, que se da en el marco de una puja intensa puertas adentro de la UCR, que apunta tanto a legisladores como a intendentes, reaviva la disputa identitaria en un radicalismo que vuelve a exponer sus fracturas en público. El Tribunal de Conducta tendrá ahora la tarea de poner orden en una interna donde cada movimiento se lee como un alineamiento nacional, y cada foto vale más que un comité entero.
A este tema, que lo tomará el tribunal de conducta del partido, empieza a dilucidar que no habría argumentos legales para reparar en todos estos casos. Salvo en en los casos de aquellos que ocuparon lugar en una lista del peronismo y quienes enfrentaron al partido, remarcan.
El antecedente de Prunotto, sobre el cual aún no hubo dictamen a favor de la UCR en cuanto a la expulsión, sienta un antecedente. Así mismo, todo está por ser evaluado por el Tribunal.
En el caso de los intendentes que trabajaron para el frente electoral de Provincias Unidas, el desafío que deberán enfrentar, no se remite solamente a la suerte del dictamen del Tribunal. La verdadera sentencia se dará en el 2027 para los que tengan la posibilidad de repetir mandato y deban pedirle el sello al partido. Desde el oficialismo radical echaron a correr hace tiempo la versión de que los que se fueron a trabajar con el PJ, deberán negociar con los nuevos socios para que los elijan como candidatos propios, frente a los aspirantes locales a las intendencias, del propio peronismo. Mientras tanto el oficialismo provincial piensa en Provincias Unidas como un proyecto a largo plazo, con todos adentro.
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