Otra estocada de la industria del juicio

Por Javier Boher 
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Todos los trabajadores tenemos derechos laborales independientemente de nuestro estatus legal. Incluso aquel que está en negro puede reclamar por aquello que se hizo mal durante el tiempo que duró la relación laboral. Esto es producto de largo tiempo de tensiones, conflictos y acuerdos (“lucha” en la jerga de la izquierda) y está bien que exista, porque nadie debería dejar la vida en el trabajo.
Como todo constructo social, los derechos de segunda generación -y las normas que los consagran- van siendo puestos en tensión cada vez que cambia el contexto cultural y tecnológico. No se puede pensar la cuarta revolución industrial con la cabeza de la segunda, porque inevitablemente se va a fracasar.
Argentina tiene una legislación laboral rigurosa y con altos costos laborales, que no tienen tanto que ver con las leyes en sí como con los esfuerzos por torcerlas y manipularlas. Mientras miles de personas trabajan de manera precaria, sin aportes y al margen de las normas básicas de seguridad, hay todo un universo de abogados dispuestos a destruir lo poco que queda del trabajo formal y en relación de dependencia que queda dando vueltas. No se trata de defender los derechos de los trabajadores sino de apretar al privado para hacer una moneda, incluso si eso implica la destrucción de esa empresa.
La última noticia en ese sentido fue el caso del mozo despedido del restaurante Piegari, en Buenos Aires, durante la pandemia. Esta semana se embargaron las cuentas del dueño (que no puede hacer frente a sus obligaciones con trabajadores, Estado y proveedores) porque debe pagar una indemnización de 200 millones de pesos, unos 135.000 dólares. 
La cuenta resulta exagerada por varios motivos, pero el más importante es la arbitrariedad de la aplicación de las leyes en este país, particularmente las laborales. La cosa (de manera muy superficial) implica que al trabajador le reconocieron un 60% de sus ingresos que eran en negro por propinas, más la doble indemnización por haber sido despedido en pandemia. 
Sacando las penalizaciones por aportes no hechos o pagos imparciales de aquel 2020 (recordemos cuánto tiempo estuvieron cerrados los restaurantes durante la cuarentena estricta del kirchnerismo), podemos hacer una cuenta rápida. Al momento de terminarse, la relación laboral llevaba 26 años. Por la doble indemnización se pagó como si dicha relación hubiese sido de 52, pero además reconociendo ese 60% de ingresos en negro que no dependían del dueño, sino del aporte de los consumidores. Al final de la cuenta cobró cinco veces lo que hubiese sido de pagarle sobre el sueldo en blanco y por los años trabajados.
Esta cuestión se complejiza por el lugar en el que se ponen los incentivos, ya que el trabajador se resistió a reincorporarse al trabajo amparado en una dispensa por tener EPOC. Así, tras casi 30 años de relación laboral (que por su duración hay que presumir buena), al empleado le convenía encontrar la forma de que todo se desenvuelva del modo que ocurrió ahora, que va a cobrar lo suficiente como para tener una renta (con un cálculo conservador) superior a un salario promedio.
No sabemos cómo son el empleado ni el empleador, por lo que no vale la pena juzgar la calidad moral de cada uno. Lo verdaderamente importante son las consecuencias de las acciones de uno y otro, pensando particularmente en todos los que no tenían que ver con la situación del conflicto: hoy corren riesgo más de 50 puestos de trabajo por la posible quiebra de la empresa.
No se trata acá de dejar sin protección legal a los trabajadores, sino de entender que este tipo de fallos contribuyen a aumentar la precarización, porque nadie se quiere arriesgar a tener que pasar por esto. A raíz de esto es que se simulan ventas de empresas y cambios de razón social, se abusa de herramientas como el monotributo o se los contrata por cortos periodos de tiempo. Nadie quiere correr el riesgo de tener que pagar tanto más que lo que estaba estipulado a la hora de emplear, empujando a cada vez más gente a formas precarias de empleo.
El trabajador despedido fue contratado en 1994. En la tele era furor Grande Pa, no había celulares, Menem recién iba por su primer mandato, se estaba reformando la Constitución y el primario era hasta séptimo grado. No habían pasado la crisis de 2001, la de 2008, ni la de 2018; no había redes sociales, inteligencia artificial, ni apps de delivery. En el medio cambió todo, incluida la industria del juicio, avalada por unos vivos que en lugar de ayudar a modernizar la legislación laboral para seguir reconociendo los derechos sociales que les corresponden a los trabajadores siguen demoliendo lo poco que queda para poder ganar unas monedas. Elegir mirar este tipo de fallos con ojos de “qué bien que tiene que pagar el empresario explotador” es no ver que los que terminan pagando ese costo son todos los trabajadores (particularmente jóvenes) que quizás nunca tengan un trabajo en blanco en su vida.