Demagogia punitiva

Por Javier Boher 
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Todo político debe tener cuidado de no caer en la demagogia, esa práctica de usar promesas excesivas o fantasiosas para conseguir el favor popular. La tentación existe porque es muy fácil confundir el reconocimiento de la gente con el buen gobierno, aunque la inmensa mayoría de las veces el fervor popular es un mal indicador para definir una buena gestión.
El caso del impuesto al metano que propuso una legisladora kirchnerista ilustra muy bien el punto, ya que regular o gravar cualquier actividad con la excusa de las buenas causas del progresismo fue la receta que el kirchnerismo aplicó con éxito decenas de veces. Pasó con las actividades económicas primarias, con los medios de comunicación y con cualquier otro campo de la vida social que se presentara fértil para las aventuras de la izquierda redistributiva e igualitaria. La aplicación de la justicia también, por supuesto.
Esta última referencia viene a colación por el nuevo proyecto del gobierno libertario para reformar el Código Penal. Entre los cambios de los que se habla se encuentran endurecer las penas para algunos delitos (como los de índole sexual y algunos tipos de homicidio), penalizar actividades poco o mal reguladas (como el cibercrimen), modificar la edad de imputabilidad y actualizar y ordenar normativas que hoy dificultan su aplicación (como las vinculadas al terrorismo, los delitos de índole económico, la corrupción o las cuestiones electorales). Otra cosa que se sabe hasta ahora es que no habría cambio opuesto o un relajamiento de las penas en las cuestiones vinculadas a violencia de género, aborto, tráfico de personas o delitos ambientales, uno de los grandes temores de los detractores del proyecto.
Uno de los antecedentes para desconfiar de que una reforma de esta magnitud pueda cambiar las cosas es que en general Argentina ha endurecido las penas a lo largo de las últimas décadas, al menos desde Juan Carlos Blumberg hasta acá. Sin embargo el delito crece, por lo que quizás el problema no esté en las leyes, sino en su aplicación. 
La demagogia del kirchnerismo estuvo en el garantismo zaffaroniano que caricaturizó la aplicación del derecho. La visión de que hay ciertas personas o colectivos que han sido “víctimas del sistema” relativizó la aplicación de las penas bajo una extraña convicción de que esas personas ya habían pagado sus deudas en vida por haberse encontrado siempre en una situación social desfavorable. Esa visión del mundo generó un ruido entre las normas y su aplicación, que aprovecharon algunos para contradecir los acuerdos sociales básicos que sostienen unida la sociedad. Lo que en los papeles podía tener algo de razón terminó pervirtiendo todo el sistema penal en la práctica.
Así como los impuestos no hacen por sí mismos sociedades más justas o igualitarias (como vimos con tantos proyectos de gravámenes nórdicos para un Estado que todavía no puede cambiar las luces de las plazas), las leyes más duras no hacen sociedades más seguras. La clave está en la existencia de normas acordes a lo que puede hacer cumplir el Estado, porque la inconsistencia entre la ley y la aplicación de justicia solamente genera más desconfianza en la gente cuyas vidas se pretende regular.
La gente demanda más seguridad, un tema muchas veces opacado por los grandes problemas económicos y que sigue empeorando poco a poco. Ojalá estas reformas que se proponen no sean otra muestra más de incapacidad maquillada con demagogia; discursos que hacen ganar elecciones sin que nada realmente cambie.