Conflicto por desregulación de autopartes a vender en las chacaritas

Las cámaras que agrupan a los fabricantes de autopartes, los comerciantes de repuestos y los talleres de reparación, enviaron una nota al secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, en la que cuestionan la decisión del Gobierno que amplía de 30 a 142 las autopartes habilitadas para regresar al circuito de comercialización una vez desechadas. Advirtieron que “la medida puede afectar la seguridad tanto de las personas como del tránsito y el empleo”. Hay preocupación en el sector por la intención de Federico Sturzenegger de eliminar las homologaciones de calidad.

Hace una semana la Secretaría de Industria y Comercio amplió de 30 a 142 el número de autopartes que pueden ser recuperadas y reutilizadas en desarmaderos registrados. La medida apunta a reducir sus precios y la venta ilegal de piezas, además del costo de los seguros. La Resolución 188/2024 se publicó en el Boletín Oficial y en sus considerandos afirma que “la recuperación de autopartes para su reutilización y reciclado es una estrategia para la gestión de los vehículos al final de su vida útil, no sólo con el objetivo de evitar que estas piezas terminen en mercados ilegales sino que además permiten evitar el consumo de nuevos recursos y materias primas por el reuso como así también la recuperación de diferentes materiales que resultan de insumo para la industria recicladora argentina, que requiere de estos recursos para sus procesos productivos”.

“Incucai de los autos. Gran logro de la Secretaria de Comercio y de la Superintendencia de Seguros. Se amplía el rubro de autopartes q pueden reciclarse. Repuestos más baratos, es seguros más baratos y menos robos de autos. Un papelito menos q nos hacía más pobres”, celebró el ministro Sturzenegger, en su cuenta de la red social X (la ex Twitter).

Con la idea de bajar el costo de los repuestos y el precio de las pólizas de seguro, el ministerio de Economía amplió esta semana la lista de autopartes de los vehículos dados de baja a través de los desarmaderos que están habilitadas a regresar al circuito de comercialización.

La carta enviada a Lavigne lleva la firma de las cámaras que agrupan a los fabricantes de autopartes, los comerciantes de repuestos y los talleres de reparación pide “reconsiderar” la modificación realizada en la ley 25.761. Los empresarios califican al asunto como “sumamente sensible” y señalan que, en la medida en que no se aseguren mecanismos eficaces de prevención y control, la pretensión de ampliación atenta contra la facultad de control de ventas de piezas de origen ilícito.

Advierten que “ampliar el número de autopartes dificultará el control legal favoreciendo la relación rentabilidad-riesgo del comercio con productos de origen ilícito”, por lo que se podrían generar mayores incentivos para el robo de autos. Aseguran que las estadísticas siguen siendo alarmantes y que durante los meses de abril y mayo los robos de autos crecieron un 30%.

En cuanto a los aspectos regulatorios, observaron que el listado incluye definiciones genéricas como mangueras o válvulas de aire, pero sin dar precisión sobre las piezas específicas que incluye, lo que impide el adecuado control del cumplimiento de la normativa por lo que consideran que convirtiendo en letra muerta cualquier reglamentación.

“No es menor de destacar que en muchos de los artículos incluidos hay repuestos que son fabricados de manera local, por lo que esta medida podría perjudicar el empleo registrado de toda la cadena de valor con gran participación de pequeñas y medianas empresas”, resalta la nota.

Otro factor de desacuerdo es uno que anticipó Sturzzeneger: el Gobierno buscarán eliminar el Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS). Las cámaras indicaron: “No es verdad que el CHAS alcance a todas las autopartes. El certificado, como su nombre lo indica, es obligatorio solamente para todas las autopartes que se destinan al mercado de reposición y están involucradas con los sistemas de seguridad del vehículo”.

El certificado está originado en la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, que establece las condiciones de seguridad que deben cumplir tanto los vehículos que se fabriquen e importen para ser librados al tránsito público, así como las autopartes de seguridad. La Unión Europea y también Brasil tienen esquemas muy similares, tanto para autopartes como para vehículos.

“Obviamente una autoparte de seguridad que tiene una certificación para asegurar la calidad necesaria en piezas críticas y sensibles, es más costosa en comparación con una de baja calidad y prestación dudosa. Lo barato, en estos casos, sale muy caro. Con respecto a que los siniestros viales tienen como causa principal, casi única, al error humano y no a fallas en las piezas; efectivamente creemos que en gran parte es gracias a la vigencia del CHAS”, agregan.

Además sostienen que ven “con total beneplácito los esfuerzos e iniciativas tendientes a desburocratizar y desregular la economía, y entendemos el gran esfuerzo que ello implica. El propio sistema de CHAS sin dudas tiene oportunidades de mejora y de hecho en los últimos seis meses hubo avances significativos en ese sentido. Pero creemos necesario reflexionar acerca de las implicancias sobre la sociedad que podría tener la adquisición de vehículos y autopartes que no cumplan con las normas de seguridad activa y pasiva por no contar con un sistema de LCM (Licencia de Configuración de Modelo) o el CHAS”.

En esa línea indican que hay casos en donde la prevención resulta mucho más eficiente que una remediación imposible. El primer punto, insisten, es que el CHAS no alcanza a todas las autopartes, sino que está apuntado al mercado de reposición de los sistemas de seguridad del vehículo y, el segundo, es que la Unión Europea y Brasil tienen esquemas muy similares.