El déficit habitacional ya es un problema estructural en el país

El déficit habitacional es un problema persistente en el país. El regreso de los créditos hipotecarios es muy reciente y hay problemas en la mayoría de los interesados porque sus ingresos no alcanzan para tomarlos. El 31% de la población todavía no logra acceder a una vivienda propia, mientras que el techo para un 17,4% (o sea, casi 8 millones de personas) es alquilado. A su vez, menos de la mitad (40%), de quienes sí cuentan con vivienda particular, tiene la documentación correspondiente (escritura; crédito hipotecario). 

Los inquilinos enfrentan, cada vez más, la incertidumbre en los contratos y el alto porcentaje de los alquileres. El aumento de los precios, en muchos casos por encima de la inflación, coloca una pesada carga financiera sobre las familias que destinan hasta un 30% de sus ingresos para pagar la renta. Esta situación se ve agravada por la falta de regulación en el mercado de alquileres, donde los convenios suelen ser precarios y las garantías exigidas resultan inaccesibles para muchos.

Desde la Fundación Colsecor consideran que el tema debe estar en la agenda pública y elaboró un reporte que pone de manifiesto la magnitud del problema. El acceso a servicios básicos como gas, agua potable y cloacas sigue siendo desigual en Argentina. Si bien una parte considerable de la población tiene llegada a estos servicios a través de la red pública, aún persisten disparidades significativas, especialmente en áreas rurales y asentamientos informales. Ese déficit no solo afecta la calidad de vida de los hogares, sino que también contribuye al ciclo de pobreza y exclusión social.

Según los últimos datos de Indec, sólo el 57,4% de la población en viviendas particulares cuenta con cloacas. A su vez, el gas de garrafa es utilizado todavía por el 43,9% de la población. Vale aclarar que el gas licuado llega a ser hasta 1.000% más caro que el combustible por red. En el caso de cloacas, mientras que en una provincia como Chaco sólo el 32,4% de la población de viviendas particulares cuenta con desagüe a cloaca; en Córdoba es del 40,5%; en La Pampa es de 67,5%; en Chubut ese porcentaje es de 81,1% y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es del 98,5%.

Algo parecido ocurre con la distribución del combustible para cocinar, pero aquí la brecha no es por provincias, sino a nivel regional. El mapa del censo muestra que en el NEA (Noreste), el gas natural brilla por su ausencia. En Formosa, sólo el 0,9% de la población cuenta con gas natural; en Corrientes: el 1,1%; Chaco: 1,2%, Misiones: 2,5%. Entre Ríos es la provincia con mejor porcentaje (26,5%) de la Mesopotamia, pero muy alejado de la media nacional (48,6%). Estas cifras no hacen más que demostrar el desbalance en políticas públicas: el desarrollo de la ingeniería y construcción de infraestructura troncal para el abastecimiento de gas en red es costoso y requiere de la inversión que materialicen los gobiernos (tanto a nivel nacional, como provincial).

Respecto al acceso al agua corriente por cañería dentro de la vivienda, el promedio nacional es del 93%, pero hay nueve provincias por debajo de ese promedio y tres muy distantes de esa cifra: Santiago del Estero (71%) Formosa (73,7%) y Chaco (78,6%).

A nivel total, casi cuatro de cada diez hogares (35,5%) no cuenta con techos con revestimiento o cielorraso y un 17% cuenta con pisos no consolidados (de ladrillos sueltos o tierra).  Lo que Indec califica como “rancho o casilla” con salida directa al exterior -la primera, tiene paredes de adobe, piso de tierra y techo de chapa o paja, y la segunda está habitualmente fabricada con materiales de baja calidad o de desecho- alcanza al 2% en el país, y en los extremos inferiores se encuentran Santiago del Estero (5,8%); Salta (5,7%); Chaco (4,6%), Corrientes (4,4%) y Formosa (4,3%).

En cambio, La Pampa es la provincia con menor cantidad de viviendas tipo rancho o casilla (apenas un 0,27%). A su vez es de las pocas jurisdicciones que presenta buenas condiciones por encima de la media en todos los indicadores (el 99% tiene agua por cañería dentro de la vivienda, el 90% gas de red, el 95,1% pisos con revestimiento, el 85% techos con aislación, entre otros).

Alquileres

Hay provincias donde el porcentaje de personas que alquilan es más alto que en otras regiones: el ejemplo más claro es el de CABA (el 34,8% las personas censadas respondieron que alquila). Tierra del Fuego cuenta con 32,3% de viviendas particulares alquiladas. Le sigue Córdoba, con casi un cuarto de su población habitando una vivienda en alquiler (24,2%). Luego, Chubut, con 21,2%.

Un trabajo académico de Daniela Gargantini, investigadora de Conicet y del Centro Experimental de la Vivienda Económica, da cuenta de que en Córdoba el alquiler dejó de ser un instrumento de transición en el camino hacia la propiedad privada, para ser un modo de vida permanente. Sin embargo, se convirtió en una opción cada vez problemática, “vinculado con la falta de regulación y gestión del suelo urbano que lo hace inaccesible, tanto como por la escasa y homogénea producción habitacional promovida desde los diversos niveles del Estado”, señala la investigadora.

A los datos hay que analizarlos en contexto. Es muy diferente la situación en los cordones conurbanos de CABA-Buenos Aires con el panorama en Tierra de Fuego, donde es alta la tasa de alquiler por la composicional demográfica de sus habitantes (viven allí temporalmente por razones laborales).

La incidencia del alquiler es, en general, alta: un tercio de las familias destina más de la mitad de sus ingresos para pagarlo. Más de un tercio de los hogares alquila una pieza con baño y/o cocina compartida, o una cama en una pieza. Un 22% de los hogares vive en condiciones de hacinamiento crítico, y un 38% convive con una o más familias, en una situación de hacinamiento por cohabitación.

Más de la mitad de los hogares vive en viviendas poco adecuadas o inadecuadas, y en un hábitat deficitario. Siete de cada diez inquilinos no tiene un plazo acordado para el alquiler; siete de cada diez hogares debieron mudarse en los últimos cinco años. El trabajo que hizo el equipo de investigación, tuvo lugar en 445 barrios populares, de los cuales 151 corresponden a CABA y 294 a barrios del GBA. Los casos de CABA corresponden en su totalidad a villas (el 34% de la muestra), mientras que los de provincia de Buenos Aires son asentamientos (el 66% de la muestra).