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title: "Bajo presión, Flores renunció y el Panal quiere shock de olvido"
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description: "El bloque oficialista busca ahora dar vuelta la página y recuperar el manejo de la agenda. El cacique departamental se ubicó como víctima de una campaña de difamación y descalificación personal. Los coletazos por la crítica de Vigo."
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author_name: "Yanina Soria"
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# Bajo presión, Flores renunció y el Panal quiere shock de olvido

![ilustra-drone-con-agenda-del-panal-a-la-legislatura](/download/multimedia.normal.b9d7ce0abe3783e2.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

El peronismo cordobés respiró aliviado ayer cuando, a última hora de la tarde, el legislador Ramón “Cañito” Flores presentó su renuncia indeclinable a la banca que ganó por el departamento Río Seco en el 2023. El costo que venía asumiendo el PJ, era alto. Tanto, que hasta la propia senadora Alejandra Vigo sorprendió marcando un posicionamiento distinto al del gobernador Martín Llaryora en torno a este último escándalo.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia porque considero que, en determinadas circunstancias, preservar la tranquilidad, la dignidad personal y el respeto por las instituciones también implica saber cuándo dar un paso al costado. Esta decisión no significa reconocer ninguna de las acusaciones que se han formulado en mi contra, sino todo lo contrario: es una decisión personal adoptada con absoluta convicción y con la tranquilidad de quien sabe que ha actuado de acuerdo con sus principios y responsabilidades”, dice el texto de renuncia ingresado por CIDI ayer a las 19.56 horas

Al cacique peronista se le había aprobado una licencia por seis meses la semana pasada, tras el escándalo que se desató cuando se supo que uno de sus asesores quedó detenido en el marco de una causa gravísima en la que se investigan los delitos de grooming, abuso sexual y presunta explotación sexual infantil en el norte cordobés, por la que hay otros 14 aprehendidos.

Rápidamente la polémica se transformó en (otra) crisis para el oficialismo que salpicó a muchos, y que dejo bajo la lupa de la oposición y de la opinión pública la política de ingresos a la Legislatura, la transparencia y el uso del poder como facilitador de un entramado de irregularidades. Los bloques no peronistas fueron por más y pidieron la expulsión de Flores. El PJ, lo bloqueó.

Hasta ayer, la decisión era la de sostener la licencia salvo dos escenarios: uno, que presentara la renuncia; dos, que la Justicia lo imputara. Recién ahí entonces, se podría avanzar de otra manera. Antes, nada, decían. Pues la estrategia sostenida por el gobernador Martín Llaryora fue la de no ceder a la presión de la oposición ni a los medios de comunicación.

El gobernador ya mostró en otras oportunidades esa misma reacción frente a dirigentes cuestionados y sostenidos por el Panal mientras no exista una definición judicial que indique lo contrario. A diferencia del intendente Daniel Passerini que se mostró mucho más expeditiva frente a otros escándalos, el mandatario insiste en privilegiar la presunción de inocencia.

Ese estilo, quizá, le valió una crítica inesperada que descolocó hasta a los propios: la de la senadora Alejandra Vigo quien consideró que Flores debería renunciar.

Lo dijo públicamente apenas unas horas después de que la bancada oficialista donde ella también tiene representantes le aprobara el pedido presentado por el legislador de Río Seco. Por supuesto que esas palabras, escuetas pero categóricas, no cayeron nada bien en el seno del llaryorismo desde donde le bajaron el precio asegurando que, en realidad, tiene un solo destinatario y es el legislador departamental.

Desde el entorno de la senadora, por su parte, aseguraron que sólo fue la respuesta a una pregunta periodística, pasando por alto que, si algo ha demostrado Vigo a lo largo los años, es que no contesta lo que no quiere. Por eso su mensaje claro y contundente se leyó perfectamente en esos términos, pues apuntó a marcar una diferencia con Llaryora. Es más, la legisladora nacional le atribuyó a la situación de Flores una gravedad que, a su criterio, no estaba viendo el oficialismo provincial.

Finalmente, bajo presión, el parlamentario en cuestión decidió allanarle el camino al gobernador y descomprimir la situación en la Legislatura que esta semana volverá a sesionar. En su carta de renuncia, se ubicó como víctima de una campaña en su contra y advirtió que llevará a la Justicia a quienes lo difamen.

“En los últimos tiempos he sido objeto de una campaña de difamación y de descalificación personal que, lejos de constituir una crítica legítima o un debate basado en hechos, considero que responde a intereses y estrategias de determinados sectores de la política local. Se trata de personas que conozco y que forman parte de una comunidad pequeña, donde todos nos conocemos, y cuyas acciones y responsabilidades no pueden permanecer indefinidamente en el anonimato”, escribió.

“Lamento profundamente que quienes no han logrado dirimir sus diferencias y aspiraciones en el ámbito democrático y mediante el voto popular recurran ahora a mecanismos de difamación, agravios y acusaciones que considero absolutamente injustos y alejados de las formas que deberían regir la vida institucional y política de nuestra comunidad”, agregó Cañito Flores.

Con esto, el oficialismo buscará sepultar la polémica en el ámbito legislativo y recuperar el manejo de la agenda esta semana. El miércoles habría sesión y el PJ buscará comenzar a tratar el programa Alivio Cordobés, una de las grandes apuestas del momento del gobernador como respuesta a la crisis.

Por otro lado, la grilla de temas se completará con el nombramiento del nuevo Juez Electoral, Guillermo Arias; y con la ley la adecuación del sistema procesal de Córdoba al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional que, entre otros puntos, bajó la edad de imputabilidad.   
De cualquier modo, en función de la gravedad de los acontecimientos, difícilmente la oposición suelte el tema Cañito.

De hecho, las primeras reacciones opositoras de ayer apuntan a que el PJ todavía debe dar explicaciones. Por su lado, el pre candidato a gobernador radical, Rodrigo De Loredo, dijo que instruyó a sus legisladores a presentar un pedido de juicio político a la vicegobernadora Myrian Prunotto, por mal desempeño e indignidad. “Desde que Prunotto es presidenta de la Legislatura el descontrol es total y las sospechas se multiplican. El caso del legislador Ramón Flores -que con la conformidad de la vicegobernadora designó cuatro asesores con antecedentes penales gravísimos- es el límite; ahora incluso desapareció la primera declaración jurada de Flores, presentada en 2007, lo que entorpece investigar su evolución patrimonial”, dijo.

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