El quiebre de la política revolucionaria de Salvador Allende

Por Daniel Alvarez Soza
Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales.
Doctor en Ciencia Política

El fracaso de la “vía político-institucional” entrañaba un grado muy alto de deterioro en las relaciones del Gobierno con la institucionalidad, con los grupos medios de las Fuerzas Armadas. El predominio de las tesis sobre la “vía insurreccional” llevaba ese fracaso hasta la crisis.

Joan Garcés meses después del golpe militar que derrocara al Gobierno de la Unidad Popular, diría que “el respaldo armado al Gobierno de Allende tenía un marco político y social de hierro, fuera del cual no se  prolongaba: el Estado de Derecho y la no agudización de las contradicciones entre proletariado y pequeña burguesía” (1).

A comienzos de 1972 se iniciaba un acelerado proceso de deterioro en la relación del Gobierno con los grupos medios, que habría de culminar dramáticamente en el “Paro de Octubre” y con la solución de esa crisis justamente mediante la incorporación de las Fuerzas Armadas al Gabinete, a lo que se agrega la destrucción de la institucionalidad, que corría a  parejas con dicho proceso desde bastante antes de las elecciones de marzo de 1973, y cómo el gobierno ya había entrado en abiertos y dramáticos enfrentamientos con los demás poderes del Estado.

“El “marco político” y social de hierro” que condicionaba “el respaldo armado” de los militares se encontraba pues gravemente corroído, y este hecho era percibido claramente por la opinión pública que conocía de un creciente malestar al interior de los cuarteles”.

“Además, el 27 de marzo de 1973, las Fuerzas Armadas se habían retirado del gabinete a insinuación del propio Allende, apenas 25 días después de la celebración de las elecciones generales de Parlamentarios. A partir de ese momento, conforme lo habían advertido observadores políticos chilenos y gran parte de la prensa extranjera, Allende empezaría a pagar de manera muy costosa su “hábil jugada política” con que superó la crisis de octubre (Paro)”.

“Como se ha dicho al analizar las elecciones de marzo de 1973, la presencia de las Fuerzas Armadas en el Ministerio había significado una pausa en el proceso revolucionario. Durante los cinco meses de su permanencia no se había firmado un solo decreto de insistencia. Veinte días después del retiro de los uniformados del Gabinete, el gobierno atropellaba definitivamente al poder contralor al firmar la insistencia de decretos que afectaban a 43 empresas cuyas requisiciones la Contraloría General de la República había tachado de ilegales” (2).

“La presencia de los militares en el gabinete redujo las expropiaciones del período noviembre de 1972- marzo de 1973 a alrededor de un 15 % de los montos totales expropiados en esos mismos meses en los años 1970- 71 y 1971-72. Esta disminución del ritmo de la Reforma Agraria duraría aun otros dos meses, pero a partir de junio y hasta agosto de 1973  -a pesar de que Allende había anunciado que la expropiación de los latifundios había culminado en marzo de ese año- su ritmo alcanzaría los más altos niveles: así, entre junio y agosto de 1971 se expropiaron 584 predios con 539. 890 hectáreas; en los mismos meses del año siguiente esas cifras serían de 465 predios con 380.726 hectáreas; y en junio-agosto de 1973 el total de predios expropiados sería de 648 con 599.922 hectáreas” (3).

Ciertamente Allende no había comprometido con las Fuerzas Armadas, ni su política, ni su programa. Así lo precisó en múltiples declaraciones. Pero también ninguna expresión de voluntad podía destruir el hecho político de que la solución de la crisis de octubre había puesto a los militares en una posición de arbitraje y por sobre el conflicto. “Por eso, durante  su permanencia en el Ministerio, las Fuerzas Armadas logaron dar al país en un periodo  caracterizado por la tensión política que desataba la lucha electoral un importante grado de confianza y de “paz social”. Su retiro del Gabinete revivió el conflicto, peligrosamente agravado, lo que de modo inevitable robusteció en los militares  -como también en importantes sectores de la ciudadanía- la idea de que las Fuerzas Armadas eran el único poder en condiciones de superar la crisis. En el tiempo esta apreciación fue ganando terreno con los hechos, pues el sistema político se mostraba absolutamente incapaz de dar una salida institucional al conflicto.

Más no sólo el fracaso de la vía “político-institucional” repercutía en la política de Allende frente a las Fuerzas Armadas. El surgimiento de la “Vía insurreccional” creaba en este aspecto nuevas y mayores dificultades. “La prédida del enfrentamiento era inevitable; de la necesidad de contribuir a la insurrección mediante la organización de un complot; la concepción de los cordones industriales y de los comandos comunales; y los rumores cada vez más insistentes que existía un poder popular que se armaba, deterioraban hasta más allá de lo razonable las relaciones del Gobierno de Allende con los militares” (4).

“Desde la oposición y desde el inicio del Gobierno la Democracia Cristiana había planteado el control de armamentos como uno de los aspectos fundamentales de su acción política.

Recordemos que su decisión de votar por Allende en el Congreso Pleno había sido adoptada bajo el compromiso  -incorporado a la Constitución- de un Estatuto de Garantías Democráticas que consultaba en uno de sus acápites fundamentales el rechazo a la existencia de cualquier forma de organización armada paralela a las Fuerzas Armadas. Cuando el transcurso del tiempo hizo evidente que este compromiso estaba siendo quebrantado, y especialmente después del asesinato de Edmundo Pérez Zujovic en junio de 1971. El senador democratacristiano Juan de Dios Carmona propuso la aprobación de una “ley de control de armas”, que entregaba al Ejército, la Armada, la Aviación y Carabineros, la función de controlar todo armamento que existiera en el país y que castigaba con fuertes penas la posesión ilegal de armas. La aprobación de esta iniciativa legal es uno de los hechos demostrativos de  la abrumadora ambigüedad táctica que caracterizaba a todo el Gobierno de Allende”.

“Contra esta iniciativa se dirigió la influencia del Partido Socialista y del MIR, exigiendo del Presidente de la República que la vetara, hecho que por sí solo habrían bastado para impedir su transformación en ley, pues, como hemos dicho reiteradamente, la oposición habría requerido, para hacer primar su criterio, de los dos tercios de los votos de los parlamentarios de cada rama del Congreso, mayoría que no reunía. Sin embargo, para Allende vetar esta iniciativa equivalía a sembrar en las Fuerzas Armadas una profunda  desconfianza acerca de los reales propósitos de su Gobierno”.

“Como en tantas otras oportunidades, el Presidente de la República fue presa del mismo dilema: o acceder a la demanda de los “ultras”, encabezados por el propio Secretario General del Partido (Carlos Altamirano) y pacificar su legitimidad democrática o jugarse lealmente por lo que era la visión táctica que pregonaba en sus discursos e imponerla inequívocamente a los Partidos de la Unidad Popular. Empero, como en tantas otras oportunidades también, el Presidente de la República prefirió mantenerse en la ambigüedad y eludir esa definición acudiendo para ello a sus inacabables habilidades para manipular pequeñas coyunturas políticas de corto plazo: vetó el proyecto  -con lo cual aparecía acogiendo el clamor de los “ultras”- ; pero los vetos del Presidente fueron enviados con inexcusables errores formales que hacían imposible su consideración por el Congreso  -con lo cual la ley pudo promulgarse y las Fuerzas Armadas el respeto de su monopolio sobre las armas” (5).

La aplicación de la ley de control de armas trajo consigo un nuevo y amenazante factor de deterioro en la ya muy destruida política militar del Gobierno. Al respecto es interesante volver a citar a Garcés: “el Gobierno podía contar con el respaldo del sector constitucional (de las Fuerzas Armadas). Pero éste, a su vez, sólo podía contener y neutralizar a la mayoría antisocialista de la oficialidad si el Gobierno respetaba la estructura del cuerpo de las Fuerzas Armadas. Vale decir, su jerarquía y verticalidad internas, sin mediatizaciones políticas. La renovación de sus cuadros dirigentes podía hacerse únicamente de forma gradual. La unidad y coherencia de la oficialidad pasaba por el respeto del poder civil gubernamental a su organización interna. Atentar contra esta última, significaba quebrar el precario equilibrio interno que se había establecido. Y en caso de rompimiento, la línea de fractura de las Fuerzas Armadas ofrecía pocas dudas. En ningún caso iban a constituirse en el brazo armado de la clase obrera” (6).

Pues bien, a partir del 29 de junio, la Unidad Popular desarrollaría tres líneas de acción que se encaminaban a la destrucción de la estructura interna de los cuerpos armados profesionales. Analicémosla separadamente.

En primer lugar, la prensa y los grupos parlamentarios de la Unidad Popular comenzaron a sindicar, públicamente, con nombres y apellidos, a los oficiales que juzgan “golpistas”, “sediciosos” o  “enemigos del Gobierno popular”. Este hecho, absolutamente desconocido en el país, tuvo por efecto inmediato fortalecer el sentido de cuerpo, de por si extraordinariamente desarrollado de los militares, en términos que las Fuerzas Armadas empezaron a reaccionar como un solo hombre frente a estas provocaciones. Al respecto, la prensa de la época está plagada de este tipo de denuncias. Vale la citar algunas a manera de ejemplo:

“El 4 de agosto, en la ciudad de Punta Arenas, el Comandante de la Quinta División del Ejército, General Manuel Torres de la Cruz, dispuso un operativo para allanar ocho industrias de la zona en busca de armas. Como consecuencia de estos hechos resultó muerto un obrero. La CUT de la Provincia de Magallanes  propuso “a las organizaciones sindicales la remoción inmediata del Gral. Torres de la Cruz, responsable directo de los acontecimientos”, a esta reacción de los trabajadores de Magallanes, siguieron declaraciones de la Brigada Parlamentaria Socialista en que “repudia y rechaza vigorosamente los reiterados atentados a la tranquilidad pública de la provincia de Magallanes, realizados por un “sátrapa” que desgraciadamente ostenta el grado de General de Ejército. Siendo Intendente (del propio Gobierno de Allende), no dejó tropelía por cometer en contra de la gente humilde y modesta de la zona austral”. Al parecer, quería o quiere convertirse en una especie de César sin corona o con grado de General” (7).

“El 21 de julio, el Comité regional del Partido Socialista del puerto de San Antonio, la CUT de la misma localidad, los Cristianos para el Socialismo, el Comité Regional del MIR y una veintena de organizaciones intermedias controladas por la Unidad Popular, se dirigían “al Gobierno de Salvador Allende y al Alto Mando del Ejército” pidiendo la destitución del Comandante de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, Teniente Coronel Manuel Contreras Sepúlveda, en los siguientes términos: “exigimos al compañero gobernador de San Antonio, al Ministro de Defensa Clodomiro Almeyda, y a las autoridades militares que corresponda, que se remueva y sancione a este oficial reaccionario por sus actitudes y acciones contra el Pueblo. Exigimos que el gobierno no se deje atropellar en sus atribuciones, que el Ministerio de Defensa, de Interior, las Intendencias y Gobernaciones exijan fuertemente la subordinación de todos los institutos Armados a su autoridad, que el Gobierno procese de inmediato por subordinación a todo oficial que utilice fuerza armada sin la orden de la autoridad civil. Llamamos a las organizaciones de los trabajadores… a exigir la destitución de los uniformados que conspiran contra el pueblo” (8).

“Una segunda línea de acción y propaganda que tendía a destruir la estructura interna de los institutos armados la constituía el intento de contraponer a los oficiales con los suboficiales, clases y soldados” (9). Desde un principio fue común encontrar análisis marxistas que tendían a representar como una realidad inamovible la presencia de fuertes contradicciones en el seno de las Fuerzas Armadas. Estas afirmaciones tan tajantes parecían ser el resultado de una simple extrapolación mecánica de las diferencias de explotados y explotadores al interior de los cuarteles. Así, los oficiales, cuyo origen social predominante era la pequeña burguesía, estarían en contradicción con los suboficiales, clases y soldados, que provendrían principalmente del proletariado y campesinado. Es muy probable que esta generalización hecha en nombre del marxismo, haya sido uno de los fundamentos “ideológicos” que justificaban en la ultraizquierda” la irracional cadena de  provocaciones desatada en contra del Ejército.

“En no pocos casos, también, la acción propagandística buscaba  contraponer a los “militares leales” con los oficiales golpistas”, introduciendo de esta manera en las Fuerzas Armadas una nueva cuña.

“Al respecto, vale la pena citar el discurso de Altamirano pronunciado el 12 de julio de 1973, donde textualmente señaló: “llegado el caso de que algunos oficiales se alzaran, los oficiales, suboficiales, clases y soldados no tiene obligación de prestarles obediencia. Aún más claro: no sólo tienen el deber de negarse a acatar órdenes que signifiquen disparar contra el pueblo o participar en aventuras golpistas contra el Gobierno de los trabajadores, sino oponerse activamente a ellas” (10).

Bibliografía

1.- GARCÉS. Joan: “El Estado y los problemas tácticos en el Gobierno de Allende”. Siglo XXI de España Editores. España. 1974. Pág. 24.

2.- ARRIGADA. Genaro: “De la  vía chilena a la vía insurreccional”. Ob cit. Págs. 309-310.

3.- Datos de la Corporación de la Reforma Agraria. Citado por Arriagada. Genaro: “De la  vía chilena a la vía insurreccional”. Ob cit. Pág. 310.

4.- ARRIGADA. Genaro: “De la  vía chilena a la vía insurreccional”. Ob cit. Pág. 311.

5.- La Revista “Chile hoy” se refería a este error en el despacho de esos vetos hablando de una “equivocación” entre comillas: “En la práctica, la ley fue despachada sin los vetos que el Ejecutivo había propuesto por una equivocación irresponsable de algunos funcionarios. Esta “equivocación” (las comillas son de la revista) fue silenciada en la época  por la mayoría  de os partidos  de la Unidad Popular. Incapaces, además de denunciar públicamente ante el pueblo el verdadero peligro que encerraba la ley. Hoy cuando ya se ven sus efectos, todas las voces de la izquierda se levantan en su contra. Ya es hora de empezar a señalar responsabilidades…”. “Chile Hoy”, Nº 61;  semana del 10 al 16 de agosto de 1973. Pág. 5.

6.- GARCÉS. Joan: “El Estado y los problemas tácticos en el Gobierno de Allende”.  Ob. cit. Pág. 24.

7.- Declaración leída por el diputado Mario Palestro en la Cámara de Diputados el día 6 de agosto; su texto íntegro se puede consultar en diario: “El Mercurio”; 7 de agosto de 1973. Pág. 19.

8.-  Diario “Ultima Hora”, 24 de julio de 1973. Primera página.

9.-La Revista “Chile hoy”; Nº 62 semana del 17 al 23 de agosto de 1973. Pág. 13.

10.-Discurso de Carlos Altamirano, 12 Julio de 1973. Citado por ARRIGADA. Genaro: “De la  vía chilena a la vía insurreccional”. Ob cit. Pág. 316.