Omar Ludueña, empleado de planta permanente en la Legislatura, que desempeñaba tareas en el despacho de la legisladora radical Alejandra Ferrero, fue denunciado por presunto abuso sexual. Ferrero pidió su apartamiento. El caso aparece después de la causa Ramón “Cañito” Flores y abre un incómodo efecto boomerang para el radicalismo.