Por Javier Boher
Las escenas de represión de las últimas semanas son más fuertes que la normalidad de los últimos años. Sin embargo, solo una pequeña parte de la sociedad (muy pequeña, de hecho) insiste en decir que esto es una dictadura. No vamos a ignorar ciertas señales o tendencias de algunos miembros del gobierno, pero ponerle el mote es tan absurdo como cuando algunos insistían con lo de “diktadura”, incluso siendo que en aquel contexto el gobierno era bastante más poderoso.
Ayer hubo un hilo de Twitter muy interesante donde una historiadora, María Victoria Baratta, señalaba esta cuestión y arriesgaba que parte de la desconexión del kirchnerismo con la gente se puede ver en esta negación del mismo a reconocer a la cuarentena como una experiencia represiva. En aquellos meses de 2020 ella fue una de las militantes más fervientes para abrir las escuelas, lo que le valió todo tipo de ataques personales. El tiempo le terminó dando la razón.
Ayer se cumplieron cinco años de la cuarentena decretada por el coronavirus, ese virus llegado de oriente que cambió nuestra forma de vivir a niveles que todavía no alcanzamos a dimensionar.
Las decisiones dejaron a mucha gente sin trabajo, pero a otra se lo multiplicaron bajo una presión excesiva. Tengo familiares en el sector de la salud y aquellos meses de testeos y aislamientos en la más absoluta ignorancia fueron durísimos, muy distintos a los de los parientes judiciales que horneaban pan de masa madre, muy tranquilos en la comodidad del hogar.
La cuarentena fue una experiencia colectiva traumática, que afectó a millones de personas a un nivel muy profundo y durante mucho tiempo. No se puede ignorar que el gobierno de los Fernández fue la experiencia autoritaria más fuerte desde la dictadura, no como un brote represivo como el de 2001, sino sostenido y sistemático, planificado al punto de que solo se podía salir a la calle según el último número de documento. Para peor, muchos que se autoperciben críticos u objetores de conciencia guardaban mansa conformidad frente a todos esos abusos de poder.
Se resistieron a decretar el Estado de sitio pero apelaron a todo tipo de artilugios legales para limitar derechos como si lo fuera. Le armaron causas penales a miles de personas por salir a la calle. Cómo olvidar al entonces secretario de gobierno municipal, Miguel Siciliano, diciendo que le iban a decomisar el auto a los ciudadanos que violaran la cuarentena porque se usaba como un instrumento para cometer un delito, instando a la gente a denunciar a los que no acataran el decreto de aislamiento. Están los videos en los que habla sobre esto con los periodistas, lo que explica en parte porqué Milei prendió bien: la gente estaba encerrada en su casa y veía a políticos y periodistas moverse con libertad. Por eso siguen siendo tildados de casta o de ensobrados.
Para mucha gente aquello fue muy fuerte, aunque de un modo muy diferente al de la dictadura. No había uniformes, botas, ni censura activa, pero sí cancelaciones y persecuciones feroces, como la que vivió el surfer escarchado en todos los canales el primer día de aislamiento. Por el acoso se tuvo que ir del país, casi como si fuese un delincuente.
El lunes es feriado para recordar las atrocidades de la última dictadura en particular, pero de todos los gobiernos de facto en general. Se manifiesta, desde siempre, con la consigna de “memoria, verdad y justicia”, algo que fácilmente puede ser aplicable a lo que vivimos entre 2020 y 2021.
Memoria, porque no se puede olvidar que le impidieron a un padre entrar a la provincia para despedirse de su hija enferma, que se quisieron llevar detenida a una jubilada que quería tomar sol, que otro padre debió cargar con su hija en brazos por un tratamiento médico, que la policía tucumana quiso hacer desaparecer a un peón rural, que hubo varias decenas de muertos en confusas circunstancias por excesos en la aplicación de la cuarentena, que no se podía velar a los muertos o acompañar a los convalecientes. Siempre hay que recordar que todo esto pudo pasar, además, porque la gente dejó que pase; dejó que le quiten sus derechos y no le importó que pisen los derechos de los otros.
Verdad, porque todavía tenemos que saber qué pasó en las negociaciones por la Sputnik y la falta de ensayos clínicos confiables, el rechazo de la aplicación de la vacuna de Pfizer o la administración a niños de una vacuna china sin papeles que lo avalen (y que se sospechaba que nuestros chicos eran el registro de ensayo para la fase 4 de los estudios). Verdad porque hay que saber por qué pasó lo del vacunatorio VIP y hasta qué extremos llegó. Verdad porque hay que saber cómo se usaron los recursos del Estado, entre ellos los aviones oficiales que llevaban a la querida Fabiola a visitar a su familia en Misiones.
Justicia, porque nadie ha rendido cuentas por lo que pasó. Ni los responsables de salud, ni los de educación, ni las autoridades políticas. Hace falta cerrar esa herida haciendo pagar a los responsables, no pretendiendo que esto fue culpa de todos por igual. No debería ocurrir que se insista en eso porque así se diluyen las culpas de los responsables (que en Córdoba nos metieron un médico trucho, con los responsables con problemas por el encubrimiento de una serie de asesinatos seriales de bebés en el Neonatal o con una condena por violencia de género y abuso sexual).
Cada marzo que pase nos servirá para reflexionar sobre lo que significa para los ciudadanos que el Estado se extralimite en sus funciones.