PJ interesado en blindar a intendentes del fantasma de la revocatoria

Por Yanina Soria 

Cada vez que puede, el gobernador Martín Llaryora recuerda su pasado de intendente para explicar su debilidad por el municipalismo cordobés y la especial atención que pone sobre los alcaldes en general. Un activo que desde la función se lo reconocen propios y ajenos; de hecho, intendentes opositores han destacado públicamente el buen vínculo con el titular del Ejecutivo pero también la receptividad que dicen encontrar frente a distintas demandas planteadas. 

A Llaryora le interesa particularmente tejer un vínculo con los jefes de los gobiernos locales, sobre todo, cuando el mapa del intendentismo provincial quedó conformado por unos 300 hombre y mujeres que, por primera vez, están al frente de un municipio. 

Eso representa una oportunidad para al Partido Cordobés que desde la campaña del ´23 nunca más desactivó su modo Pac-Man justamente con intenciones de seguir sumando piezas a su estructura política. 

En nombre de la institucionalidad, hay otro objetivo: ampliar todo lo que se pueda la liga territorial de Hacemos, acción necesaria para la reelección del ´27. 

Se sabe, a lo largo de estos 25 años de peronismo ininterrumpido, el poder construido desde el interior resultó fundamental para construir los triunfos. El PJ protege lo que tiene, pero siempre quiere más. 

Y en ese sentido, “cuidar” a los intendentes está en la hoja de ruta del Gobierno. Hay apuntalamiento desde lo económico y, sin muchos más mostradores a dónde acudir (la relación de Nación con los municipios es casi nula), los jefes comunales aceptan todo. Eso incluye, fotos y actos junto al gobernador, por ejemplo. 

Entre tantas cosas del interior que miran desde el Panal, asoma una que por ahora no genera alerta, pero sí cierta inquietud: los procesos de revocatoria. En este momento, hay uno en marcha en la ciudad de Mendiolaza contra la intendenta del PRO, Adela Arning, y otro recientemente desestimado por la Justicia en la localidad de Anisacate contra su jefa comunal, Natalia Contini. 

Sobre esta situación concreta fue consultado el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, en su paso por Mesa Chica, el streaming de diario Alfil, dejando interesantes definiciones. 

“Yo no estoy de acuerdo con judicializar la política bajo ningún punto de vista”, arrancó diciendo de manera categórica. 

“Las elecciones se ganan con votos, a mí me parece que esos procesos tienen que ver con una coyuntura mínima local, que puede tener una amplificación en momentos donde se le tira con munición gruesa a la política, y los que llevan adelante ese proceso es muy probable que si logran ese objetivo después sea la otra minoría la que sale a tirar con munición gruesa. Yo estoy en desacuerdo, le hace mucho daño a la institucionalidad, tenemos una democracia joven y tenemos que seguir fortaleciéndola”, agregó el ministro coordinador de la política con los intendentes. Por el rol que ocupa dentro del gabinete y su cercanía con el gobernador, las palabras de Calvo representan la posición de la Provincia frente al tema. 

Bien vale apuntar que la revocatoria es una herramienta contemplada en la Ley Orgánica Municipal 8102, que rige desde 1987 cuando la Legislatura aprobó esa normativa para ordenar el funcionamiento de aquellos gobiernos locales que no cuentan con Carta Orgánica propia. 

A esa normativa hizo referencia el funcionario provincial cuando dijo estar a favor de modificarla y readecuarla a los nuevos tiempos, pues la sensación de un efecto cascada de intentos de “desestabilización” de gobiernos elegidos con el voto popular, sobrevuela. Sobre todo, cuando, producto de ese recambio generacional de intendentes que se produjo en el ´23, se pusieron fin a mandatos perpetuados en el poder local, tocando muchos intereses. 

Frente a ese mapa que no desconoce, el ministro Calvo fue más allá e instó a los legisladores a ocuparse del tema. 

“Yo vería con agrado que haya una actualización de esa normativa, espero que el Poder Legislativo pueda tomar cartas en el asunto”, dijo Calvo. Se refirió al bajo porcentaje de firmas que se necesitan para iniciar una revocatoria y pidió “abandonar los extremos y utilizar el sentido común: te presentas en un proceso electoral y ganás, goberná, rodéate de gente adecuada, llevá adelante tu gestión y si tenés intención de seguir siendo máxima autoridad local, preséntate a la reelección. Si te tocó perder, esperá que llegue el turno electoral para volver a preséntate, ganá la elección y sino, criticá desde la institucionalidad”. Clarito nomás. 

En ese sentido, hace unos días, Contini, la intendenta de Anisacate, dio un paso en concreto sobre el asunto: el municipio impulsó un proyecto de ordenanza para regular el procedimiento de revocatoria. Según la jefa comunal, la intención era avanzar en los “grises” de la ley haciendo uso de las facultades que tiene el municipio. 

Entre los puntos modificados, por ejemplo, eleva el piso de cantidad de solicitantes a un 20 por ciento y establece cuales son las “únicas causales” para la procedencia de la revocatoria: mal desempeño en el ejercicio de sus funciones; delito comprobado en el ejercidio de sus funciones o delitos dolosos comunes comprobados; incapacidad física o síquica sobreviniente comprobada, entre otros.