Por Francisco López Giorcelli
En una coyuntura atravesada por un conflicto estructural en el sistema universitario argentino, la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) ha endurecido su posicionamiento y su plan de acción frente al recorte presupuestario y el deterioro salarial que afecta de manera directa al conjunto de los trabajadores docentes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Lo que comenzó como un reclamo salarial ha devenido en una confrontación más amplia que pone en cuestión el modelo de universidad que se disputa en el país.
Desde hace meses, los gremios universitarios advierten sobre un ajuste profundo, orquestado desde el gobierno nacional, que implica una reducción del 40% en el poder adquisitivo del salario docente y no docente, y una asfixia presupuestaria que impacta de lleno en las funciones básicas de las casas de estudio. ADIUC, en consonancia con el Frente Sindical Universitario, ha denunciado que la situación no solo compromete la subsistencia del sistema público universitario, sino que revela una estrategia deliberada de vaciamiento.
En ese marco, el gremio cordobés desplegó en las últimas semanas una serie de acciones que, lejos de circunscribirse al reclamo sectorial, buscan incidir políticamente en la agenda pública e interpelar a la conducción universitaria.
Consejos abiertos por dependencia, plenarios de bases, intervenciones públicas y movilizaciones al Consejo Superior configuran un escenario de alta conflictividad, donde la defensa del salario se articula con una narrativa en defensa de la universidad pública como bien común.
En cuanto a la paritaria universitaria nacional la misma se encuentra virtualmente estancada. El gobierno libertario de Javier Milei ha adoptado una postura que se sintetiza en una consigna brutal: “No hay plata”. Las sucesivas ofertas salariales han estado muy por debajo de la inflación, lo que ha generado un deterioro salarial acumulado de más del 40% desde noviembre de 2023. Esta situación ha derivado en un clima de creciente malestar en todas las universidades del país, con asambleas, paros rotativos y manifestaciones en casi todas las provincias.
Pero en Córdoba, el conflicto adquirió una tonalidad particular. ADIUC ha intensificado su estrategia gremial señalando que no se trata sólo de una cuestión salarial, sino de un ataque a la universidad pública, entendida como espacio de producción de pensamiento crítico, inclusión social y autonomía institucional. En sus comunicados, el gremio plantea que el ajuste no es un accidente, sino “una política sistemática orientada a desmantelar el sistema universitario como lo conocemos”.
Uno de los momentos clave de esta escalada fue la intervención de ADIUC en el Consejo Superior de la UNC, donde una nutrida delegación docente planteó ante las autoridades la gravedad de la situación.
Con una movilización que partió desde Baterías “D”, el gremio expuso frente a los decanos y al rector su diagnóstico: precarización laboral creciente, concursos desiertos, renuncias por salarios insuficientes y un ambiente laboral cada vez más hostil. La consigna fue clara: “Proteger el trabajo docente es defender la universidad pública”.
En ese marco, ADIUC dejó en claro su postura con una consigna que sintetiza la posición gremial: “El trabajo docente está en riesgo. Si no se mejora la situación salarial, peligra el inicio del segundo cuatrimestre”. Esta advertencia, que no solo alude al hartazgo docente, sino a la continuidad misma del calendario académico, fue expuesta ante el Consejo Superior como parte de una estrategia de presión institucional.
Otra de las intervenciones más resonantes en esa sesión provino de una de las delegadas gremiales, quien afirmó: “Los salarios no alcanzan ni para garantizar la reproducción de nuestras condiciones mínimas de vida. Pretenden que trabajemos con vocación, pero sin derechos”.
En paralelo al despliegue gremial, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha intentado canalizar el malestar del sistema con una lógica más institucional. A lo largo de los primeros meses del año, el CIN sostuvo un complejo equilibrio entre la voluntad de diálogo con el gobierno y la necesidad de responder al creciente malestar de las universidades.
La masiva Marcha Federal Universitaria del 23 de abril del año pasado marcó un punto de inflexión, obligando al CIN a tomar distancia del relato oficial y a acompañar, aunque con matices, el reclamo por mayores recursos.
No obstante, el organismo que nuclea a los rectores de todas las universidades nacionales también enfrenta tensiones internas. Mientras algunas gestiones universitarias, como la de la UNC, se mueven con cautela, otras han adoptado una postura más confrontativa.
La elaboración conjunta —entre el CIN, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical Universitario— de un proyecto de ley de financiamiento, representa un intento de recomponer el diálogo con el sistema político sin ceder soberanía presupuestaria. Para los sectores gremiales, este paso es positivo, pero insuficiente si no se acompaña de una denuncia más clara contra el ajuste.
Estudiantes en alerta: entre la solidaridad y la movilización
Del otro lado del conflicto, el movimiento estudiantil comienza a ganar protagonismo. Las acciones de ADIUC han encontrado eco en centros de estudiantes y agrupaciones que comprenden que el deterioro de las condiciones docentes impacta de forma directa en su formación.
La precarización laboral docente, la disminución de la oferta académica y el eventual colapso de carreras completas no son amenazas abstractas: son realidades que se expresan en materias sin dictado, trabajos prácticos discontinuados, falta de atención personalizada, falta de elementos básicos para el funcionamiento de los laboratorios, falta de presupuesto para el mantenimiento edilicio, etc.
En ese marco, sectores estudiantiles han participado activamente de los consejos abiertos por dependencia y han sumado sus voces para la organización de la “Marcha Provincial por las Universidades.”
Aunque aún persiste una dispersión política en el movimiento estudiantil, la tendencia a la convergencia frente a la amenaza común del ajuste se ha vuelto más visible. Como expresaron desde una agrupación de la Facultad de Filosofía: “La defensa de la universidad pública no es solo una causa de los docentes. Es una causa de todos los que entendemos que el conocimiento no puede ser un privilegio”.
La marcha provincial como horizonte
El próximo paso del conflicto será la Marcha Provincial por las Universidades, prevista para la tercera semana de junio. Con la participación de gremios docentes, organizaciones estudiantiles y actores sociales, la movilización busca denunciar el ajuste y exigir una recomposición salarial inmediata, la restitución del FONID y la regularización de miles de docentes interinos y contratados.
ADIUC ha convocado a todas las comunidades universitarias de la Provincia a participar activamente de la jornada, que se prevé multitudinaria. En su convocatoria, el gremio subraya que lo que está en juego no es solo un salario digno, sino la posibilidad misma de sostener un proyecto de universidad democrática, crítica e inclusiva.
Entonces, bajo este escenario, la Universidad Nacional de Córdoba enfrenta un dilema político: permanecer como observadora neutral del conflicto o asumir un compromiso explícito en defensa de la educación pública. ADIUC ha sido enfática en señalar que la neutralidad, en este contexto, equivale a convalidar el ajuste.
El rectorado, hasta ahora, ha optado por una estrategia de bajo perfil, apelando al diálogo institucional con el gobierno nacional y evitando confrontaciones públicas. Pero la presión gremial y el clima creciente de movilización interna podrían forzar una definición más clara. La UNC, con su peso simbólico e institucional, tiene un rol clave que jugar. La pregunta es si lo hará.