Derecho UNC y la causa Vialidad: el fallo a Cristina reaviva tensiones entre las agrupaciones estudiantiles

La reciente confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad, volvió a encender el debate político e institucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.

Las agrupaciones estudiantiles de la Facultad expresaron posturas contrapuestas sobre un fallo que, más allá de sus implicancias judiciales, impacta en la discusión democrática sobre los límites del accionar político y el rol del Poder Judicial en la vida pública.

Franja Morada, fuerza que conduce el Centro de Estudiantes, celebró el fallo como "un paso clave para que nadie esté por encima de la ley" declararon a Hoy Día Córdoba. En palabras de Inés Pioli, presidenta del Centro, la sentencia de la Corte representa un gesto de "reconstrucción de la institucionalidad" y un refuerzo del principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional.

Desde esta perspectiva, el fallo es una muestra de que el Poder Judicial puede actuar con independencia frente a figuras de alto peso político y garantiza un principio republicano básico: el imperio de la ley.

En la vereda opuesta, Juntos por Derecho, fuerza opositora con representación en el Consejo Directivo, expresó su "enérgico repudio" al fallo, al que calificaron como "político, regresivo y peligroso". 

Según declaró el consejero titular Luca Mimessi, la sentencia incurre en “vicios graves” del debido proceso, según el representante estudiantil se vulnera el principio de “non bis in idem” al juzgar a la expresidenta dos veces por los mismos hechos, se imputan responsabilidades sin nexo causal claro —ya que Cristina ocupaba el cargo de primera dama en el periodo de contratación de obras— y se permite la incorporación de hechos nuevos por fuera del plazo legal. Además, advirtieron sobre la conexión de jueces y fiscales con el ex presidente Mauricio Macri, a través de actividades sociales y deportivas, lo que según la agrupación pone en cuestión la imparcialidad del tribunal.

La polarización en torno al fallo no es nueva en la Facultad de Derecho, pero sí se manifiesta con renovada intensidad. Ambas agrupaciones apelan al texto constitucional para justificar sus argumentos, aunque lo hacen desde perspectivas disímiles: mientras Franja Morada invoca la letra del artículo 16 para subrayar el principio de igualdad, Juntos por Derecho destaca los principios del debido proceso, la defensa en juicio y la imparcialidad judicial. El debate, por tanto, excede el terreno judicial y se inserta de lleno en el campo de lo político, donde lo que está en disputa es la legitimidad de los mecanismos de control institucional y la neutralidad del Poder Judicial frente al juego democrático.

Mientras que la UEU decidió no pronunciarse al respecto de la sentencia. Muestra clara de la línea que manejó el peronismo cordobés, y que fue claramente aclarado por el legislador oficialista de no pronunciarse sobre el accionar de la justicia como muestra de “respeto a la división de poderes”. 

El contexto cordobés también fue escenario de manifestaciones públicas de repudio al fallo. En paralelo a los pronunciamientos universitarios, las centrales obreras locales —CGT y CTA—, junto a diversas organizaciones políticas y sociales, se movilizaron en el Patio Olmos para rechazar la condena a la ex presidenta. En los discursos se repitió la idea de que se trata de una proscripción encubierta con fines electorales, un argumento que resuena también entre sectores del activo juvenil y también en sectores más organizados que han protagonizado luchas dentro del ámbito universitario.

Para el debate de la comunidad estudiantil esto adquiere una relevancia mayor si se tiene en cuenta la historia reciente de la UNC, donde 27 estudiantes enfrentaron causas penales por su participación en tomas y protestas del año 2018.

En ese marco, agrupaciones como La Bisagra, Tesis XI, Marabunta y Ya Basta han trazado un paralelismo entre la persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner y la criminalización de la protesta estudiantil. En un documento conjunto, señalaron que "el poder judicial está criminalizando la protesta social y estudiantil" y que "involucrar al derecho penal significa poner en juego derechos fundamentales como la libertad de expresión y organización".

En una reciente actividad organizada por el Museo de Antropología, estudiantes procesados por la toma del Pabellón Argentina expresaron su preocupación por el avance de la Justicia Federal sobre los conflictos universitarios. Francisca Mattoni, de La Bisagra, sostuvo que "el juicio es una estrategia de castigo a quienes se organizan y luchan". Candela Guzmán, de Tesis XI, denunció que "no hay pruebas concretas de violencia" y que "las pruebas son notas periodísticas y recortes sin sustento fáctico". Francisco Bergero (Ya Basta) y Lucía Heber (Marabunta) coincidieron en caracterizar la causa como "política" y destinada a generar un efecto de intimidación entre quienes participan de la vida pública desde la disidencia.

El fallo Vialidad funciona, en este escenario, como catalizador de un debate más amplio sobre el uso del derecho penal en contextos políticos. Las agrupaciones de la Facultad de Derecho lo leen como parte de un patrón que conecta causas judiciales, persecución de liderazgos políticos y disciplinamiento de las protestas. No es solo una decisión sobre Cristina Kirchner, afirman, sino un mensaje al conjunto del campo popular: el de que “hay límites que no se pueden traspasar sin enfrentar consecuencias penales”.

Frente a este panorama, se proyectan nuevas actividades políticas dentro y fuera del ámbito universitario. Las agrupaciones opositoras al fallo convocaron a clases públicas, charlas-debate y una movilización para la semana próxima. Mientras que para otros sectores la discusión parece resuelta y proyectan otros planes. La disputa por el sentido común está planteada, y el resultado del debate no será solo académico, sino que también puede ser una nueva forma de poner a prueba la vitalidad democrática de la universidad.