San Francisco: Puricelli cruza al municipio por el manejo “político” de centros vecinales

Por Franco Cervera

La última sesión del Concejo Deliberante, post elecciones legislativas, fue escenario para la presentación de varios proyectos, pero también para abrir debates de algunos capítulos que se habrían dado en el marco de los comicios legislativos. En este caso, el concejal de Juntos por el Cambio, Marco Puricelli, aprovechó el momento de tomar la palabra para apuntar al oficialismo local por el manejo de los centros vecinales a “discreción”.

En su alocución, el edil acusó al municipio de “apretar” a empleados municipales para que participaran de la elección y que obligaron a personas que por afuera de sus lugares de trabajo cumplan funciones partidarias en la pasada elección legislativa.

Tras ello, Puricelli se refirió a los centros vecinales de los distintos barrios de San Francisco, donde destacó que muchas personas le dedican tiempo desinteresadamente participando de manera activa para solucionar diversos inconvenientes. Sin embargo, afirmó: “Reciben un trato hegemónico y monopólico de parte de la Municipalidad que no genera una participación acorde al espíritu democrático que tendrían que tener en una ciudad”.

Diferente trato

Sobre el funcionamiento de dichas instituciones, Puricelli remarcó que muchas veces “carecen de transparencia”, debido a que es muy difícil poder acceder a fechas de elecciones pero también habló de incumplimiento de requisitos legales: “Los pocos que buscan hacer las cosas bien reciben un destrato por no ser del mismo color político, o por ser independiente o no comulgar con el poder de turno”, dijo.

A modo de ejemplo, en pleno recinto legislativo, sostuvo que el Ejecutivo Municipal no recibió nunca a la nueva comisión del centro vecinal de barrio La Florida.

“Bernarte, que se junta con todo el mundo, a ellos no los recibió nunca, siendo una comisión que le puso luz a un lugar que durante diez años fue un aguantadero. Además hicieron un festejo del día del niño con una participación récord, elevaron reclamos que de a poco fueron encontrando soluciones a un barrio que está olvidado por el oficialismo. La respuesta del oficialismo fue designar un interventor para noquear cualquier tipo de participación que no sea adepto o amigos del oficialismo local”, apuntó.

Código de ética

Por su lado, la concejala Cecilia Roffé, del bloque San Francisco Cambia, presentó un proyecto de ordenanza que propone la creación de un Código de Ética para el ejercicio de la función pública municipal, con el objetivo de promover la transparencia, la responsabilidad y la publicidad de los actos de gobierno.

La edil destacó que numerosas ciudades de la provincia, como Córdoba capital y Villa Carlos Paz, ya cuentan con normativas similares que fortalecen la confianza de los vecinos en las instituciones públicas.

“Es necesario que San Francisco también cuente con un Código de Ética. Los vecinos están cansados de ver cómo se utilizan recursos públicos con fines personales o políticos, cómo se benefician familiares o amigos con contrataciones directas, o cómo se presiona a empleados municipales para hacer campaña. Este tipo de prácticas deben terminar”, expresó la edil juecista, hoy muy cercana a La Libertad Avanza (LLA).

El proyecto establece un conjunto de deberes, principios y prohibiciones para todos los funcionarios y empleados públicos municipales, sin distinción de jerarquía ni forma de ingreso. Entre los principios generales se destacan la legalidad, honestidad, imparcialidad, transparencia, responsabilidad, dignidad, decoro, probidad, idoneidad y el uso adecuado de los bienes del municipio.

Asimismo, la iniciativa prevé la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas de vínculos e intereses en toda contratación o adjudicación donde pudiera existir un conflicto, y prohíbe la designación de familiares directos en dependencias municipales, así como la acumulación de cargos públicos.

Roffé subrayó que la iniciativa busca garantizar un Estado Municipal más transparente y al servicio de los vecinos, y que su aprobación representaría “un paso importante hacia una administración confiable”.