Otra vez la opacidad en inteligencia
Por Javier Boher
El 2 de enero de publicó en el Boletín Oficial el DNU 941/2025 que reforma la estructura y el funcionamiento de la secretaría de inteligencia en el país. Rápidamente algunas personas salieron a criticar la decisión, mientras que otros pidieron prudencia y habilitaron el debate.
La fecha para sancionar el decreto no fue inocente, ya que el gobierno aprovechó todo lo que estaba a su alcance para tratar de que la cosa pase desapercibida. Entre las fiestas de fin de año, las vacaciones y el receso legislativo no hay tiempo para discutir cuestiones tan alejadas del día a día de la gente, así que los medios prefieren quedarse discutiendo sobre los carpinchos de Nordelta o las andanzas de Macri tras su separación de Juliana Awada.
Los puntos centrales de la reforma están claros, aunque ciertas vaguedades pusieron en alerta a los que esbozaron las críticas más fuertes.
El punto más polémico es el que habilitaría a los agentes de inteligencia a “aprehender” a personas ante situaciones de urgencia o por interferencias en investigaciones de seguridad nacional. La cosa en este aspecto está clarísima, porque los servicios de inteligencia no están sujetos al control de un juez, como sí ocurre con la policía. En la práctica se habilitan las detenciones arbitrarias y por decisión del poder ejecutivo, algo que va en contra del espíritu constitucional.
En el resto del mundo (al menos en los países a los que uno se quiere parecer), las tareas de inteligencia y las de detención están separadas. Aunque pueden trabajar más o menos en conjunto, los jueces siguen teniendo que habilitar la violación de los derechos civiles de las personas investigadas, así como también existen comisiones o tribunales específicos para cuestiones relacionadas con las tareas de inteligencia.
Otro punto polémico es el de la redefinición del concepto de contrainteligencia, usando términos amplios como el de investigar amenazas al "orden constitucional y los poderes públicos" y a "organizaciones no estatales", lo que abre la puerta a que cualquiera pueda caer bajo el radar de la Secretaría de Inteligencia del Estado, la SIDE.
Así, basados en estos dos primeros puntos, el ejecutivo puede elegir investigar a opositores por cuestiones políticas y detenerlos sin que nunca intervenga el Poder Judicial.
A mí no me gusta decir que este gobierno es autoritario o que tiene patrones que lo son, pero este tipo de cosas son las que despiertan dudas respecto al camino que puede tomar si se hace con más poder. “Los hombres son buenos, pero si se los controla son mejores”, decía Perón, una máxima que marca a buena parte de la clase dirigente nacional.
El decreto también establece que las actividades de inteligencia son encubiertas por definición y permite el manejo de fondos reservados sin una rendición de cuentas clara, algo que ya se había visto con la ampliación de las partidas para inteligencia que había conseguido Santiago Caputo. La falta de control sobre esos recursos implica que es imposible saber si con el dinero de los impuestos se están evitando ataques terroristas, pagando canales de streaming o decorando whiskerías en las rutas. La rendición de cuentas (en general y económica) es un pilar de cualquier República, lo que obliga a mantener alta la guardia.
Finalmente, el último punto de la polémica es aquel que habilita a la SIDE a solicitar información a cualquier organismo público (como la ANSES, los ministerios o las provincias), algo que hoy no está permitido. Esta parte de la legislación es un poco letra muerta, a partir de que las filtraciones de datos personales son una constante en el país, como quedó claro con la reciente publicación de bases de datos con información de millones de argentinos.
Siempre hay que estar atentos a que en este país este tipo de cosas no escalen. Cada nuevo gobierno presenta algún plan para reformular los temas vinculados a inteligencia, siempre con distintos argumentos que pueden sonar más o menos válidos, pero que no son suficientes para avanzar sobre los derechos de los ciudadanos.
Este tipo de avances sobre los derechos individuales termina siempre del mismo modo, revelando escuchas, extorsiones y abusos de poder de loas diversos, que son rematados con el clásico “es una deuda de la democracia”, como si todos fuésemos pichones de dictadores que quieren usar el aparato represivo del Estado para controlar a la población y evitar la disidencia.
Acá ya hemos naturalizado el “carpetazo”, la utilización de información sensible obtenida con tareas de inteligencia para producir efectos políticos. No se trata del trabajo periodístico con filtraciones o datos provistos por fuentes de adentro, sino la utilización consciente de información producida para generar impacto público.
El país necesita revisar su legislación y prácticas de inteligencia, pero los cambios propuestos no parecen ser los indicados para resolver los problemas con los que hemos llegado hasta acá, sino los que buscaría alguien que esté pensando en evitar que el malestar se convierta en acción política.