UNC: ADIUC escala el conflicto y peligra el arranque del ciclo lectivo

Antes de que vuelvan las clases y mientras las universidades todavía atraviesan el período de transición entre vacaciones y actividad plena, el conflicto universitario volvió a ganar volumen político. Las definiciones gremiales anticipan un inicio de año atravesado por tensiones que exceden lo salarial y que se inscriben en una disputa más amplia por el rol del sistema universitario frente al rumbo del Gobierno nacional.

El plenario de secretarios y secretarias generales de CONADU resolvió avanzar con un paro para la primera semana de clases de marzo, impulsar una carpa itinerante y comenzar a construir una nueva Marcha Federal en defensa de la educación pública. Lejos de tratarse de una reacción espontánea, las medidas expresan una acumulación progresiva de tensiones que viene marcando el pulso de las negociaciones entre universidades, sindicatos y el Ejecutivo nacional desde el año pasado.

En Córdoba, ADIUC ya había anticipado el tono que podría adquirir el conflicto al movilizarse junto a otros sindicatos en rechazo a la reforma laboral impulsada por Javier Milei y sus funcionarios. Desde el gremio señalaron que la iniciativa representa “una reforma regresiva que busca precarizar las condiciones laborales y debilitar derechos conquistados”, y remarcaron la necesidad de sostener la organización colectiva frente a un escenario que consideran adverso para el conjunto del sector público. La participación en esa marcha no fue solamente un gesto de solidaridad sindical: funcionó como una señal política de que el conflicto universitario empieza a enlazarse con disputas laborales más amplias.

La decisión de avanzar con medidas de fuerza antes del inicio del ciclo lectivo introduce un elemento de presión adicional sobre rectorados y gestiones universitarias, que intentan equilibrar el reclamo presupuestario con la necesidad de garantizar gobernabilidad institucional. En ese punto, el conflicto deja de ser exclusivamente gremial para convertirse en una disputa estratégica donde parece que cada actor mide tiempos, costos y márgenes de maniobra.

Para los sindicatos docentes, el desafío pasa por sostener un nivel de movilización que evite la fragmentación interna y permita consolidar una narrativa común frente al ajuste. Sin embargo, la radicalización temprana también implica riesgos: un conflicto que se anticipa demasiado puede perder capacidad de sorpresa o generar fatiga en sectores que aún no perciben con claridad la dimensión del problema. Esa tensión entre acelerar la confrontación o administrar los tiempos explica parte de la estrategia actual.

En la Universidad Nacional de Córdoba, el escenario se complejiza por el entramado político interno. El oficialismo universitario se viene moviendo con cautela, consciente de que una escalada abierta podría arrastrarlo a una dinámica que no controla completamente. La conducción rectoral necesita preservar canales de negociación con el Gobierno nacional mientras evita quedar desalineada respecto del clima general del sistema universitario, que muestra señales crecientes de confrontación.

La oposición, por su parte, observa el proceso con expectativas pero también con limitaciones estructurales. Aunque el conflicto ofrece una oportunidad para disputar sentido político y visibilidad, las dificultades históricas para coordinar estrategias comunes entre algunos sectores impiden capitalizar plenamente el escenario. Por eso puede ser una gran oportunidad de dejar de lado las diferencias y tener un eje que unifique esos lugares en común. 

Retomando el conflicto, se revela un dato menos visible: mientras el Gobierno nacional busca sostener su narrativa de disciplina fiscal, las universidades intentan evitar quedar atrapadas en una lógica de confrontación permanente que desgaste su legitimidad social. Esa tensión produce una zona gris donde proliferan silencios estratégicos, mensajes ambiguos y posicionamientos medidos que, lejos de expresar pasividad, responden a cálculos políticos precisos.

En ese marco, el arranque del ciclo académico aparece como un punto de inflexión potencial. No porque defina resultados inmediatos, sino porque puede marcar el tono de la relación entre universidades, sindicatos y Gobierno durante el resto del año. La pregunta que sobrevuela el escenario es si la escalada gremial abrirá un canal de negociación más sólido o si, por el contrario, profundizará un desgaste gradual que obligue a todos los actores a redefinir sus estrategias en medio de un conflicto que todavía está lejos de encontrar un equilibrio estable.