Llaryora se metió y apura una ley contra los naranjitas (ilegales)

El orden en el uso del espacio público y el tema naranjitas es un debate que quema en la Capital cordobesa. Si bien desde hace años exige un abordaje serio y definitivo, este último tiempo, la necesidad de respuesta a un problema social que se complejiza cada día un poco más, se impone y resulta urgente.

Desde el oficialismo, es el propio ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros quien viene presionando públicamente para que la Legislatura avance con los cambios necesarios en el Código de Convivencia que le permita a la Policía actuar plenamente frente a situaciones irregulares protagonizadas por “cuida coches”. Que, por cierto, bien vale apuntar, desde que Quinteros asumió esa cartera se contabilizan de a decenas por semana, en una decisión deliberada comunicacional de informar cada uno de los casos; muchos de los cuales, también es justo decirlo, no involucran a naranjitas propiamente, sino que se trata de delincuentes con pecheras naranjas.

En diciembre pasado, la Legislatura debatió y sancionó un paquete de modificaciones al Código de Convivencia, aunque, sorpresivamente, quedaron excluidos los puntos con cambios concretos en la regulación de los naranjitas y la prohibición de los limpiavidrios. Justamente, los más esperados. En ese momento, el flamante presidente de la bancada oficialista, Facundo Torres, justificó la prórroga del debate argumentando la búsqueda del mayor consenso posible y postergando la discusión hasta febrero de este año.

Luego trascendió la injerencia que tuvo a nivel del Ejecutivo provincial la Iglesia que conduce el arzobispo Ángel Rossi. Como se sabe, el cardenal es un activo militante por los derechos de los que menos tienen y un actor protagonista con voz (y voto) en la discusión pública de temas sociales fuertes. De hecho, la Iglesia fue muy crítica respecto la rapidez con la que se intentó tratar la prohibición de esa actividad, calificándola como una manera de "esconder la pobreza".

En estos meses, donde los episodios de violencia y extorsión por parte de delincuentes disfrazados de “cuida coches” escalaron al punto de que la semana pasada un jefe policial terminó baleado tras intervenir en una pelea, la discusión sobre qué hacer con los naranjitas volvió a plantearse como prioritaria.  Quinteros recogió una vez más el guante y lanzó un nuevo dardo al seno del poder legislativo: “con la ley contra los naranjitas vigente, esto no habría pasado”, dijo días atrás.

Aunque muy por lo bajo, las tensiones y miradas contrapuestas sobre la “solución” dentro del propio oficialismo están y contribuyeron a dilatar los tiempos.

La pregunta hasta ayer era porqué si el ministro que pertenece al oficialismo provincial y el intendente de Capital, Daniel Passerini (se supone, el principal distrito interesado en ordenar) empujaban los cambios en el Código, el tema seguía trabado en la Legislatura. Sobre todo, cuando es sabido que, si quiere, el peronismo puede resolver en cuestión de horas la sanción de una normativa.

Ahí es donde entra a jugar la política. Que existe cierto recelo en una parte del oficialismo con el nivel de protagonismo que tiene Quinteros, no es ninguna novedad. A nivel legislativo, desde hace tiempo se escuchan refunfuños de quienes creen que el ministro con este tema particular, arrastra un problema que es principalmente de la Capital, hacia todo el territorio provincial.

De hecho, quienes representan al interior cordobés en la Cámara reconocen que no es prioritario el asunto en sus municipios, e incluso, el año pasado hubo ciertos cuestionamientos por la autonomía municipal que tiene cada distrito. Detrás de esa línea interpretativa está quienes creen que el extra partidario sumado a la estructura cordobesista por el propio gobernador Martín Llaryora quiere, en realidad, ser el próximo candidato a intendente y por eso, busca sostener su alto perfil en la Capital. De lado del ministro, creen que la resolución general sobre el tema naranjitas, inevitablemente, llevará el sello de Quinteros.

Lo cierto es que ayer el tema tomó otra envergadura cuando el propio Llaryora decidió involucrarse públicamente. El gobierno comunicó sobre una reunión que tuvo lugar el día viernes encabezada por el gobernador y de la que participaron la vicegobernadora Myrian Prunotto; el intendente Daniel Passerini, el presidente provisorio de la Unicameral y presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas; los ministros Juan Pablo Quinteros y Daniel Pastore; el presidente del bloque oficialista, Facundo Torres; y el secretario de Seguridad, Juan Manuel Araoz.

Se informó la decisión de impulsar una ley que prohíba los naranjitas ilegales y los limpiavidrios en toda la provincia. Respetado la autonomía municipal y haciendo jugar a las intendencias en la resolución del tema. Serán los municipios quienes definan si autorizan o no la actividad de los en sus jurisdicciones, y en los casos en que se permita, deberán implementar un sistema formal de registro, identificación y control. Donde no estén autorizados, la actividad estará prohibida.

Al mismo tiempo, se propone avanzar en programas de reinserción laboral, con acompañamiento de la Provincia a los municipios que los implementen, generando oportunidades concretas para quienes hoy desarrollan estas actividades. “El objetivo es claro: ordenar el uso del espacio público con reglas precisas, fortalecer el rol de los municipios y acompañar este proceso con alternativas de inclusión laboral”, señalaron desde el oficialismo.

Juan Manuel Llamosas, presidente Provisorio y titular de la comisión de Seguridad donde formalmente arrancará la discusión, adelantó que la idea sería poder sancionar estos cambios en la sesión del 8 de abril.

“La idea es compatibilizar este proyecto con el que ya presentaron otros legisladores dela oposición para lograr el mayor consenso. Antecede a esto un trabajo previo con distintos sectores para poder presentar un proyecto con una mirada más específica e integral que combine el orden del espacio público, la cuestión social y el acompañamiento de la Provincia a los municipios”, dijo Llamosas.

Las reacciones de los opositores no tardaron en llegar. Hoy comenzará una nueva etapa en la discusión legislativa por este tema.