Universidad Por: Francisco Lopez Giorcelli10 de junio de 2026

Trabajadores UNC paran una semana y analizan la paritaria

El frente sindical docente y no docente universitario reactiva las medidas de fuerza nacionales ante una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 50% desde 2024. Mientras las federaciones nacionales ratifican una huelga del 16 al 20 de junio y los gremios locales movilizan a Tribunales por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, las bases abren una instancia de evaluación para mensurar el impacto técnico de la última propuesta del Gobierno central.

El debate por el sostenimiento presupuestario de las universidades nacionales regresa de manera directa al centro de la agenda pública, luego de los procesos electorales que atravesaron las últimas semanas. La reactivación de las medidas de fuerza responde a un diagnóstico estructural compartido por la totalidad de los sectores docentes y no docentes de las casas de altos estudios.

Las representaciones gremiales registran una erosión real en sus haberes que ya roza el 50% en comparación con los índices inflacionarios acumulados desde el inicio de 2024. Este marcado desfasaje en los ingresos, lejos de ser percibido como una coyuntura pasajera, consolidó un frente de acción directa unificado que vuelve a marcarle la cancha a un gobierno nacional que por ahora se encierra en su propia encrucijada ideológica y económica.

Como parte de este esquema de presión, ADIUC y la Gremial San Martín concretaron una movilización frente a los Tribunales Federales de Córdoba. La concentración fue concebida como un paso institucional clave para exigir la plena vigencia y aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una herramienta legislativa que las bases consideran fundamental para indexar los salarios frente a la escalada de precios.

La protesta cordobesa funciona como el preámbulo de un plan de lucha de mayor alcance territorial que se desplegará en todo el país. En ese marco, federaciones nacionales de la importancia de CONADU ya ratificaron un paro total de una semana, programado para llevarse a cabo desde el 16 hasta el 20 de junio, lo que significará el cese total de actividades académicas en este tramo del cuatrimestre.

En el escenario local de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la estrategia sindical suma una instancia de deliberación interna ante las últimas variables de negociación introducidas por la Casa Rosada. El gremio ADIUC inició una consulta abierta orientada a toda la docencia de la Casa de Trejo para evaluar de manera técnica y pormenorizada la propuesta formalizada por el Gobierno central.

Las autoridades universitarias observan con atención este proceso deliberativo, ya que el pulso de las bases determinará la rigidez o flexibilidad del gremio frente a las mesas de negociación futuras. El debate central en las distintas facultades gira en torno a si la oferta oficial permite iniciar un sendero de recuperación real de los ingresos o si apenas funciona como un paliativo cosmético frente al atraso generalizado.

La propuesta gubernamental bajo análisis técnico contempla una reestructuración de los tramos de actualización, el sostenimiento de esquemas de garantías mínimas para las categorías iniciales y mecanismos de revisión periódica. Sin embargo, el malestar acumulado en el claustro docente pone en duda la viabilidad de un acuerdo inmediato. La pérdida del poder adquisitivo afectó la dedicación exclusiva de numerosos investigadores y docentes de la UNC, acelerando un proceso de drenaje de profesionales hacia el sector privado o el exterior.

El resultado de la compulsa interna lanzada por ADIUC y el nivel de acatamiento que registre el paro de cinco días en las unidades académicas definirán el margen de maniobra de la conducción gremial de cara a la segunda mitad del año.

El conflicto actual no se reduce únicamente a una discusión por porcentajes de recomposición en las planillas de haberes. Representa una disputa de fondo por el modelo de financiamiento y la autonomía de las universidades públicas frente a los esquemas de ajuste fiscal promovidos por el Poder Ejecutivo.

Para el Rectorado conducido por Jhon Boretto, la persistencia del conflicto salarial introduce un factor de inestabilidad que dificulta la planificación académica y administrativa. Aunque las autoridades centrales comparten la preocupación por el desfinanciamiento, el margen de acción local está severamente acotado por las partidas que remite la Nación. El escenario de cara a la segunda mitad de junio anticipa una profundización de las tensiones, donde la parálisis de las aulas volverá a ser el reflejo visible de una crisis que parece lejos de encauzarse.

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