Villa María, primer municipio que financiará la identificación de sus desaparecidos
El intendente Eduardo Accastello presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para ratificar el convenio de Cooperación y Financiamiento suscripto entre el municipio y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) por 123 millones de pesos. Los fondos se destinarán a sostener las tareas de exhumación, análisis genético e identificación de restos óseos que el organismo lleva adelante en el predio de Loma del Torito, en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio La Perla, en el marco de megacausa La Perla. Con este paso, Villa María pasa a ser el primer municipio del país en aportar financiamiento propio a las tareas del equipo forense.
Los estudios que realiza el Área de Antropología Forense de Córdoba para identificar restos tienen un costo elevado, y el financiamiento nacional para sostenerlos dejó de estar garantizado. Accastello explicó el origen de la decisión en esos términos: “Los análisis que se hacen desde el Área de Antropología Forense de Córdoba para revelar datos de personas a partir de restos humanos son muy costosos, y el Estado nacional ha dejado de financiar al área, entonces ahí surgió nuestra propuesta, porque hay familias villamarienses que están esperando respuestas desde hace 50 años”. El intendente ubicó la medida dentro de la política de derechos humanos que la ciudad sostiene hace años, más que como una respuesta puntual a la coyuntura: "Esto no es una cuestión de ideas, de ideologías, esto es una cuestión de humanidad, esto es una cuestión de Memoria, de Verdad y de Justicia. Esto es una política de Estado, acá no hay diferencias ideológicas”, señaló.
El paso por el Concejo Deliberante es la formalización del proceso. Accastello ya había mantenido en junio una reunión de trabajo con el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja y autoridades del EAAF para articular la cooperación institucional. Fue en ese ámbito donde se delineó el convenio que ahora se elevó para su ratificación. Accastello contó además que la iniciativa nació de una conversación puntual con una familiar de víctimas, en el acto del Reloj de Sol de este año: “Le preguntamos a Paula, al momento de identificar los restos de sus familiares, qué podíamos hacer como villamarienses para ayudar. Y ella nos guió para que pudiéramos ir a hablar con el Área de Antropología Forense de Córdoba”. El intendente agradeció también el trabajo sostenido durante décadas por la Comisión de Derechos Humanos local.
Identificaciones recientes
La ratificación llega en un momento de fuerte actividad en la causa judicial. En las últimas semanas se confirmaron nuevas identificaciones de restos hallados en las excavaciones de La Perla: los villamarienses Silvia Ester Felipe, psicóloga, y Luis Carlos Mónaco, periodista y delegado sindical, además de Eduardo Valverde y el padre de Sonia Brizuela. Se suman a una investigación que la Justicia Federal y el EAAF continúan ampliando, con nuevos hallazgos en los últimos días. Todavía hay casos sin resolver: entre los nombres que se repiten está el del docente Eduardo “Gallego” Requena.
El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Villa María, Elvio Toscano (que integra el organismo desde su fundación en 1984), respaldó la medida: “El Estado municipal tiene que abordar y hacerse responsable de todo lo que pasa en la sociedad. En este caso, con una situación tan difícil y delicada, el municipio de Villa María apoya esta iniciativa porque sabe que estamos buscando y vamos a encontrar a muchos de nuestros compañeros y compañeras que están ahí en La Perla”. Sobre Requena agregó que lo “estima” y lo tiene “muy presente”.
Laura Felipe, sobrina de Silvia Felipe y Luis Mónaco, habló en representación de las familias: “Este aporte del municipio es muy importante para poder avanzar con el análisis de las muestras genéticas, que hay una cantidad inmensa. Los años corren y las familias quieren tener ese reencuentro tan esperado con los restos de sus familiares”. Felipe recordó que La Perla fue el centro clandestino de detención más grande de la provincia (por el que se calcula que pasaron unas 2. 500 personas) y expresó su expectativa de que otros municipios repliquen la decisión de Villa María.