Empleo, salario, industria y balance de perdedores
Finalmente el consejo del salario definió un nuevo valor para el salario mínimo, vital y móvil, que pasará a $383.000 en septiembre, tres bolsas del alimento que comen los perros de Milei (o cualquier otro perrhije de raza grande en una casa ABC1).
El valor a esta altura de la gestión es simbólico. Ya no designa ingresos reales de prácticamente nadie, habida cuenta de que está muy por debajo de la canasta básica total para un adulto equivalente y apenas por encima de la canasta básica alimentaria. Tiene sentido cuando se lo compara con el salario promedio, que casi duplica el SMVM frente al empleo y lo cuadruplica contra los asalariados formales.
La brecha generada se explica por múltiples factores, entre los que hay razones vinculadas a la geografía, los sectores y la productividad, palabra que estuvo prohibida durante años. Sostener que el salario puede desligarse del valor que genera es un error típico de personas que cobran independientemente de su rendimiento.
Esto último está relacionado con una polémica de las últimas horas, con cruces entre un vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Guillermo Moretti, y el ministro de economía Luis Caputo.
La discusión es la misma de siempre: “industricidio” contra “proteccionismo”, como si solamente existieran los dos extremos de destruir el sector secundario o sostenerlo con intervenciones a cualquier precio. Ciertamente la industria se está llevando la peor parte del modelo económico de Milei, con una caída en el empleo registrado que está entre los 70.000 y 90.000 puestos de trabajo, pero la situación no es igual para todos. Algunas industrias han conseguido afinar sus números para exportar en las condiciones actuales, mientras que las orientadas al mercado interno encubriendo su ineficiencia tras múltiples cepos están con más problemas.
La clave vuelve a estar en el plano de la productividad y la eficiencia, valores centrales de una economía abierta e incompatibles con el enfoque de las últimas décadas.
Hay algunos otros fenómenos que ayudan a entender el proceso de crecimiento de la informalidad o la caída de empleos en relación de dependencia. Hay múltiples incentivos para esto. Primero, el costo para el empleador de pagar monotributo o cargas sociales, que empuja a la primera opción. Segundo, el marco ideológico favorable a la flexibilización de hecho y un menor temor a la industria del juicio. Tercero, e insoslayable, la diferencia brutal entre el salario familiar (con techo en $75.000 para formales) y los $223.000 que suman AUH y Tarjeta Alimentar. Para dos hijos, entre ambas prestaciones se cobran casi $360.000, más de $420.000 si se presenta la libreta escolar y el carnet de vacunas.
Todo plan económico (como toda política pública) depende de definir ganadores y perdedores. El gobierno ha elegido a los sectores de bienes primarios que ingresan dólares pero no generan trabajo, esperando que eso eche a andar el resto de los sectores que pueden convertirse en proveedores de esas otras empresas. Hasta que eso ocurra (si es que ocurre) el gobierno sostiene con política social el trabajo informal, una especie de compensación por la falta de productividad. Siguen faltando reformas para hacer crecer el trabajo formal y la productividad del trabajo, sin perder derechos sociales en el camino.
Hasta tanto las cosas se ordenen, muchos industriales se van a quejar, los gremios van a patalear, los opositores van a llorar y los medios lo van a repetir. Si el rumbo está claro y se mantiene un balance donde los perdedores no superan a los ganadores, quizás ahí se pueda sostener en el tiempo el cambio de mentalidad económica.