Liliana Montero: “Nación recorta en discapacidad porque desconoce el tema”
El proyecto de Presupuesto 2027 abrió un nuevo frente de discusión entre el Gobierno nacional y las provincias por el financiamiento de las políticas de discapacidad. El tema incluso generó fuertes discrepancias en las propias filas de La Libertad Avanza. Entre los puntos que generan cuestionamientos aparecen cambios en el esquema de prestaciones, modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad y una redefinición del sistema de pensiones no contributivas. El debate también alcanza a quién deberá asumir el financiamiento de las prestaciones si Nación modifica el esquema vigente.
Liliana Montero, Secretaria general de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia, es una de las voces cordobesas que tomaron la posta en este tema. La funcionaria llaryorista en diálogo con Diario Alfil cuestionó con dureza los artículos incluidos en el proyecto y plantea que, si son aprobados, significarán “un retroceso tremendo” para las personas con discapacidad.
Su principal preocupación está puesta en la eliminación del arancel único, pero también advierte por las modificaciones a las pensiones no contributivas y por lo que considera un intento de trasladar responsabilidades financieras a las provincias. En paralelo, reivindica el esquema que lleva adelante Córdoba y asegura que desde la órbita provincia se destina recursos a la discapacidad a través de distintas áreas del Estado y se financian más de 350 instituciones.
—¿Cuál es el principal problema que encuentra en los cambios que plantea el Presupuesto 2027?
—Lo primero es esperar que no se sancionen esos artículos, porque sería un retroceso tremendo para las personas con discapacidad. En primer lugar, elimina el arancel único. Hoy, cuando tenés una obra social o cualquier cobertura de salud, la prestación vale exactamente lo mismo. No importa si tenés plata o no tenés un peso, porque tu obra social o tu aseguradora paga exactamente lo mismo. Eso es el arancel único. Si eso se elimina te doy un ejemplo: una obra social va a pagar 10 por una prestación y tal vez otra va a pagar 3. Entonces los prestadores van a atender sólo al que más paga.
—¿Qué otro punto considera grave?
—Otra de las cuestiones gravísimas es que desaparecen las pensiones no contributivas por discapacidad para protección social y solamente quedaría la invalidez laboral. También está la cuestión de quien financia el sistema. Hay una intención de pasarle la responsabilidad a las provincias y eso sería un nuevo golpe, porque hay provincias que pueden afrontarlo y otras no. Hoy creo que ninguna puede. Además, se sacan prestaciones de la actual ley y se derogan artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Para salir de una emergencia tenés que dar respuesta. Y ninguna de las situaciones que dieron origen a la Ley de Emergencia se resolvió.
—Dirigentes pertenecientes al oficialismo nacional consideran que se tropieza con la misma piedra. ¿Porqué cree que le ocurre esto al Gobierno Nacional?
—Porque tropieza con la decisión de la ecuación económica: seguir recortando. Y vuelven a recortar sobre sectores que tienen escasa posibilidad de generar un problema mayúsculo en términos de movilización. Lo mismo pasa con PAMI. Pero el tema de la discapacidad ya fue tomado por toda la sociedad argentina. En Argentina no se discute financiamiento educativo, discapacidad: son políticas de Estado, el Gobierno debería recortar en otros lados. Y creo que le ocurre porque hay un desconocimiento absoluto y no entienden porque no tienen gestión en territorio. Las instituciones que apuntan a desfinanciar son las que financian el sistema. Algunas atienden a 400 o 500 personas. Si esas instituciones no estuvieran, ¿quién trabaja por la autonomía de las personas con discapacidad? No entienden que, lejos de desfinanciarlas, deberían financiarlas más, porque si no el costo cae sobre la familia y cae sobre el Estado.
—¿Las provincias están en condiciones de hacerse cargo de ese costo?
—Las provincias no pueden hacerse cargo de ese costo. En la reunión del Cofesa hubo un reclamo unificado para que el Gobierno nacional ejecute la Ley de Emergencia, le dé curso a las pensiones solicitadas y avance en las respuestas que necesita el sistema. Todos dicen lo mismo: si hay que auditar, todos estamos de acuerdo con que se audite, pero no puede partir de la base de que todos estafaron. Las personas que tienen un certificado y una pensión no contributiva no pueden ser consideradas de entrada como parte de un fraude.
Nos cuesta saber en Córdoba el número de pensiones que estuvieron mal dadas porque no nos dan la información.
—Usted también cuestionó las cifras planteadas por Luis Juez respecto del aporte de Córdoba a las políticas de discapacidad. ¿Cuál es la situación de la Provincia?
—Le manifesté al senador y a otro periodista que me parece legítimo, si quiere ser candidato a gobernador, que lo haga. Lo digo con respeto, pero necesitamos que dé números reales. El número que di con el ministro Pieckenstainer es lo que Córdoba aporta: 127.000 millones de pesos, y este año son 230.000 millones, casi un 79% más que el año pasado.
El senador hacía mención de un fondo específico que este año tiene 4.500 millones de pesos destinados a sostener proyectos destinados a la autonomía de las personas. Pero son de un solo fondo esos 4.500 millones. Hay inversión en educación, cultura, salud, deporte, Apross. Todo eso es lo que se aporta en materia de discapacidad.
Cuando el Gobierno nacional dice que las provincias se hagan cargo, le decimos: la Provincia ya se está haciendo cargo. Para que todos tengan claridad, las prestaciones se dan en distintas áreas de gobierno. Nosotros venimos cofinanciando a más de 350 instituciones no gubernamentales que trabajan en discapacidad: centros de día, fundaciones, asociaciones que no tienen fin de lucro.