Los recursos para educación

Los que trabajamos en educación no necesitamos de evaluaciones Aprender, Pruebas Pisa, Meta o Prisma (todos nombres de sistemas de exámenes estandarizados para evaluar el nivel general de los alumnos) para saber que el nivel educativo sigue bajando. Ya nos expresamos sobre los problemas para leer y escribir, para entender y para reflexionar. Lo vemos desde hace años.

En donde no se evalúa el nivel general es en la educación que viene después de los años de formación obligatoria. No sabemos a ciencia cierta cuánto entienden los alumnos de profesorados y magisterio que se están preparando para entrar en las aulas actuales. No sabemos realmente qué tan bien escriben o leen los médicos, ingenieros y abogados que forma cualquier universidad. Podemos sostener que se reciben porque saben, pero la habilidad de pasar exámenes (y con varias cada vez más bajas) no es garantía de aprendizaje. Ni hablar de los que no terminan y quedan en el camino o de los crónicos que van a militar.

Quizás no sabemos el nivel real porque ahí entra a tallar otro tema, el del manejo de los recursos. Durante años la educación en Argentina fue como tunear un auto: se preocuparon por poner más plata y obtuvieron como resultado algo que solamente le gusta al que la gastó.

La universidad pública gratuita en irrestricta es la última tabla que le queda a la clase media para no caer a los fondos simbólicos de la pobreza, la última esperanza de superación y una posibilidad de soñar con un futuro mejor en un país en el que la economía dejó de funcionar hace décadas. Por eso el año pasado la gente decidió apoyar masivamente el reclamo de las universidades nacionales, lo que finalmente se convirtió en una ley que el gobierno nacional vetó y que el Congreso volvió a aprobar. Tras ese levantamiento del veto, Milei decidió suspender la aplicación con un decreto que finalmente fue rechazado por la Corte. Está última decidió levantar el bochazo en la opinión pública que significó lo del decreto 70/2023 dando algo a los que la criticaban, aunque acá tampoco resolvió el tema de fondo.

Seguramente el gobierno encontrará la forma de volver a dilatar la aplicación de la ley, a lo que algunos llamarán a resistir con imágenes como las que llegan de Francia. Todos van a escalar un conflicto que finalmente no va a llegar a explotar.

Hace unos días me encontré un libro de ciencia política en un armario de esos en los que se donan libros para no tirarlos. Impreso en Estados Unidos, tiene la firma de un politólogo francés, por eso me lo llevé a mi casa. Ayer lo hojeaba y revisaba qué cosas había marcado su dueño anterior cuando encontré algo que no sabía que me podía servir para esta nota.

La cita marcaba algo sobre la economía política del subdesarrollo: los países pobres tienen un problema con el presupuesto porque muchas veces se suma la imprevisibilidad a la lucha por la asignación de recursos. Hay poco para repartir, pero además se reparte mal porque nadie sabe qué va a pasar a futuro y se pelean por lo poco que hay sin más criterio que sobrevivir.

La solución propuesta por el autor (y marcada por el francés) era una que acá es mala palabra: el ajuste. Nadie en el sector universitario ha apostado por hacer un uso más racional e inteligente de los recursos porque esperan que esto sea apenas una crisis pasajera, posible de revertir a partir del año que viene.

Yo soy de la clase media que se aferra a la idea de que sus hijos puedan ser profesionales de la universidad pública, pero las peleas entre los que quieren tener razón en lugar de hacer las cosas bien hacen que lo vea como algo cada vez más lejano.