Para todos los hombres del mundo
Cada vez que se discuten los derechos de extranjeros e inmigrantes en la Argentina, vuelve al centro de la escena la frase que titula esta nota, reflejo de la visión liberal y universalista de los redactores de la Constitución. El preámbulo invita a todos los hombres del mundo a habitar nuestro suelo y el artículo 20 les reconoce los mismos derechos civiles que a los argentinos.
Habitualmente, los mayores defensores de esa cuota liberal no son quienes adhieren al Gobierno, sino quienes hoy están en la oposición. Por eso, la polémica por la fuga de Flávio Bolsonaro dejó desorientados a esos mismos progresistas: ¿cómo pudo escapar de Brasil y viajar a Estados Unidos usando nuestro país como ruta de salida?
Las redes se llenaron de discusiones sobre derechos migratorios y uso político del episodio. Todos dejamos de ser expertos en sistemas electorales y segundas vueltas para especializarnos en las normas que regulan el paso de personas por las fronteras.
A partir de lo que sabemos, la situación es sencilla: el juez brasileño Alexandre de Moraes prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro, derrotado por Lula, y le ordenó entregar sus pasaportes en una investigación por presunto lavado de dinero. El senador desobedeció y cruzó con su familia a la Argentina por Puerto Iguazú, desde donde voló a Miami en un avión privado, con escala en Ecuador. A pesar de las quejas opositoras, la prohibición de salir de Brasil no implica automáticamente la de entrar a la Argentina. Migraciones informó que Bolsonaro y su familia presentaron documentos válidos y no tenían impedimentos registrados, aunque subsisten dudas sobre posibles alertas internacionales, las que aún no han sido confirmadas. Nuestro país ya recibió a dirigentes con conflictos judiciales en sus países, como Evo Morales, aunque sean casos legalmente distintos. Quienes celebraron el triunfo de Lula reclaman que la Argentina respete un fallo brasileño que, por sí mismo, no le impone ninguna obligación legal. La controversia política es otra discusión.
De Moraes tampoco está fuera de discusión: fue funcionario de Geraldo Alckmin, actual vicepresidente brasileño, y luego ministro de Justicia de Michel Temer, quien lo propuso para el Supremo Tribunal Federal en 2017. Sus detractores lo identifican con el petismo por sus fallos contra Jair Bolsonaro, aunque en los últimos tiempos intentó despegarse de esa imagen. Pese a ello, no hay que perder de vista que la medida contra Bolsonaro hijo no fue dictada por el Ejecutivo de Lula, sino por el poder encargado de hacerlo. El hecho de que se respeten las funciones de las instituciones no impide cuestionar la actuación de una Justicia acusada de intervenir en la disputa política, del mismo modo que se cuestionó el funcionamiento del congreso cuando el impeachment a Filmar Roussef.
Incluso si el Gobierno argentino hubiera querido impedir el ingreso de Bolsonaro, eso no hubiese garantizado el éxito, ya que nuestras fronteras se han convertido desde hace décadas en un colador por el que circulan personas, drogas, armas y mercaderías ilegales. Es un problema histórico que parece haberse profundizado en las últimas dos o tres décadas.
Quizás lo que más debería preocupar en América Latina es la frecuencia con que presidentes y candidatos terminan ante la Justicia, sea corrupta u honesta. El hecho de que las disputas ideológicas no puedan procesarse políticamente dentro del sistema representativo y terminen en los tribunales es una mala señal hacia el futuro. Ni la Justicia debería reemplazar a la política, ni la política convertirse en una excusa para la impunidad. La improbidad de los dirigentes es el primer elemento de la ecuación, pero el problema es mucho más profundo que la existencia de un par de ladrones.