Que vuelvan los manicomios
Finalmente el Senado inició el debate del proyecto para la reforma de la Ley de Salud Mental que el Poder Ejecutivo presentó en abril. La permisiva ley actual viene desde 2010. Desde entonces hay quedado en evidencia que los criterios para internar a una persona contra su voluntad son demasiado rigurosos.
La ley vigente permite las internaciones involuntarias, pero las considera un recurso excepcional, tal el mandato del paradigma de la desmanicomialización. Exige que exista un riesgo cierto e inminente para el paciente o terceros, que no haya alternativas terapéuticas eficaces y que intervengan dos profesionales de distintas disciplinas, uno de ellos psicólogo o psiquiatra.
La reforma propuesta reemplaza el concepto de riesgo cierto e inminente por el de riesgo grave de daño (lo permitiría considerar antecedentes recientes, sin esperar necesariamente una crisis inmediata) y que un médico pueda disponer unilateralmente la internación, dejando la evaluación interdisciplinaria para un momento posterior.
Obviamente, los críticos señalan que flexibilizar las internaciones puede debilitar las garantías de los pacientes, una forma muy elegante de seguir dejando en situación de vulnerabilidad a las potenciales víctimas de personas que no fueron internadas a tiempo. La ley actual demostró que empeoró la situación respecto a lo que pasaba antes.
Otros señalan un problema propio de haber desmantelado el Estado por hacerse los hippies: hoy no habría profesionales, camas y tratamientos suficientes e incluso las provincias reclaman garantías de financiamiento para cumplir las nuevas obligaciones. La financiación de la estructura pública sigue siendo un problema, independientemente del enfoque que se le quiera dar a las leyes.
Más allá de esa discusión necesaria, hay que saludar la iniciativa de empezar a trabajar sobre una crisis que se está escapando del radar de muchos. Hay demasiadas personas con su psiquis dañada y se pueden convertir en un peligro para muchos que pretenden vivir su vida con tranquilidad. Ojalá los senadores decidan empezar a desmantelar esa legislación tan nociva para la convivencia en sociedad.