La gestión de Adela Arning cuelga de un hilo
La gestión de la intendenta de Mendiolaza, Adela Arning (PRO), quedó a las puertas de una definición electoral que podría poner fin anticipadamente a su mandato, y generar un antecedente que pone en riesgo muchas más gestiones. Este jueves se confirmó que el próximo 29 de noviembre se realizará el plebiscito revocatorio, en el que los vecinos de esa localidad de Sierras Chicas decidirán si la mandataria continúa al frente del municipio o debe abandonar el cargo.
La consulta popular se realizará mediante el sistema de Boleta Única, con dos opciones para votar por el sí o por el no a la continuidad de Arning. Según la ley vigente, si la mayoría de los votos validos (50% más 1) se pronuncia a favor de su desplazamiento, la intendenta deberá dejar sus funciones y será reemplazada por el presidente del Concejo Deliberante.
La convocatoria representa un nuevo capítulo de una crisis política e institucional que comenzó a tomar forma durante los primeros meses de 2025, cuando un grupo de vecinos autoconvocados inició el procedimiento para revocar el mandato de la intendenta, en medio de cuestionamientos por el funcionamiento de los servicios públicos, los aumentos de las tasas municipales y discusiones que han trascendido los términos institucionales formales. El escenario adquiere una dimensión particular por el origen electoral de la propia Arning, quien llegó a la intendencia en diciembre de 2023 después de imponerse por apenas 22 votos en una elección con muchos candidatos.
Ahora, a menos de tres años de aquella victoria ajustada, la intendenta deberá someter la continuidad de su gestión a una nueva decisión de los electores.
La confirmación del plebiscito llega después de dos resoluciones del TSJ, fechadas el 15 y 16 de octubre, que declararon inadmisibles los recursos de casación presentados por la defensa de Arning. Los planteos buscaban revertir decisiones judiciales anteriores que habían avalado la continuidad del procedimiento impulsado por Alberto Desiderio Dalmazzo, uno de los vecinos que encabeza la iniciativa.
La estrategia judicial de la intendenta se concentró en cuestionar la validez de las firmas recolectadas, el procedimiento utilizado para certificarlas y la interpretación del padrón electoral que debía tomarse como referencia para establecer el porcentaje de adhesiones exigido por la legislación. Uno de los principales puntos de controversia fue el intento de la defensa de Arning de excluir del padrón a quienes no habían participado de la última elección municipal. La Justicia rechazó ese criterio y sostuvo que debían contemplarse todos los electores habilitados, independientemente de si habían concurrido o no a votar. También quedó en discusión la validez de 109 firmas observadas por la Junta Electoral Municipal, principalmente por cuestiones formales relacionadas con la identificación de los firmantes. El TSJ consideró que los recursos presentados por la defensa no lograban demostrar arbitrariedad en las decisiones judiciales anteriores y que, en buena medida, reiteraban argumentos que ya habían sido analizados en otras instancias.
Con estos pronunciamientos, el proceso quedó nuevamente en manos de la Junta Electoral Municipal, que ahora avanzó con la fecha, aunque se descuenta que los abogados de la intendenta van a intentar demorar todos los capítulos de este proceso. Si la revocatoria no se hace antes de marzo, como fecha tope, ya no se puede hacer y la mandataria podría finalizar su período.