Por Alejandro Moreno  

El recinto de la Legislatura (y los pasillos) será el escenario dónde habrá de librarse la última batalla política del 2023, con lo que cierra un calendario muy intenso en la provincia de Córdoba. Ayer oficialistas y opositores movieron las piezas para asegurarse la victoria final. 

El bloque oficialista Hacemos Unidos por Córdoba, o sea el peronismo, empujaba al cierre de esta edición para conseguir que sea ley un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que busca fijar un aumento de los aportes previsionales de los trabajadores estatales. La iniciativa no pudo concretarse la semana pasada por el rechazo opositor en pleno, al punto de que la sesión misma estuvo en riesgo porque el interbloque Juntos por el Cambio no sumó para el quorum. Incluso, casi fracasa el peronismo en sancionar la nueva ley de seguridad, aunque finalmente pudo hacerlo porque a último momento se sentó en su banca el kichnerista Federico Alesandri. 

El proyecto había aterrizado sorpresivamente a la Cámara, y fue informado a los legisladores de la oposición en la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria, por lo cual ni siquiera podía analizarse antes de discutirlo y votarlo en el recinto. Por eso, Juntos por el Cambio y otros bloques opositores pusieron el grito en el cielo y se ausentaron. 

Una semana después, el proyecto no fue discutido en las comisiones porque no las hay, y trataría de ir por un nuevo texto. El peronismo avanzó en una negociación con los gremios estatales para ofrecer que el aumento no sea tan pronunciado, con lo cual pretenden evitar una movilización de ese frente. Si consiguen cerrar una solución que conforme a los sindicalistas, los legisladores opositores perderían una alianza tácita. 

Una de las ideas que manejaría el peronismo es compensar la disminución de los porcentajes del proyecto original con la aplicación de un tributo extraordinario para alimentar un fondo compensador. Esa solución era barajada anoche en el oficialismo y podría permitir adecuar los números del gobierno. 

Llaryora estaría procurando ajustas las cuentas fiscales para ponerse en línea con lo que el presidente Javier Milei realiza desde la Casa Rosada. La ley sobre los aportes de los estatales, además, llegó justo después de la reunión de los gobernadores de todas las provincias con el nuevo mandatario nacional. 

La oposición, de todos modos, no votará a favor. En el oficialismo no esperan, tampoco, que eso suceda, pero sí aspiran que la ley sea sancionada con los legisladores sentados en sus bancas, sin escándalo. Soportarán, los peronistas, una lluvia de discursos cuestionando la iniciativa y las cuentas de la Provincia, pero no que el año político cierre con un nuevo escándalo. 

La última sesión de cada año suele irradiar sus consecuencias hacia enero. Puede indicarse, como ejemplo de ello, la sesión final del 2021, cuando fue aprobada la ley de regulación del juego on line, en medio de una fuerte polémica por el juego de los legisladores del PRO, a favor de los planes del gobierno peronista. Durante semanas se habló de ello. Y más podría ocurrir ahora porque el próximo mes será políticamente intenso, tanto a nivel nacional como en la provincia de Córdoba. No habrá, como en otros años, una pausa hasta el 1 de febrero, cuando el gobernador Martín Llaryora deba concurrir a la Legislatura a pronunciar el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del 2024. 

¿Habrá más en la sesión de hoy? Desde el interbloque Juntos por el Cambio insinuaron que no agregarían más lleña al fuego y reservarían para el año que viene algunos de los proyectos propios, con los que tienen el objetivo de marcar agenda. Debe señalarse que uno de los más anunciados es el de restitución del 82 por ciento para los jubilados estatales, que fue una de las principales promesas de campaña del candidato a gobernador de la alianza, Luis Juez.