Ley de Seguridad: municipios dudan y Provincia sale a explicar

Por Yanina Soria

El gobierno provincial espera conseguir un amplio respaldo de municipios y comunas al nuevo Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, creado por ley hace apenas algunos días. 

Sin embargo, la realidad es que no son pocos los intendentes y jefes comunales –opositores y oficialistas- que, en el marco de la autonomía otorgada por la Constitución, todavía no tienen resuelto si adherirán, y que miran con cierto recelo una iniciativa que los involucra de lleno, pero a la que no fueron convocados, reprochan.

Existe un gran desconocimiento en torno a la normativa y su real alcance, y muchas dudas sobre la creación de las Guardias Locales de Prevención. Más allá de que la mayoría de los intendentes consultados por Alfil considera que hay responsabilidades de la Policía que no se pueden delegar, básicamente, el tema del financiamiento en general, y de los agentes que funcionarían como auxiliares de esa fuerza y que quedarían facultados para usar las armas no letales en particular, es uno de los puntos que más reparos genera entre los alcaldes. La respuesta generalizada que recibió Alfil ante la consulta a varios intendentes sobre la adhesión de sus localidades, quedó supeditada a si la Provincia bajará recursos para la implementación. De lo contrario, muchos anticipan la negativa a acompañar el sistema de seguridad que impulsa el gobernador Martin Llaryora.

Sucede que la ley prevé la capacitación, entrega de vehículos y eventualmente de las armas, pero cada municipio deberá luego hacerse cargo de los costos que demande el personal afectado. Y en un contexto tan complejo como el actual, los municipios avisan que no hay un solo peso extra.

Como ya se dijo desde éstas páginas, la Provincia logró que Capital, San Francisco y Villa María dieran el puntapié inicial con proyectos de adhesiones sancionados en los respectivos Concejos Deliberantes. Y descuentan que, en breve, se sumarán otras grandes ciudades oficialistas como Río Cuarto y Alta Gracia; en el caso de la primera, además, se prevén anuncios especiales en materia de seguridad que realizarían conjuntamente Juan Manuel Llamosas y el gobernador Martín Llaryora en febrero, pues allí el pulso político lo determina la campaña electoral municipal. En la ciudad cabecera de Santa María se sancionará la adhesión estos días en una sesión extraordinaria.

También se espera que Carlos Paz se sume, en un guiño político que le demandará Llaryora al ex aliado de Hacemos por Córdoba, Esteban Avilés. De hecho, el mandatario provincial junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, estarán hoy en la ciudad de Punilla presentando el primer operativo de seguridad en el marco de la temporada turística.

Por el departamento Colón, desde las ciudades de Villa Allende, Río Ceballos y La Calera dijeron estar estudiando todavía la ley. En esta última, mostraron especial interés en trabajar de manera conjunta con la Provincia pero aclarando que si la ley no está acompañada de fondos para los municipios, resultará inaplicable.

Mientras que en Río Tercero, el intendente Marcos Ferrer ya anticipó la adhesión. El radical aclaró que su municipio se sumará a la ley para complementar con más equipamiento y capacitación el sistema de seguridad local que la ciudad ya tiene en marcha desde hace tiempo. Allí funciona la guardia urbana municipal, además hay 200 cámaras de seguridad y un programa de vecinos conectados a la central de operadores. Ferrer es uno de los que reconoce  que, si bien la seguridad es responsabilidad de la Provincia, los municipios también deben dar respuesta a sus vecinos.

Precisamente, la Provincia apuesta a que sean esos modelos de seguridad municipal que la mayoría de las localidades ya tiene en marcha, los que se potencien con la ley. Reconociendo el grado de incertidumbre que genera el nuevo sistema entre los jefes de los gobiernos locales y con el objetivo de lograr el mayor acompañamiento posible, desde el ministerio de Seguridad dijeron que saldrán a exponer frente a los intendentes los alcances de la norma vigente.

Según expresaron desde la secretaría de Prevención y Coordinación Institucional que conduce Lito Bevilacqua, la idea es juntar a los jefes municipales de dos o tres departamentos para explicar al detalle la normativa y hacer girar además el modelo de ordenanza para adherir. Entre los primeros a visitar, estarán San Justo y Río Primero; y los departamentos Unión y Marcos Juárez.