Por Alejandro Moreno 

La clase política de la ciudad de Córdoba, como también lo hiciera la provincial, realizó una rebaja del 15 por ciento de sus ingresos (unos más y otros menos), para dar a la gente un gesto que acompañe el sacrificio que debe realizarse frente a la crisis económica provocada por veinte años casi ininterrumpidos de populismo. 

Los concejales cordobeses y los funcionarios que integran la planta política del cuerpo se acordaron quitarse ese 15 por ciento, pero a partir de un proyecto de ordenanza que presentó en las últimas horas el radical Javier Fabre comenzaría una discusión por el destino de los fondos recaudados. La rebaja –aprobada en la última sesión del 2023- tendrá vigencia por seis meses, y podría prorrogarse hasta fin de año. Puntualmente, el recorte será del 25 % en los salarios del intendente Daniel Passerini y del viceintendente Javier Pretto, del 15 % en los secretarios, y del 10 % en los demás funcionarios políticos. Para los concejales, la quita será del 15 %. 

El proyecto, que lleva la firma de otros ediles de la UCR, básicamente busca evitar que el dinero vaya a la caja de rentas generales, y que en cambio concluya en un fondo específico de ayuda a cuentapropistas y mipymes. O sea, plantean los radicales que lo recaudado ayude concretamente a los eslabones más débiles de la actividad económica privada, que puede sufrir las consecuencias del ajuste. 

El primer artículo dispone la creación de “un fondo de afectación especifica destinado a apoyar financieramente a cuentapropistas y mipymes que pudieran acreditar tener afectada su actividad económica en el marco de la emergencia actual”. “Podrán solicitarlo –agrega- las personas físicas o jurídicas que se encuentren habilitadas, mediante ‘aportes no reembolsables’”. 

El segundo, en tanto, establece que el fondo se financie por tres vías: “los descuentos realizados a las remuneraciones de los concejales y de planta política del Concejo Deliberante”, “por la reasignación del 15 % de las partidas presupuestarias correspondientes al rubro ‘Publicidad y propaganda’”, y “por la reasignación de fondos correspondientes a gastos de ceremonial y protocolo”. 

Anualizado, el fondo podría superar ampliamente los mil millones de pesos. 

El concejal Fabre fundamentó su idea en que “en el contexto de la profunda crisis económica que está atravesando el país, nuestra provincia y la ciudad de Córdoba, resulta una obscenidad la disparidad entre los ingresos de la clase política en comparación con el sector privado”. 

“El radicalismo –remarcó- estuvo y debe volver a estar fuertemente comprometido con la austeridad en el ejercicio de la función pública, no solo como tarea económica sino como gestualidad que devuelva la autoridad y consecuentemente el prestigio perdido a la actividad política”. 

“La presente iniciativa –explicó Fabre- pretende contribuir, a partir del esfuerzo que realizarán los distintos ámbitos ejecutivos y legislativos de la ciudad, al fortalecimiento del sector productivo de nuestra ciudad dotando de recursos al sostenimiento de aquellos cuentapropistas y micropymes que atraviesan dificultades financieras”. 

Para el radical, “esto, además del gesto de austeridad,  implica un destino concreto y fácilmente identificable para la ciudadanía”. 

“Los trabajadores del sector privado –explicó- fueron quienes más sufrieron las consecuencias desde el inicio de la pandemia, crisis sanitaria global profundizada por la inflación y la falta de empleo formal”. 

“En este contexto de carácter excepcional y extraordinario, con efectos directos en la actividad económica y productiva, y en el marco de las medidas dictadas tanto por la Nación como por la Provincia, resulta indispensable adoptar las medidas necesarias tendientes a sostener el entramado productivo de la Ciudad de Córdoba”.