Salud y educación en su camino descendente
Las noticias nunca son promisorias cuando se habla de esas dos áreas.
Por Javier Boher
Siempre me toca andar cerca de la salud y la educación. De la primera, por tener parientes que trabajan en hospitales, en funciones diversas. De la segunda, por llevar más de 15 años dando clases en distintos niveles. Nunca es posible decir que la cosa está mejorando.
Cada semana pasan noticias que revelan alguna nueva práctica o estructura de corrupción, extinta o vigente. De a poco conocemos casos de desvío de fondos, contrataciones espurias y tráfico de influencias que perjudican el correcto desempeño de las cosas. El escándalo por la contratación de seguros sigue arrojando nuevos datos, alcanzando niveles obscenos a partir de mecanismos sencillos. Hoy se conoce que no solamente estaban vinculados a los créditos de la Anses a jubilados, sino también a contratos que se manejaban desde educación y a manejos en el Pami, donde también se vendían recetas y facturas truchas.
El proceso de destrucción de ambos sectores fue lento pero constante. El consumo aspiracional de la educación y salud privadas como elementos de estatus fue erosionando al sector público, a pesar de que la prepaga más prestigiosa cubre el mismo Plan Médico Obligatorio que la obra social más chiquita de todas y que el grueso de las escuelas privadas apenas si tiene para ofrecer que sus docentes no hacen paro. Expulsar consumidores del público al privado redujo el nivel de los primeros, aumentando el gasto total en el sector, pero haciendo un uso más ineficiente de los recursos.
Van dos ejemplos. En primer lugar, cuando Llaryora se enfrentó a los docentes municipales y publicó los números del costo de mantener esas escuelas abiertas: convenía mandar a esos alumnos a la privada bilingüe en lugar de pagar esos empleados e infraestructura. En segundo lugar, una charla con un administrador de un hospital privado, que me decía que a los municipios les convenía pagar planes de salud para los vecinos sin cobertura médica, antes que sostener un dispensario, que muchas veces de funcionarios que no conocen el área.
El mecanismo de presión sobre los privados fue (y sigue siendo) perverso. Por un lado el Estado obliga a recibir alumnos o pacientes, o a realizar ciertas prácticas o intervenciones de lo más onerosas. Por el otro, pone un tope a lo que se puede cobrar por ello. Pasa en los hospitales y clínicas que prestan servicios a PAMI o Apross, por ejemplo, y en las escuelas con subvención a las que les ponen topes de cuota que no tienen nada que ver con los servicios prestados. Así, el privado se consume como elemento de estatus, con precio regulado por el Estado, que confía en que ese sector además va a poder canalizar la demanda insatisfecha con las prestaciones del sector público. Enmascara su ineficiencia y deja contentos a los que creen que son clase alta porque pagan servicios por segunda vez, por los impuestos que les descuentan para sostener servicios públicos no usan.
En la familia llevamos algún tiempo lidiando con ciertas cuestiones de salud. La cercanía al sector permite ver las cosas de determinada manera, a través del cristal de conocer gente que te da una mano y no desde la experiencia del tipo común que tiene que hacer la cola en el mostrador. La atención ha sido buena y muy alto el compromiso de los médicos, más por cuestiones personales que por otra cosa.
En otros momentos, sin embargo, hubo que lidiar con un sistema podrido. Los médicos de cabecera de PAMI que no van a atender a los pacientes de su cápita, limitando su rol a recetar medicamentos que paga el sector público son mayores controles, todo para que Roemmers se pueda comprar una nueva Ferrari después de arruinar la suya en el vado de San Clemente. Así terminan colapsando las guardias, en las que sobran administrativos que no se detienen a pensar en lo que está pasando esa persona que va a solicitar ayuda. Después hay gente que se sorprende de los viejos que van a pedir ayuda al programa del Lagarto.
En educación la cosa no es mucho mejor. Los docentes hacen paro (con mucha razón, aunque no comparta el mecanismo) porque un empleado de comercio gana casi el doble que una maestra. En julio de 2023 (último dato disponible en la página de la municipalidad) el sueldo más bajo -correspondiente a la categoría más baja de maestranza- estaba apenas por encima de $200.000, un poco más que lo que cobraba una maestra recién recibida. Una maestra con 30 años de antigüedad no llegaba a $300.000, y si era directora no llegaba a $400.000. Es inestimable la labor del que le limpia el mingitorio al intendente, pero tal vez los que le educan los hijos (o se los hayan educado, desconozco la edad) deberían ser bien recompensados por ello.
Ahora que el gobierno nacional decidió correrse del lugar en el que estaba puesto el Estado (tapando ineficiencia y obligando a los privados a hacerse cargo del colapso de los públicos) las cosas empiezan a mostrar la verdadera realidad de las cosas. El Estado presente terminó siendo un latiguillo con el que los devotos adoradores de la ex presidenta ingresaban en un trance onanístico que les impedía ver todo lo que funcionaba mal en el sector público, ese que hoy descubren en ruinas, ahora que estalló la burbuja del consumo subsidiado de servicios privados de salud y educación. Ojalá se pueda recuperar algo de todo lo que supo funcionar.