¡Salud es ministerio!
Sin importar el rango que tiene el área en los organigramas, la crisis del dengue se sigue extendiendo y pone en riesgo a miles de argentinos cada día
Por Javier Boher
El dengue es un tema que tiene muy preocupada a la gente y que sigue escalando más allá de las discusiones ridículas en las que se meten algunos políticos. Es un problema de salud pública que amenaza el correcto desenvolvimiento de las fuerzas productivas del país, pero que además perjudica notablemente a muchos argentinos.
En muchos lugares la situación es insostenible, con los sistemas de salud al borde del colapso. Muchos factores se han conjugado para llegar a este punto en el que no queda mucho más que prenderles espirales a los santos para pedirle a dios que el mosquito no nos pique. Ninguna explicación funciona por sí sola, por lo que hay que tratar de desarmar el problema por partes.
Lo primero que salta a la vista es la proliferación de mosquitos. Llevamos más de tres meses desde que empezaron a aparecer las diversas olas de dicho insecto, ayudadas por momentos de mucha humedad y mucho calor, una combinación perfecta para la proliferación de los mismos.
Acá empieza a jugarse el rol de los distintos niveles estatales, que por las transiciones de gobierno se olvidaron de hacer aquello que es de su exclusiva responsabilidad, como cortar el pasto en los espacios públicos y machacar con campañas de descacharrado. No se habla todavía de vacunas, repelentes, ni nada de eso, sino de algo que no implica un cambio sustancial en las tareas propias del Estado, más preocupado por mostrar a políticos activos en inauguraciones que por recordarle a la gente los estragos que puede generar el mosquito.
Pegada a esta cuestión de los cambios de gobierno está la falta de coordinación entre los distintos actores, sean nacionales, provinciales o municipales. Aunque se hable de que el Consejo Federal de Salud se reúne a ver qué acciones se van a implementar, todo parece indicar que son reuniones para comer facturas y tomar café haciendo uso de los recursos públicos, pero sin resolver nada.
Esto último queda en evidencia al ver los roces entre los ministros provinciales y la nación, con pases de facturas, planteos sobre malas decisiones sanitarias o pedidos de intervención en la producción y distribución de repelentes. Todas esas cosas son una clara muestra de que todos, incluso los que se supone que saben, opinan porque al final del día no deben rendir cuentas por su propio desempeño.
Casualmente, el tema de los repelentes ha abierto todo un capítulo en la pelea sobre quién tiene la culpa. La provincia de Buenos Aires se lanzó a producir una marca propia para abastecer a los barrios, aunque la producción no sea suficiente para nada más que hacer campaña política. Sobre este tema, la explosión de la demanda hizo insuficientes las previsiones de los fabricantes, que no tienen manera de abastecer un mercado de consumidores que se multiplicó por cuatro por efecto del brote.
Acá entran a tallar cuestiones que hacen al gobierno anterior y al actual. Sobre el anterior, porque en el país no se fabrica el principio activo de los repelentes, sino que se debe importar. Las trabas y complicaciones burocráticas de la gestión massista consiguieron reducir la sangría de dólares, pero empujó a los fabricantes a elegir con cuidado qué cosas importar para todos los productos de su catálogo. El DEET se compró para la demanda habitual, no para la actual.
La responsabilidad del gobierno actual está en el no haber permitido la libre importación del principio activo (en diciembre) o de los repelentes terminados, cuando se empezó a ver que esto podía mutar en una crisis de salud importante. Toto Caputo necesita cuidar los dólares para cualquier eventualidad, así que es difícil creer que los vaya a liberar para el capricho de no agarrarse una enfermedad potencialmente mortal que en Córdoba está matando a uno de cada 950.
La discusión sobre la vacuna cae en el mismo lugar, en un cruce de falta de plata, una aprobación no tan clara por parte de la ANMAT y por la inutilidad de aplicarla hoy que se está cursando el peor momento de la epidemia. Para el año que viene quedará la discusión sobre la necesidad o la posibilidad de aplicarla, no como una vacuna obligatoria en el calendario nacional sino haciendo foco en las provincias que más la necesitan en lugar de tirar dosis en las que no hay mosquitos.
Hoy hay reacciones diversas y descoordinadas, pidiendo a las autoridades municipales por la fumigación, a la Pachamama por la ola polar o a los supermercados por el repelente. En el pico de contagios los ciudadanos se las tienen que arreglar casi solos, mirando cómo el ministro porteño, Fernán Quirós, prepara un repelente natural que parece una ensalada y que recién se va a poder usar dentro de 40 días.
En los dispensarios y hospitales los médicos no pueden contener a toda la gente que va a recibir un diagnóstico, pero también dejan notar su disgusto por los bajos sueldos. Así, las personas llegan a los centros de salud con fiebre y dolor de cuerpo, esperan horas hasta que los atiendan y deben soportar el maltrato de personal que siente que le está haciendo un favor a la gente en lugar de pensar que está haciendo su trabajo.
Así como en 2019 los empleados públicos del área de salud recibían jubilosos a Ginés González García, al canto de “Salud es ministerio”, para quedar pegados un año más tarde en el escándalo del vacunatorio VIP en el que en medio de una pandemia que tenía enloquecida a la población decidieron vacunarse a ellos y a sus amigos, en la mejor definición de casta que se pueda conseguir. Hoy ya pasó el Covid y seguimos teniendo ministerio. Lo que también sigue igual es la poca seriedad con la que se toman decisiones de salud pública en este país.