Uber: Accastello impulsa con Passerini y otros intendentes PJ una ordenanza en conjunto

Por María Florencia Coria  

Frente a la falta de una respuesta clara por parte del Gobierno nacional respecto a la regulación de Uber y otras plataformas de transporte, los municipios de Villa María, Río Cuarto, San Francisco y Córdoba capital han decidido tomar la iniciativa y trabajar en la creación de una ordenanza conjunta que regule estos servicios. Esta movida, inédita en la provincia, busca establecer un marco regulatorio coordinado que ponga fin al caos generado por la expansión de estas plataformas, una problemática que sigue sin respuestas.

Los intendentes de estas ciudades han coincidido en la urgencia de tomar medidas locales, dado que la desregulación a nivel nacional ha dejado un vacío que está siendo aprovechado por las empresas de aplicaciones. Mientras los municipios lidian con protestas, quejas de taxistas y la creciente demanda de los usuarios, el Gobierno nacional ha optado por no involucrarse de manera directa, dejando la responsabilidad en manos de las administraciones locales. Este contexto ha impulsado a los mandatarios cordobeses a unirse para evitar que la falta de regulación genere un desorden aún mayor en la provincia.

El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, junto a sus pares de Río Cuarto, Guillermo de Rivas, San Francisco, Damián Bernarte y de Córdoba, Daniel Passerini, han destacado la importancia de coordinar esfuerzos para enfrentar este desafío. Según Accastello, la semana próxima se reunirán los equipos de los cuatro municipios, con la posible incorporación de Alta Gracia, para avanzar en la creación de una normativa unificada que permita un control efectivo de Uber y otras plataformas.

El ex ministro de Industria, Comercio y Minería de Córdoba advirtió que la Argentina está experimentando un aumento en la desregulación. En su visión, es crucial que las normas y regulaciones a nivel municipal y provincial se ajusten a los nuevos sistemas de regulación que están surgiendo a nivel global. Además, subrayó que esta tendencia hacia la desregulación está siendo impulsada por el presidente Javier Milei, lo que hace aún más urgente que las autoridades locales adapten sus estrategias y normativas para esta.

Prohibición y medidas

En Villa María, el conflicto por Uber ha escalado notablemente en las últimas semanas. Ayer, en el Concejo Deliberante, se presentó un proyecto de ordenanza impulsado por los principales actores del transporte público automotor de taxis. La iniciativa propone prohibir el funcionamiento de cualquier aplicación que no esté asociada al sistema de taxis, establecer mecanismos para enfrentar lo que consideran “transporte ilegal”, como Uber, y activar procedimientos judiciales desde el Municipio. Asimismo, plantea la comunicación directa del Ejecutivo Municipal con los medios de comunicación para alertar sobre la ilegalidad de estos servicios.

Carlos Emanuel Cafure, asesor legal de las empresas que promueven el proyecto, señaló que la medida busca combatir el transporte ilegal, refiriéndose específicamente a las aplicaciones extranjeras. “Este tipo de transporte mediante aplicaciones extranjeras genera evasión tributaria, fuga de capitales, explotación laboral y competencia desleal”, expresó Cafure, destacando la importancia de enfrentar estas prácticas.

Cafure también subrayó la preocupación por la fuga de capitales, explicando que los fondos generados por estas aplicaciones son enviados a sus casas matrices en el exterior, sin reinversión en Argentina. “Estos servicios no pagan impuestos nacionales, provinciales ni tasas municipales”, afirmó. Además, calificó el sistema laboral de las aplicaciones como “un fraude de dependencia encubierta” y advirtió sobre el peligro de desaparición del transporte público automotor, que está protegido por la ley.

Búsqueda de una solución

Tras la reciente manifestación de los taxistas, los concejales de Villa María decidieron salir a la calle para dialogar directamente con los trabajadores del transporte. Juan Pablo Inglese, presidente del Concejo Deliberante, afirmó: “Queremos asegurarles que estamos comprometidos en abordar este tema con la seriedad que merece. Estamos trabajando tanto en las propuestas que nos han presentado como en los proyectos que ya estábamos desarrollando, con el objetivo de encontrar el mejor marco normativo que permita un desarrollo armonioso de la actividad”. Hizo un llamado a la paciencia y pidió que se respete el tiempo necesario para cumplir con los plazos reglamentarios y los procesos establecidos.

Durante la sesión del día, se extendió el tiempo de inicio para permitir la incorporación del proyecto al debate legislativo. Todos los ediles se reunieron con los taxistas en la puerta del legislativo para escuchar sus inquietudes. No obstante, Inglese subrayó que el Concejo se unirá a las discusiones en curso con otros municipios, ya que el problema del transporte por aplicaciones es un desafío regional. “Este es un problema general que afecta a varias ciudades y necesitamos coordinar nuestras acciones para encontrar una solución eficaz”, indicó.

En respuesta a las preocupaciones de los trabajadores sobre el control de autos que operan ilegalmente bajo aplicaciones, uno de los voceros del sector expresó que “necesitamos que se cumpla la ley con urgencia y creemos que no hay suficiente voluntad por parte del Ejecutivo”.

Inglese, por su parte, reiteró la disposición del Concejo a colaborar y aseguró que se trabajará para dar un marco normativo a la propuesta. “Queremos lograr soluciones consensuadas y somos conscientes del vacío legal existente en torno a las aplicaciones de transporte”, concluyó el presidente del Concejo Deliberante.