La política que no funciona

Por Javier Boher 
rjboher@gmail.com

Hace unos días escuchaba una entrevista al politólogo Andrés Malamud en la que decía que la política en Argentina funciona muy bien, pero que no ha podido resolver el problema de la economía (que anda muy mal). Su diagnóstico incluía la paz relativa en la que vivimos respecto a otros lugares del mundo, donde la violencia (social y política) está mucho más instalada. No hay guerras, no hay intentos de golpe de Estado, hay libertad de expresión y hay alternancia en el poder, toda una rareza en la región.

Sin embargo me permito discrepar con su diagnóstico. Lo que funciona, en todo caso, son las instituciones políticas, las que protegen los derechos de los ciudadanos y sostienen un orden político. La política (entendida como una actividad de búsqueda de poder para la resolución de conflictos) no estaría funcionando plenamente.

En la semana que pasó quedó nuevamente expuesto el conflicto de poderes que hay en el país. En primer lugar, diputados no pudo levantar el veto presidencial sobre la ley de reforma jubilatoria. En segundo lugar, la aprobación de la ley para la ampliación del presupuesto universitario para los últimos tres meses del año, que el presidente avisó que va a vetar. Ambos poderes cuentan con legitimidad de origen por el voto popular, pero no es lo mismo un diputado que llegó a la cámara con 8.000 votos que un presidente que ganó un ballotage con 14 millones y medio. A los fines prácticos e institucionales, ese diputado puede tener la llave para trabar o destrabar un proyecto, porque así figura en la Constitución. Sin embargo, el presidente siente ser la verdadera encarnación de la voluntad popular, de allí que decida obrar sin tantas ganas de escuchar al legislativo.

Hasta acá Milei no ha tenido grandes problemas respecto a su intransigencia. La alta fragmentación parlamentaria se suma a la falta de liderazgo opositor, producto de que la crisis de representación se llevó puestos a muchos que ahora no pueden hacer pie para encarar la conformación de un proyecto alternativo. 

Así, la política no parece ser una política de búsqueda de consenso o acuerdos duraderos, sino limitadas decisiones coyunturales para retener esa pequeña cuota del dinero público que algunos logran morder. No hay coaliciones de gobierno, ni de oposición. Es más, casi que tampoco hay partidos, porque la fragmentación se ve incluso dentro de los bloques que comparten escudo. Cada uno está comprometido a su propia causa, apelando a los resortes institucionales para defenderla de la mejor manera posible.

A lo largo del presente año Milei gobernó sin presupuesto, producto de un arreglo entre él y Massa antes de las elecciones del año pasado. El presupuesto para el año que viene se presentó anoche, después de que escribiera estas líneas. Eso es irrelevante. Lo importante va a empezar cuando llegue el momento de negociar la aprobación del mismo. No se puede gobernar dos veces seguidas renovando el mismo presupuesto (vale la pena recordar las negociaciones para el presupuesto 2022, antes de la renovación parcial de las cámaras en 2021), por lo que este año se debe llegar si o si a un acuerdo. ¿Quién estará dispuesto a negociar para definir la ley más importante con la que un gobierno puede definir todas sus políticas?¿Quién va a ceder en su defensa de intereses sectoriales por la necesidad mayor de la gestión de lo colectivo? Hasta ahora la política ha oscilado entre un extremo y el otro, sea la madurez de trabajar a conciencia o el infantilismo de oponerse para no beneficiar al oponente en un tema menor.

Todas las peleas que han dado el kirchnerismo y los sectores sensibles del radicalismo progresista se manifestarán en la negociación del presupuesto. Sin ir más lejos, de acuerdo a lo que vimos en la semana. ¿Qué va a pasar con los jubilados?¿Qué va a pasar con Aerolíneas?¿Qué va a pasar con las universidades? Algunos usarán el argumento de la soberanía con la aerolínea de bandera, aunque en realidad estén bancando a uno de los gremios importantes para parar el país. Algunos hablarán del ideal de progreso de la educación universitaria, aunque estén defendiendo la formación de cuadros en el manejo de plata pública. A los jubilados no muchos los van a defender, salvo que sirva para hacer demagogia y desfinanciar al gobierno.

Así va a ser con todo. ¿Se va a destinar plata a cultura, a arte, a educación?¿Se va a girar plata para el cambio climático?¿Para la agricultura familiar?¿Para políticas de género?¿Para promoción del país en el exterior? Cada pequeño inciso de todo el presupuesto se va a pelear con uñas y dientes, porque detrás de cada uno de ellos está la razón de ser de buena parte de los diputados que están ahí dentro.

La política como medio de resolución de conflictos no está funcionando. Sí lo hacen los resortes institucionales que evitan que esta situación escale a niveles más intensos de enfrentamiento, son la cuota de mesura al desbande que podría ocurrir si los protagonistas no aceptaran esas reglas. Mientras tanto, sacan provecho y defienden privilegios. Y así no se resuelve el problema de una economía en crisis permanente.