La renuncia de Gill causó un cimbronazo en Villa María y el departamento

Por María Florencia Coria

La elevación a juicio por una causa de violencia de género desencadenó la renuncia del ahora ex ministro de Cooperativas y Mutuales de la Provincia. La decisión de Martín Gill, comunicada mediante una carta al gobernador Martín Llaryora, se produjo horas después de que la Justicia confirmara que deberá enfrentar un proceso por lesiones leves calificadas contra su ex pareja. 

El ex intendente de Villa María, quien se encontraba en licencia sin goce de haberes, dejó así la conducción del primer Ministerio de Cooperativas y Mutuales creado en Córdoba, una cartera innovadora que había sido establecida por la actual gestión de Llaryora como pieza clave para el desarrollo de la economía social en la provincia.

En su misiva de renuncia, fechada el 13 de noviembre de 2024, Gill subraya su decisión de afrontar el proceso judicial “como un ciudadano común” y dedica un párrafo especial para agradecer al equipo que lo acompañó en la constitución y funcionamiento del novel ministerio, “reconociendo la vital importancia de la economía social organizada en el desarrollo de nuestra querida provincia”.

La salida de Gill representa un cimbronazo en el tablero político provincial, especialmente por su peso específico en el departamento General San Martín, donde supo construir poder desde la intendencia de Villa María. Su trayectoria política, que incluye dos períodos como intendente de esa ciudad, lo había convertido en una figura clave para el esquema territorial diseñado por Llaryora.

La carrera del ahora exministro es extensa y atraviesa diferentes espacios de poder: fue rector de la Universidad Nacional de Villa María, secretario de Políticas Universitarias, diputado nacional y secretario de Obras Públicas, desarrollando un perfil que supo mantener vínculos tanto con el kirchnerismo como con el peronismo cordobés. Esta capacidad de articulación lo llevó a sumarse al proyecto de Llaryora, pese a su paso reciente por el gobierno de Alberto Fernández como secretario de Obras Públicas.

Su designación había generado altas expectativas en la gestión provincial, vista como una jugada estratégica que combinaba experiencia de gestión con capacidad política. Sin embargo, ese capital político y administrativo se vio abruptamente interrumpido por la denuncia encuadrada en violencia de género, que finalmente precipitó su salida del gabinete.

La causa sigue su curso

En paralelo a la renuncia ministerial, el expediente judicial que precipitó la salida de Gill sumó un nuevo capítulo. La defensa del exfuncionario, que viene argumentando inconsistencias en el proceso, logró que se conceda la apelación contra el auto de elevación a juicio, lo que llevará la causa a la Cámara del Crimen de Río Tercero.

La estrategia procesal, conducida por el abogado Eduardo Luis Rodríguez, busca revertir la decisión del Juzgado de Control de Villa María que había ordenado avanzar con el juicio. Esta movida judicial se produce en un momento político particularmente sensible, cuando el ex ministro acaba de desvincularse del gabinete provincial “para ejercer su defensa como un ciudadano común”, según expresó en su carta de renuncia.

La causa, que involucra a una figura central del peronismo del interior provincial, mantiene en vilo tanto a la dirigencia política como al poder judicial local. La apelación concedida por la jueza María Soledad Dottori abre un nuevo escenario en el proceso por “lesiones leves calificadas”, que ya ha tenido profundas consecuencias en el mapa político cordobés.

Impacto en la gestión provincial

La renuncia obliga a una reconfiguración en el esquema de poder del Gobierno provincial. Si bien en su carta el ex ministro renueva su compromiso de “trabajar, desde el lugar que corresponda” por los objetivos del proyecto político que conduce Llaryora, su salida del gabinete genera interrogantes sobre la redistribución de espacios de poder. El mandatario provincial enfrenta ahora el desafío de gestionar esta crisis preservando tanto la continuidad institucional del ministerio como los equilibrios internos del peronismo cordobés, particularmente en Villa María y la región, donde Gill mantenía influencia política.

El futuro del Ministerio de Cooperativas y Mutuales se encuentra en el centro de las especulaciones políticas. La cartera, creada como una apuesta estratégica para potenciar obras de infraestructura vital en el interior, podría sufrir una profunda reestructuración y los rumores apuntan a diversos escenarios: desde su probable reconversión en una secretaría bajo la órbita de Justicia o Industria, hasta la designación de un dirigente del riñón llaryorista para mantener su rango ministerial.

Silencio político y reacciones

El hermetismo en las filas del peronismo cordobés marcó las horas posteriores a la renuncia. Tanto en los despachos del Panal como en los pasillos del Concejo Deliberante de Villa María, el mutismo fue la respuesta predominante ante la dimisión del ex ministro. Ni funcionarios provinciales ni referentes del PJ local emitieron declaraciones sobre la salida de quien fuera una pieza clave en el armado territorial.

Este silencio estratégico evidencia el delicado momento político que atraviesa el oficialismo de Córdoba, obligado a procesar internamente la salida de Gill. La ausencia de pronunciamientos públicos, representa un punto de inflexión en la configuración del gabinete provincial y reconfigura el tablero político en Villa María, fortaleciendo la posición del intendente de la ciudad cabecera del departamento General San Martín, Eduardo Accastello, dentro del peronismo local.

La caída de quien fuera el primer titular del flamante Ministerio de Cooperativas y Mutuales no solo impacta en la gestión administrativa, sino que además tensiona los equilibrios territoriales construidos por Llaryora, particularmente en Villa María y la región.

 Los hechos que lo llevaron al banquillo

 La causa investiga dos episodios de presunta violencia contra su ex pareja, Lourdes Astudillo. Según consta en el expediente judicial, el primer hecho habría ocurrido el 3 de diciembre de 2022 en el departamento del entonces intendente, donde habría zamarreado a la mujer durante una discusión. El segundo incidente, data de fines de enero de 2023, involucra otra presunta agresión donde Gill habría empujado a la víctima contra una pared, provocándole hematomas en distintas partes del cuerpo durante una disputa por las llaves del inmueble.

La estrategia defensiva de Gill sufrió un duro golpe cuando intentó anular el requerimiento de elevación a juicio argumentando que, por su condición de ministro provincial desde diciembre del año pasado, la causa debería haber sido investigada por un juez y no por una fiscal. Sin embargo, la jueza Dottori no solo rechazó este planteo, sino que expuso una clara contradicción en la postura del funcionario.

“La causa se inició mediante una denuncia formulada el 19 de marzo de 2023, cuando Gill fue imputado, momentos en los cuales no se encontraba amparado por privilegio constitucional alguno”, señaló la magistrada en su resolución, desnudando la debilidad del argumento presentado por la defensa.

En un párrafo que golpea duramente la credibilidad de la estrategia defensiva, la jueza Dottori remarcó que el nombramiento de Gill como ministro, ocurrido el 10 de diciembre de 2023, “resulta ser una situación sobreviniente a este proceso penal”. Pero el golpe más contundente vino al señalar que el propio Gill prestó declaración indagatoria el 22 de marzo del corriente año ante la fiscal Juliana Companys, “sin reparar en esa ocasión que no fuera ese el órgano judicial ante quien debía deponer por falta de competencia”.

La abogada Florencia Vottero señaló que la elevación a juicio aún no está firme, lo que genera incertidumbre sobre los plazos procesales. Aclaró que la demora no se relaciona con el cargo público del imputado, sino con las características propias de las causas sin detenidos, que suelen prolongarse más en el tiempo.

En cuanto a la dimisión del funcionario, la letrada explicó que la anterior situación de licencia mantenía abiertos interrogantes sobre la validez de la investigación. Ahora, con su renuncia definitiva, se despejan estas cuestiones procedimentales al perder la protección especial que le otorgaba su cargo ministerial.

Un proceso judicial que no da tregua

El abogado defensor del ex intendente buscó bajar el tono al impacto de la resolución judicial: “Es importante aclarar que es una situación intermedia en el proceso y no es una sentencia definitiva, ni una sentencia condenatoria. Es una resolución intermedia de una jueza que coincide con la fiscal en que la causa está terminada y corresponde elevarla a juicio oral”, explicó.

Las concejales del bloque opositor, “Juntos por el Cambio”, Evelyn Acevedo y Natalia González presentaron un proyecto de declaración solicitando la suspensión de Martín Gill como docente de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) hasta que se resuelva su situación judicial. El ex intendente y ex ministro mantiene un cargo de dedicación simple en el Instituto Académico de Ciencias Sociales, lo que según las ediles contradice los valores institucionales considerando la causa penal por violencia de género que enfrenta y que fue recientemente elevada a juicio.

En su fundamentación, las concejales remarcaron que la casa de altos estudios fue pionera en implementar protocolos contra la violencia de género, y señalaron como antecedente que otros docentes han sido sumariados por situaciones similares. Expresaron además su preocupación por el mensaje que transmite hacia la comunidad estudiantil la permanencia de personas denunciadas en cargos académicos, especialmente en un contexto donde la universidad trabaja activamente en la prevención y erradicación de estas conductas.