Por Gabriela Yalangozian
A más de diez días de la crisis hídrica que dejó sin agua potable a Villa Carlos Paz y a las localidades del sur de Punilla, el conflicto institucional desatado por el corte del suministro en plena temporada alta sigue sumando capítulos.
A la tensión política que se generó tras la emergencia en el servicio, se le agregó en las últimas horas una decisión técnica con fuerte impacto institucional: el gobierno carlospacense ordenó un relevamiento subacuático en la toma de agua del río San Antonio para evaluar daños y definir qué obras serán necesarias para evitar nuevas interrupciones.
La medida fue dispuesta por el intendente Esteban Avilés, quien solicitó la intervención de buzos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR). El operativo se realizó a unos siete metros de profundidad y permitió inspeccionar el canal de captación, la estructura de la toma y la posible acumulación de sedimentos que podrían seguir comprometiendo el normal funcionamiento del sistema de potabilización.
Según informó el Municipio, la inspección se enfocó en determinar el impacto que tuvo una creciente extraordinaria en el sistema, luego de que el río registrara una crecida superior a los cuatro metros que arrastró barro, ramas y rocas. Ese episodio terminó por obstruir la toma de la planta potabilizadora de Cuesta Blanca y provocó el colapso del suministro para Carlos Paz y varias comunas vecinas del sur del valle de Punilla.
El relevamiento fue documentado mediante registros fotográficos y audiovisuales que quedarán a disposición del Municipio para planificar reparaciones y eventuales obras de refuerzo. Desde el Ejecutivo local señalaron que el objetivo es detectar daños estructurales, anticipar escenarios de riesgo y reducir la probabilidad de que el sistema vuelva a quedar fuera de servicio ante eventos climáticos similares.
El contexto político en el que se produce esta inspección no es un dato menor. Tras el corte del servicio, el gobierno de Carlos Paz atribuyó públicamente la crisis a un fenómeno climático excepcional y, luego de un comunicado difundido por el ente regional Punilla Sur mostrando preocupación por lo ocurrido, la respuesta de Avilés fue cuestionar a las comunas por la falta de inversiones en el sistema.
A través de un comunicado oficial, sostuvo que gran parte de la infraestructura estratégica —planta potabilizadora, cisternas y obras complementarias— fue desarrollada bajo un criterio de regionalización y solidaridad, pero que ese esfuerzo de Carlos Paz no habría sido acompañado de manera proporcional por el resto de las localidades usuarias.
Ese posicionamiento generó un cruce directo con intendentes y presidentes comunales del sur de Punilla, quienes reclamaron una mirada integral del sistema y recordaron que durante décadas la planificación, el financiamiento y la construcción de la infraestructura hídrica se realizaron de forma regional. Además, pusieron sobre la mesa que fue la Justicia la que otorgó en 2022 la gestión del servicio a Carlos Paz. En consecuencia, reavivaron el debate sobre responsabilidades, control y distribución de costos.
En ese escenario, el relevamiento subacuático ordenado por el Municipio aparece también con una lectura política importante. La documentación técnica busca respaldar la tesis oficial de que el colapso fue consecuencia de una situación climática extraordinaria y no de una falla estructural del sistema. Pero al mismo tiempo, muestra la necesidad de relevar daños y poder dar respuesta frente a futuras contingencias. Esto en medio de una discusión regional cada vez más intensa sobre la gestión del agua.
La crisis dejó expuesta, además, una disputa de fondo: quién decide sobre un recurso esencial que abastece a toda la cuenca y bajo qué condiciones. Mientras Carlos Paz defiende el esquema actual de administración, las comunas del sur advierten sobre el riesgo de concentración de decisiones estratégicas y sugieren un esquema más equilibrado.
Vale destacar que tras el cruce de comunicados, las comunas del Sur de Punilla iniciaron gestiones ante la Provincia en busca de una salida consensuada. En reuniones técnicas con distintos organismos se planteó la necesidad de avanzar hacia un plan de trabajo regional que contemple una evaluación integral del sistema de captación, potabilización y distribución que abastece al sur de Punilla.
En ese marco, el interrogante que atraviesa hoy la discusión es si el esquema vigente está en condiciones de garantizar el acceso al agua como servicio público esencial en un contexto de crecientes cada vez más intensas y frecuentes. Pese a la tensión, se supo que el ente regional buscará recomponer el diálogo con el Gobierno de Carlos Paz para alcanzar consensos que permitan descomprimir el conflicto.
Paralelamente, las gestiones ante la Provincia continuarán y el próximo paso será una reunión con el ERSEP, el organismo encargado de regular y controlar los servicios públicos en Córdoba, cuya intervención aparece como clave para resguardar los derechos de los usuarios.
