Estado e Iglesia separados: un proyecto de la UCR en el Congreso

Por Carolina Biedermann

La diputada nacional por el radicalismo, Gabriel Brower de Koning presentó un proyecto de ley para darle un marco de formalidad a la eliminación de las jubilaciones y pensiones para arzobispos, obispos diocesanos y auxiliares dejaron de la Iglesia Católica, derogando las normativas que respaldan este beneficio.

El proyecto que lleva el nombre de "Derogación de Asignaciones Estatales Previsionales y Remuneraciones por parte del Estado Nacional" busca darle un marco legal al acuerdo entre partes que se cerró en el 2018, sobre el cual nunca se legisló.

 “La Iglesia católica renunció progresivamente a las asignaciones que reciben obispos y durante el 2024 no se efectuaron erogaciones, lo que no implica que se haya perdido su exigibilidad. Podemos considerar a estas normativas como hojarascas”, expresó la diputada radical.

Sobre esta nueva propuesta que llega al Congreso de la Nación y busca un lugar en comisión para ser tratada, la Iglesia Católica no se opone. Incluso consideran que es parte de formalizar un acuerdo entre partes y de este modo evitar que a futuro, una nueva generación de líderes católicos pueda reclamar el cobro retroactivo de esos fondos, o bien volver a percibirlos.

En el año 2018, fue el expresidente Mauricio Macri quien acordó ponerle, fin de manera progresiva a la asignación mensual que cobraban los obispos en Argentina. En diciembre del 2023, al inicio de la gestión de Javier Milei, se venció el periodo que había pactado entre el gobierno de aquel entonces y la asamblea plenaria de los obispos de la Iglesia Católica. La fecha fijada  para diciembre del 2023 fue establecida en la gestión de Alberto Fernández por medio de la Secretaría de Culto de la Nación. Hoy Javier Milei se atribuye esa gestión como parte de la motosierra que propone aplicar para el ajuste fiscal.

Fue en los primeros días de enero de 2024 cuando Manuel Adorni anunció que la Confederación Episcopal argentina finalizó con la asignación mensual a través de la cual el Estado se hacía cargo de los salarios de obispos y arzobispos. Aunque todas estas medidas surgieron a partir de la expresión de renuncia de la entidad eclesiástica.

Según dijo Adorni, esta medida está alineada con las bases del actual Gobierno libertario: austeridad en el gasto y defensa de la libertad religiosa. Y agregó que consideran que el Estado no debería otorgar un trato desigual entre diferentes religiones o cultos que se profesas en el país. En esa política se avanzará y aún quedan fondos públicos que llegan a esta institución religiosa.

Quienes aún siguen cobrando ingresos del Estado son los seminaristas diocesanos. Este es un punto que aún no se ha debatido, y en el marco del achicamiento del gasto público, la Iglesia no descarta que se avance en esa vía.

Estos fondos asignados fueron justificados a partir del artículo 2 de la Constitución nacional en el que se establece que “el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Luego, la ley 21.950 aprobada en 1979 estableció que los arzobispos y obispos debían cobrar una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración del juez nacional de primera instancia. Con el tiempo ese salario se fue devaluando, según informaron fuentes arzobispales.

Referentes del Clero mencionaron que estos fondos que eran recibidos desde el Gobierno nacional no representan un importe notable para la institución, si se tienen en cuenta los recursos que invierten en el trabajo social que lleva adelante la iglesia, como por ejemplo en Educación. Además, mencionaron que esos recursos, en general, los obispos y sacerdotes los donaban a las comunidades en las que trabajaban o a la iglesia en general.