Far west rionegrino

Por Javier Boher

rjboher@gmail.com

Colonia Vela. Así se llama la localidad imaginaria en la que se desarrollan las acciones de “No habrá más penas ni olvido”, de Osvaldo Soriano. A muchos probablemente ese nombre no les dice nada, pero para otros es una de las mejores representaciones de lo que fue ese complejo período de principios de los ‘70. En resumidas cuentas, todos se matan a tiros bajo la premisa de que el verdadero peronismo es el de cada uno. Están el intendente, la gente enviada desde Buenos Aires, los policías, el que pilota el avión fumigador, la juventud y algunos más que ya no me acuerdo. Todos contra todos bajo la misma bandera.

Mientras estaba sentado frente a la computadora, buscando algún tema para escribir, me crucé con una noticia muy lejana a nosotros que estamos en Córdoba (y más lejana aún para los que leen desde otros lados). Por supuesto que los detalles se nos escapan, porque no es cuestión que nos importe desde acá, salvo por el hecho central: el presidente del concejo deliberante de Catriel, en Río Negro, amenazó con un arma a la intendenta.

En las noticias de los pocos medios nacionales que levantaron la nota no decía nada sobre el partido, lo que suele suceder cuando los involucrados en eventos de ese estilo están vinculados a los partidos más identificados con la institucionalidad o el republicanismo, particularmente el radicalismo. Si bien sospechaba que por la dinámica podía ser de este último partido, salir a amenazar con un arma a un rival político lleva todo el ADN del otro partido de masas que hay en Argentina.

Efectivamente, todos los involucrados (el agresor y la víctima) son peronistas, con pedigree PJ, no de otro sello random.

Las imágenes no dejan margen de dudas: el presidente del concejo deliberante, Alberto Airaudo, se presenta en la sede municipal exhibiendo un revólver para amenazar a la intendenta, Daniela Salzotto, sobre diferencias respecto a un proyecto de ordenanza. Airaudo fue detenido y liberado, renunció a su cargo y pidió disculpas, aunque el arma no apareció. Le pusieron una restricción perimetral de 300 metros por cuatro meses, que es lo que debería llevar la investigación. No parece ser suficiente para una amenaza de ese estilo.

Desde la oficina de la intendenta dicen que esta situación lleva más de un año, pese a que el gobierno tiene apenas 15 meses. Es decir que compartieron boleta más o menos sabiendo quién era el otro. Quizás incluso alguno habrá celebrado el temperamento de Airaudo, que se habrá hecho el guapo ante más de uno del gobierno previo. Ya en ese momento estaban de moda las banderas rojas (“red flags”) para señalar comportamientos violentos que indicaran lo que podía llegar después, rarísimo que nadie en el partido de Alberto Fernández se hubiese dado cuenta de eso.

Más allá de este caso puntual, hace un año y medio, después de las elecciones generales y con candidatos puestos en el ballotage, uno de ellos, Sergio Massa, dijo que debería haber exámenes psicofísicos para acceder a la presidencia. Casualmente Massa fue el candidato de Salzotto y Airaudo, a los que nadie hizo ningún test para ver si estaban aptos para el cargo. Lo loco de esto es que, tal como nos enseñó la historia, y como leímos en la novela de Soriano, el peronismo no perderá la oportunidad de decir “al final Massa tenía razón; nosotros teníamos razón” en lugar de hacerse cargo de haberle dado un cargo de esa relevancia a un violento.

Finalmente, pero no menos importante, lo que habría desencadenado este hecho extremo fue el proyecto de pedir tests de consumo de sustancias para los cargos electivos y funcionarios. Quizás Ariaudo era de la línea interna de Duhalde, Aníbal Fernández o el mismo Sergio Massa, todos reconocidos paladines de la lucha contra las drogas.

Por ahí nos la pasamos mirando a Buenos Aires y lo que pasa por allá, pero esa otra Argentina profunda también es una muestra de las cosas que no funcionan. Parece lejano, pero al final siempre tenemos alguno más cerca de lo que creemos.