Por Javier Boher
Todas las sociedades deben procesar de alguna manera sus conflictos, que en una sociedad democrática se multiplican por todos lados. La gran cantidad de actores y de intereses se combinan de tal manera que puede resultar difícil dejar a todos satisfechos, aunque nadie sea realmente un perdedor neto de las decisiones políticas y económicas que toman los gobiernos.
Las distintas centrales obreras de Argentina han convocado a un paro general para mañana jueves, aunque algunos sindicatos han decidido arrancar hoy con las medidas de fuerza. Tal vez se trata de que el modelo del presidente Milei no les cierra en cuanto a números, pero también puede ser que en Casa Rosada han decidido no escucharlos tanto como en otros momentos.
Es interesante pensar en qué gremios convocan y las razones que aducen, porque todo se presenta de una manera genérica que no alcanza a llenar con información las preguntas que pueda tener la gente. El repaso marca que la mayoría de los sindicatos en cuestión son de los que siempre estuvieron alineados con el kirchnerismo, pero que particularmente no le hicieron ningún paro a Alberto o a Massa.
Como cada vez que se calienta el movimiento obrero organizado, la pregunta es respecto a quiénes son representados por el mismo. ¿Defienden a los trabajadores o en realidad se preocupan por todo lo que les permite ese espacio de poder? Para responder a esa pregunta siempre viene bien recordar la cantidad de dinero que manejaba el Surrbac cuando estalló el escándalo de Saillén y Catrambone.
Esas acciones de los gremios tradicionales marcan una pauta concreta, que es la de aumentar o reducir el conflicto en cuanto a sus necesidades concretas, por encima de las necesidades de los trabajadores. Hoy la UEPC o CTERA quieren parar, a pesar de que en términos reales los docentes cobramos poco más de la mitad de lo que ganábamos en 2015, licuados entre Macri, Alberto y Milei (aunque las escuelas sean provinciales y el cordobesismo tenga lo suyo). Esa pérdida de poder adquisitivo ocurrió con bastante paz, sin grandes amenazas y a espaldas de la mayoría de los trabajadores.
El conflicto entre los gremios (particularmente estatales o de gran afinidad con el kirchnerismo) y el gobierno no parece estar cerca de resolverse, porque las agendas de unos y otros son distintas. Mientras Milei y los suyos confían en que la ciudadanía les ha dado un claro mandato de estabilizar la economía, el resto cree que este camino no sería bueno para sus afiliados, a pesar de que los trabajadores registrados ya son menos de la mitad de los trabajadores argentinos. Agenda popular versus agenda sectorial.
Hace unos días salió una nota en La Nación sobre qué es ser de clase media. El límite inferior de la misma es de $1.850.000 por familia tipo, por lo que un matrimonio de docentes o de empleados de comercio no llega a esa categoría simbólica, incluso trabajando en blanco y con todos los aportes en regla. No son estrictamente pobres, a pesar de que el Indec subestima el costo del alquiler cuando calcula la canasta básica total. El paulatino acostumbramiento a esa mala situación económica ayuda a desinflar cualquier intento de movilizar a la gente para la protesta.
El jueves va a haber mucha gente que decida protestar, lo cual está perfecto. En toda sociedad democrática eso es una condición fundamental para mantenerla activa. Sin embargo (y a pesar de cuánto salgan a la calle, muestren pancartas o tiren bombas de estruendo), no consiguen conectar con la sociedad para alimentar el conflicto, quizás porque la gente ha decidido que son otros los que defienden sus intereses en esta puja.
