Seguridad: el cambio de planes que “funcionó” y los problemas que faltan

Por Gabriel Marclé

Comenzando el segundo cuatrimestre del año, cuando la cuestión financiera ocupa un lugar central en la agenda municipal y los ajustes de gastos continúan dentro del Palacio de Mójica, podría decirse que Guillermo De Rivas ha logrado bajarle la tensión a una de las cuestiones que más lugar ocupaba en la lista de dificultades de su gestión. La inseguridad, una amenaza constante durante el inicio del año, fue perdiendo protagonismo como el principal problema que afecta a la capital alterna, demostrando que los cambios acordados entre la Municipalidad y el Gobierno provincial arrojaron sensaciones favorables.

“Realmente implementamos una serie de mejoras que rindieron. El plan funcionó”, comentaba a Alfil un referente del Ejecutivo local, ponderando el trabajo conjunto entre la Policía y los instrumentos aportados por el Municipio. Sin embargo, es inevitable destacar que los principales cambios provinieron del propio Panal: el gobernador Martín Llaryora, atento a las dificultades evidentes en el Imperio, realizó enroques en la cúpula policial y aumentó la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

El impacto fue notorio y le dio a De Rivas la solidez necesaria para resistir el temblor de comienzos de año, cuando las marchas populares en protesta por la situación llegaron a incluir pedidos para que el intendente diera un paso al costado. Una mayor actividad en materia de seguridad permitió que hoy el Ejecutivo local hable de una situación controlada, aunque reconociendo que el panorama podría cambiar en cualquier momento, dada la inestabilidad económica y social.

Ante la eventual aparición de nuevos desafíos en el tema, el derrivismo se aferra a los avances obtenidos, en paralelo con la salida de la crisis del primer cuatrimestre. Cada semana se suman más zonas de la ciudad cubiertas por las Alarmas Comunitarias, más vecinos al sistema Ojos en Alerta y más operativos coordinados con la Policía. Todos estos son consecuencias del esquema de trabajo mejorado, que se activó obligadamente tras la crisis que sorprendió a muchos cuando estaban con la guardia baja —algo que De Rivas venía advirtiendo que podía suceder.

Ahora, la Municipalidad busca mostrar resultados que confirmen el fin de la escalada de delitos que dominó la agenda hace apenas dos meses. Desde el Gobierno afirman contar con cifras que evidencian una mejora significativa: puede haber más hechos, pero la capacidad de respuesta es mayor. No se trata solo de operativos, detenciones y secuestros, sino también de encuestas de imagen pública, tanto de la Municipalidad como del Gobierno provincial, las cuales —aseguran— mostraron una mejora, especialmente en el mes de abril.

En coincidencia con el momento del año, mientras el Ejecutivo enfrenta una temporada de ajustes y litigios por el cobro de tasas municipales, desde el entorno del intendente De Rivas apuntan a los factores que afectan la seguridad y que no dependen directamente de la acción municipal. Es decir, aunque la inseguridad sigue siendo el tema que más preocupación genera a la ciudadanía, las responsabilidades parecen apuntar más hacia otro lugar.

“El problema más importante que señalan los vecinos es el mal funcionamiento de la justicia, la puerta giratoria y las leyes blandas”, le respondía a este medio un integrante del Gobierno local, remarcando que no habrá una estructura sólida hasta que no se resuelvan los déficits del sistema judicial.

Uno de los primeros cambios en ese sentido se concretará con la inminente asunción de dos nuevos fiscales de Instrucción con Competencia Múltiple, un paso que avanza en la Legislatura provincial tras la presentación y análisis de los pliegos. Esto se sumará a la ya activa Fiscalía Antinarcóticos, encabezada por la abogada Georgina Osella, quien juró a comienzos de este mes.

Con el frente judicial fortalecido, en el Gobierno local creen que será posible trabajar con mayor efectividad y lograr una mayor presencia territorial. Sin embargo, aún faltan otras medidas: el traspaso de responsabilidades preventivas a la Guardia Local implica una inversión que actualmente no resulta sostenible para las golpeadas finanzas municipales. Desde el Mójica se solicitó al Panal una mayor asistencia económica o la reestructuración del plan, algo que se estaría evaluando progresivamente y todavía sin grandes anuncios.