De Rivas pisa el acelerador y avanza en “ordenamiento” de los trapitos
Hoy ingresa al Concejo la iniciativa que apunta a “ordenar la actividad de trapitos, cuidacoches y limpiavidrios en la vía pública”. La elaboración del proyecto tomó como referencia algunas medidas adoptadas en otras ciudades como la Capital, aunque da un paso más al plantearse en forma de ordenanza: aseguran que se contempla la “contención social” y no se busca “erradicar al 100% la actividad”.
Por Julieta Fernández
“Es un punto intermedio. No vamos a regular la actividad pero tampoco vamos a plantear algo puramente prohibitivo o poner el acento en eso. El proyecto tiene una faceta humana y pretende abordar las situaciones que generen conflictos. Por eso hablamos de ordenamiento”, señalaron desde la gestión municipal a Alfil, asegurando que el proyecto no busca erradicar al 100% la actividad sino centrarse en el control e intervención en aquellos puntos neurálgicos en donde los vecinos advierten conflictos. Horas antes de esta presentación, el legislador opositor, Gregorio Hernández Maqueda, presentó nuevamente su proyecto que apunta a prohibir la actividad de los naranjitas y trapitos en toda la provincia.
“No toda la actividad trae problemas. Este instrumento viene a poner un marco para abordar razonablemente aquellos casos donde tenemos conflictos y desorden público”, aseguraron desde la gestión municipal en la previa a la presentación formal del proyecto que tendrá lugar este viernes en el Concejo Deliberante. Aunque admiten que han observado las experiencias de otras ciudades (incluida la Capital), esta iniciativa se acoplaría a la realidad local que difiere de la ciudad de Córdoba en varios aspectos cruciales (allí, los “naranjitas” están cooperativizados). Cabe recordar que en la Capital inició un proceso de erradicación de los trapitos en sectores puntuales como el Parque Sarmiento, a partir del refuerzo de presencia policial para evitar el cobro del estacionamiento.
En los últimos meses se realizaron relevamientos por parte de la subsecretaría de Desarrollo Social y la subsecretaría de Niñez y concluyeron en que hay más de 60 personas en la ciudad que ejercen esta actividad. A partir de allí, también se determinó que hay algunos trapitos, cuidacoches o limpiavidrios son “muy respetuosos y, por ende, valorados y queridos por la comunidad”, por lo que esta ordenanza no apuntaría a ellos sino a quienes “incurren en actitudes de amedrentamiento, presión o extorsión para obtener un rédito económico”.
De este modo, el proyecto tendrá al menos dos aristas: el control (que ponderará a los agentes de la Guardia Urbana Local, así como a los del área de Tránsito y Espectáculos Públicos para las intervenciones que correspondan) y el aspecto social, que implicará la asistencia social en los casos que lo requieran y “capacitaciones y oportunidades para que puedan reconvertir su actividad”, aseguraron desde el Ejecutivo. También resaltaron que esta ordenanza está aggiornada a lo que plantea el Código de Convivencia de la Provincia.
Al igual que iniciativas como la legalización de Uber, que fue aprobada por unanimidad, De Rivas pretende alcanzar un consenso con el resto de las fuerzas opositoras. El bloque Primero Río Cuarto ya había manifestado estar de acuerdo con la implementación de una ordenanza que no solo abarque la actividad de los trapitos sino también la venta ambulante. El jefe de la bancada, Gabriel Abrile, expresó que una alternativa podría ser la conformación de cooperativas y las capacitaciones “para que puedan tener un trabajo digno”, entendiendo que “hay muchas familias detrás de esto”.
En tanto, en el bloque La Fuerza del Imperio del Sur, procuran aguardar el ingreso del proyecto al Concejo para poder evaluar la iniciativa. No obstante, remarcaron que no tienen una mirada prohibicionista sobre el tema y apuestan a “entender cada caso, el por qué lo hacen, en qué situación están, quienes necesitan una asistencia social y quienes realizan esta tarea de manera noble”. También consideraron que el anuncio del intendente, que tuvo lugar en febrero, podría tener la intención de “medir el impacto antes de discutir realmente las ideas en el Concejo. No es la primera vez que ocurre”.
Desde el Partido Libertario, representado por el concejal Mario Lamberghini, consideran que “nadie tiene derecho a apropiarse del espacio público como si fuera propio, ni a exigir dinero por un servicio especialmente si no fue solicitado. El Estado debe defender el derecho de los ciudadanos a moverse y estacionar sin sugerencias ni intervenciones no requeridas. La libertad no existe si no se protege la vida y la propiedad”.
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