El Suoem sumó su segunda denuncia penal y consiguió la conciliación

Por Felipe Osman

La comedia infinita del Suoem sumó ayer su segunda denuncia penal. Esta vez, por otra de las “medidas sorpresivas” del sindicato, que después de tomar por asalto la Justicia Administrativa de Faltas y amenazar a empleados y funcionarios de querer quedarse con “sus” funciones, ahora tendió una barricada en el ingreso del predio de enterramiento de basura de Piedras Blancas, imposibilitando la continuidad de un servicio público esencial.

La Municipalidad, que no reclamó la intervención de las Fuerzas de Seguridad para despejar el paso, sí realizó en cambio una denuncia penal contra el sindicato, en la Unidad Judicial 23°, para que una Fiscalía investigue la posible comisión de delitos como coacción, interrupción de la prestación de servicios públicos o turbación de la posesión, entre otros.

En rigor, la denuncia fue apenas una anécdota. Lo verdaderamente interesante fueron los fundamentos que Constanza Mías, titular de Cormecor, detalló en ella, compendiando los motivos que, más allá de la intervención de la Fiscalía, ameritaban la actuación de la secretaría de Trabajo y el dictado de la conciliación obligatoria.

Entre otros, la funcionaria puntualizó que la maniobra sindical “impidió el ingreso de camiones de transporte de residuos (…) el marco de un servicio público esencial, afectando de manera directa (..) la continuidad del servicio y produciendo consecuencias inmediatas y graves para la salud pública y el ambiente”; generó “condiciones de alto riesgo para la seguridad vial”, y hasta denunció que “Las características de la acción -colectiva, organizada, obstructiva, sin comunicación ni causa legal- demuestran un claro apartamiento del marco de protección constitucional del derecho a huelga, y encuadran como una acción directa abusiva, arbitraria, antisocial y con efectos jurídicos lesivos, no solo para esta empresa, sino para el interés público general”.

En la tarde de ayer, en el Palacio 6 de Julio admitían dos cosas: la primera, que la conciliación obligatoria no les caería mal. La segunda, su convencimiento de que el Suoem estaba mucho más entusiasmado que el Ejecutivo con un alto el fuego ordenado por la secretaría que conduce Omar Sereno. Y argumentos no faltaban.

Afectar directamente el normal desenvolvimiento de un servicio público esencial como la recolección de residuos, no ya por omisión, sino lisa y llanamente boicoteando el ingreso de los camiones al predio de disposición de final de residuos es una medida que parecía buscar desesperadamente la intervención de Trabajo. Y la consiguió.

Es que, si un sindicato confía en su capacidad para condicionar a su empleador, sopesa con criterio las medidas que adopta para ejercer la presión suficiente para acorralarlo, pero sin caer en los supuestos que determinarán el dictado de una conciliación obligatoria y la consiguiente interrupción de su “plan de lucha”. Ir desaforadamente a coartar la prestación de un servicio público esencial es, o una torpeza, o una actitud deliberada. Y de nadie cabe presumir torpeza. En ajedrez, se juega siempre contra la mejor jugada del rival.

En la tarde de ayer, Trabajo comunicó al sindicato y al municipio la entrada en vigencia de la conciliación a partir de este martes, fijó una nueva audiencia para el jueves a las 10, e instó a ambas partes a abstenerse de aplicar medidas de acción directa o adoptar conductas que importen innovar respecto de la situación planteada.

La tregua decretara por Sereno puso en suspenso las medidas “sorpresivas” del gremio, entre las cuales se contaban un abrazo simbólico al Concejo Deliberante este martes, y un viaje a San Francisco el jueves. En la primera cita, la convocatoria incluía cortar la circulación en el puente Alvear desde las 10.30, y en la segunda, el comunicado deslizaba la posibilidad de cortar la ruta de ingreso a la ciudad. 

Todo esto quedará ahora, y por el término de 15 días hábiles, en suspenso. Y ese mismo plazo podría prorrogarse por otros 10 días hábiles más. Conclusión: El Ejecutivo está en condiciones -si quiere- de llegar a agosto antes de sentarse a negociar un aumento con el Suoem, cruzando con comodidad la primera frontera que se había propuesto el intendente, de empezar a negociar el julio, después del pago del SAC. Y la provincialización del conflicto habrá quedado en un amague.