Daniele va a una Asamblea General que se hizo esperar sobre el límite de la paciencia de las bases, que ven esfumarse parte del salario por el no pago de las horas módulo y le reclaman haber rechazado de manera inconsulta la última oferta del municipio. El Ejecutivo ajusta la marca sobre los becarios. El gremio se lleva el conflicto a diciembre.
La oposición salió a exigir al oficialismo que detalle cuál es el tamaño de la planta política y quienes la integran, aprovechando un momento de relativa debilidad de Hacemos Unidos. La entrada en funcionamiento del Ente de Fiscalización y Control vuelve a subir en las prioridades del Ejecutivo.
La audiencia ante las autoridades del Ministerio de Trabajo fracasó. El gremio calificó como “insuficiente y malintencionada” la propuesta del Ejecutivo (5% para noviembre, 5% para diciembre), y avisó que vuelve a la calle.
La detención de tres inspectores municipales vuelve a poner bajo el foco a las Áreas de Fiscalización y Control del Palacio 6 de Julio. El Ente de Fiscalización y Control, acuñado por el oficialismo a principios de año, sigue en stand by.
El Presupuesto 2025 todavía no entro al Concejo, que prorrogó sus sesiones ordinarias hasta fin de año para cumplir con lo dispuesto por la Carta Orgánica. El convenio para la implementación del Sistema de Transporte Metropolitano fue aprobado en comisión, y avanza hacia el recinto.
Todas las secretarías recibieron la orden de depurar sus planteles reduciendo los cargos políticos antes de que termine el año. El intendente retoma el libreto de Llaryora y acusa recibo de los señalamientos del gremio y la oposición.
Trabajo ordenó al gremio suspender las protestas y convocó a las partes a continuar las negociaciones bajo la tutela del ministerio. Daniele acató la orden, pero cuestionó sus fundamentos y volvió a cargar contra el Ejecutivo por el tamaño de la planta política.
El oficialismo, junto a los “exPRO” y la mayoría de la UCR, aprobaron la adhesión de la ciudad al RIGI nacional y provincial. Piguillem (UCR), el Frente Cívico y la izquierda votaron en contra. A diferencia del RIGI provincial, el citadino no prevé delegación de facultades.
El sindicato convocó a la elección de delegados, pero cambió las reglas. Sin fundamentos aparentes, los nuevos criterios determinarán un cuerpo de delegados más reducido y la prohibición de que la elección se haga por listas, disimulando la pertenencia de cada delegado.
Empujados por el calendario, gremios provinciales como el SEP y la delegación Capital de la UEPC empiezan a ver en el conflicto enarbolado por el Suoem una oportunidad para encontrar sinergia y reabrir el frente paritario con el Centro Cívico.
El asesor estrella de Javier Milei salió a emprolijar la eyección de la Canciller, con la idea de ubicarla en un destino que la mantenga alejada de Diputados. Creen que su presencia en la Cámara Baja podría alterar el delicado equilibrio del bloque oficialista.
En vísperas de las próximas elecciones, el sindicato sigue profundizando el conflicto, mientras Daniele confiesa lo obvio: irá por un nuevo (treceavo) mandato. La oposición descuenta que hay un pacto entre el secretario general y el oficialismo, cristalizado en la pasividad del Suoem durante la campaña.
Daniele va a una Asamblea General que se hizo esperar sobre el límite de la paciencia de las bases, que ven esfumarse parte del salario por el no pago de las horas módulo y le reclaman haber rechazado de manera inconsulta la última oferta del municipio. El Ejecutivo ajusta la marca sobre los becarios. El gremio se lleva el conflicto a diciembre.
El pacto de no agresión se cumple a rajatabla, aunque por lo bajo hay distintos pases de facturas entre los referentes de La Libertad Avanza en Córdoba. Así, mientras en Casa Rosada buscan administrar esas tensiones, los cordobeses cierran filas en contra de Juez y De Loredo, Spaccessi inaugura casa propia y algunos piden dardos libertarios contra Passerini.
