Tras el escándalo, Llaryora busca redireccionar agenda
Por Bettina Marengo
Luego del escándalo de la banda de los comisarios-abogados por la que el fiscal Guillermo Gonzalez detuvo al jefe de la Policía Caminera y a otro altos mandos de la fuerza, el gobierno de Martín Llaryora sale a redireccionar la agenda para intentar desenfocar lo inevitable: que la oposición insista sobre los peligros de que un mismo espacio político esté 25 años en el poder.
La hoja de ruta incluye solo para hoy el anuncio de la reglamentación de la ley de los equipos de salud, un almuerzo en la Bolsa de Comercio junto a su ministro estrella, Guillermo Acosta, de Finanzas, donde ponderará el regreso de Córdoba al mercado de capitales, y más anuncios sobre nuevos recursos para sectores vulnerables de la Capital junto al intendente Daniel Passerini, en el marco del aumento de la desocupación. En el plano de la política nacional, Llaryora se encaramó en el reclamo contra las retenciones al campo que vuelven a tope el 1 de julio según dispuso el presidente Javier Milei. Lo acompañó el exgobernador Juan Schiaretti, quien ayer posteó brevemente sobre el tema que definió durante años la relación antagónica del cordobesismo con el gobierno K. “Hay que sacarle la pata de encima al campo, y eso es eliminar las retenciones en vez de subirlas. Esto solo perjudica a la producción y atrasa a la Argentina”, escribió el exmandatario. Hay otros gestos de diferenciación con Milei en vísperas de elecciones. El Panal confirmó que va a acompañar, desde el Congreso, lo que se acordó en el CFI para que Nación reparta ATN entre las provincias y coparticipe parte del impuesto a los combustibles.
El llaryorismo busca llevar lejos del actual gobierno el inicio de las actividades ilegales del hoy detenido jefe de la Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, y junto a otros altos mandos que actuaban con buffet de abogados, entre ellos el del hermano de Ochoa. Sucintamente, los comisarios usaban información policial sobre inmuebles denunciados por ocupación ilegal, y los abogados ofrecían a los titulares soluciones express de desalojo sin pasar por la Justicia y por los muchos años que lleva un juicio contra los ocupantes. Acción policial directa a cambio de un 30 por ciento del valor de lo recuperado, como mínimo. “Viene de mucho antes”, afirman. Puede haber más detenidos que los siete anunciados el viernes por el fiscal Gonzalez en una conferencia de prensa compartida con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, cuya modalidad conjunta fue resuelta por el Panal y la Justicia como la mejor opción para el caso. Ahora, como primera reacción al escándalo, el oficialismo va a impulsar modificaciones en el acceso a la información sensible en la fuerza policial, estableciendo círculos o rangos de información según el cargo y la tarea, como sucede en el sistema bancario, donde sólo un puñado de directivos tiene código para ingresar a toda la información de la entidad.
En pleno control de daños, el Panal va a presentar hoy la reglamentación de la Ley de Salud Humana N° 10.889, un largo reclamo de los equipos hospitalarios que mañana martes van a cobrar sus haberes con este nuevo criterio, lo que implica una mejora salarial para los profesionales de la salud del sector público. Con esto, el oficialismo busca cerrar o minimizar los conflictos que siguen operativos en el ámbito de salud, en medio de un pico de demanda de atención por los cuadros respiratorios del invierno.
En la Bolsa, Llaryora y Acosta compartirán escena con Guido Sandleris, ex titular de BCRA a cargo del equipo económico de la entidad, con el tema “Balance de la Economía Argentina 2024-2025”. Ante público selecto y anfitriones alineados con el gobierno de Javier Milei, el ministro va a remarcar el éxito del gobierno de Córdoba en la operatoria de colocación internacional de bonos por U$S 725 millones, lo que convierte a la provincia “en la primera institución pública de Argentina en acceder a financiamiento externo desde diciembre de 2017”, según el Panal.
Mientras, el cordobesismo aseguró que va a acompañar el acuerdo al que arribaron los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Alfredo Cornejo (Mendoza) con los bloque del Senado de Unión por la Patria, la UCR, el PRO a fin de empezar a tratar los proyectos de ley de coparticipación de los ATN (Córdoba es una de las provincias menos beneficiadas por los ATN durante la gestión libertaria) y el impuesto a los combustibles líquidos. Aunque esto implique jugar en línea con José Mayans, el hombre de Cristina en la cámara alta.